La fiscal del vaso de agua envenenada

Dentro de la mismísima Corte Penal Internacional han ocurrido hechos claramente delictivos, incluso reseñados en sus sentencias, y la fiscal no ha tomado acción, los ha dejado pasar impunes, como en igual situación de impunidad ha permitido la continuidad de crímenes bajo la responsabilidad de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro que se vienen denunciando desde por lo menos 2011, y solo ahora ante la algarabía mundial ella ha anunciado un muy limitado e indefinido “examen preliminar” –que no investigación– “sobre excesos de la fuerza pública al reprimir manifestaciones, al menos desde abril 2017”. Y para igualar a represores y reprimidos anuncia que ese examen abarca también a “lesionados o muertos de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”. Es el vaso de agua envenenada que se da a quien muere de sed.

¿De donde salió Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional? 

Ella llega a ese cargo de la mano de un dictador de nombre Yahya Jammeh, un teniente del ejército de Gambia que en 1994 ejecutó un golpe de Estado que acabó con la democracia, prohibió a los partidos, derogó la Constitución sustituyéndola por una suya que estableció reelección indefinida. Su gobierno altamente represivo y corrupto se aisló manteniendo relaciones solo con China, Libia de Gadaffi y Cuba. Una larga historia de abusos es la de aquel régimen que finalmente en 2016 le fue imposible escamotear el triunfo electoral al opositor Adama Barrow a quien se negó a entregar el poder, y ante lo cual el organismo regional de África Cedeao, un símil de la OEA, se lo exigió, y ante la negativa organizó una intervención militar que obligó al dictador a marcharse. Ahora vive impune en Guinea Ecuatorial, con un patrimonio calculado en 1.800 millones de dólares paseándose por diversas partes del mundo, nadando en riquezas robadas durante 22 años de dictadura. Aministía Internacional pidió que se le llevara ante la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidos en los 22 años de poder, asesinatos, desapariciones y torturas. En marzo de 2017 Human Rights Watch insistió al nuevo gobierno de Gambia juzgar y castigar a los funcionarios de la dictadura de Yahya Jammeh implicados en arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad que fueron el sello distintivo del régimen al cual sirvió Fatou Bensouda.

La abogada Bensouda fue una de las colaboradoras más destacadas del régimen de este sanguinario dictador quien la llevó a varios altos cargos, uno de ellos fue la de fiscal general mientras allá se sufría de toda clase de violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo pudo aquel dictador lograr que le aprobaran la postulación de una de sus piezas claves para el cargo de fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional? Es el insondable misterio de la política internacional. La única explicación hasta ahora es que los Estados parte de la ONU quisieron disipar los malos entendidos y dar un mensaje de seguridad a los africanos que acusan a la CPI de ser instrumento de una “justicia blanca” . Varios países han depositado carta de renuncia al Estatuto de Roma: Burundi, Gambia, Sudáfrica, y amenazan con hacerlo Namibia, Kenia, Uganda, Tanzania, unidos en la crítica de que todas las personas sometidas a investigaciones y procesos han sido africanas, que es una justicia neocolonial antiafricana.

Fatou Bensouda y Luis Moreno Ocampo

El 8 de septiembre de 2004 la ONU aprobó la nominación de Fatou Bensouda para el cargo de fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional y allí trabajó bajo la jefatura del entonces fiscal Luis Moreno Ocampo hasta junio de 2012 cuando sucedió a este en el cargo. La señora Bensouda, como fiscal adjunta, y como fiscal principal, tuvo acceso a las muchas denuncias que fueron consignadas en la CPI y nada de lo que allí ha ocurrido le fue ajeno, por eso extraña que en su reciente alocución dijera que es desde el año 2016 que ha seguido de cerca la situación de Venezuela, cuando por lo menos desde 2011, en dicho tribunal se han venido recibiendo denuncias sobre hechos ocurridos en nuestro país, denuncias que se multiplicaron estando ella como fiscal principal.

En 2011 Diego Arria denunció a Chávez por delitos como “asesinato, desplazamiento forzado y violación de la propiedad”. También un grupo de parlamentarios de Perú, el ex diputado Walter Márquez, el procurador de Colombia, Tamara Suju, consignaron distintas denuncias, pero varias de esas fueron cerradas por Moreno Ocampo antes de entregar el cargo en 2012 y otras quedaron allí en manos de Fatou Bensouda. Qué extraño que no “siguiera de cerca” nada de tan terribles hechos.

Delitos cometidos en procesos de la CPI

1) En la CPI se ha juzgado a varios gobernantes africanos por crímenes de lesa humanidad, y ha detectado facilitación para deformar la verdad mediante compras de testigos y falsificación de pruebas, así ha quedado establecido en los juicios a Thomas Lubanga y a Jean-Pierre Bemba. El tribunal asentó responsabilidad en la fiscalía y hasta se recriminó al anterior fiscal Moreno Ocampo lo cual increíblemente ha quedado impune.

Los hechos delictivos antes comentados han sido denunciados en dos libros, uno titulado El Joker de los poderosos, la gran novela de la Corte Penal Internacional (Le Joker des puissants, le grand roman de la Cour Penale Internationele) de Stéphanie Maupas, corresponsal en La Haya del diario Le Monde, y El orden y el mundo, una crítica de la Corte Penal Internacional de Juan Branco, ex funcionario de la CPI.

2) Además de aparecer involucrado en los delitos de manipulación de la administración de justicia en la CPI, Luis Moreno Ocampo ha sido descubierto en otra relación francamente delictiva, recibía grandes sumas de dinero de manos del magnate petrolero libio Hassan Tatanaki allegado a una persona que estaba siendo investigada por la CPI por crímenes de guerra. Específicamente, a Moreno Ocampo se le descubrió haber firmado un contrato de honorarios profesionales por 1 millón de dólares por año que para ganarlos tendría que usar su red de influencias en la Corte para favorecer a su cliente. Han surgido fuertes sospechas, aún no resueltas, sobre haber contactado para esto a la fiscal Bensouda, quien en todo caso lo ha negado, pero tampoco ha promovido una actuación seria para castigar a Moreno Ocampo.

3) Tampoco ha hecho nada la fiscal respecto a una red de lavado de dinero que se le ha descubierto a Moreno Ocampo a través de operaciones financieras con una cuenta en Suiza y tres sociedades registradas en paraisos fiscales según investigación publicada en el diario español El Mundo como resultado de revelaciones de los Panamá Papers. La publicación dijo que Moreno Ocampo recibía 50.000 euros en cuentas en Suiza a través de empresas ocultas en Panamá. La red europea de periodismo de investigación EIC ha revelado que él y su esposa han estado activando en esas empresas, y emplazado para que explicara tales informaciones las reconoció y trató de justificar con el argumento de que su sueldo (150.000 euros al año) no le alcanzaba y que tenía que proteger su salario debido a la inflación, pero nunca este fiscal pidió un aumento de sueldo, decidió resolver por fuera el asunto. La pregunta obligada es si a Bensouda tampoco le alcanza ese salario que es lo mismo que recibía Moreno Ocampo.

Tampoco este caso ha sido procesado por la señora Bensouda, a quien incluso se le ha criticado que haya mantenido a Moreno Ocampo como asesor del despacho.

La sombra de Moreno Ocampo sobre el caso Venezuela

Hay otros hechos de los que se acusa al ex fiscal quien cerró sin investigar un cúmulo de denuncias contra Hugo Chávez, que visto ese historial es permisible la sospecha de que tal carpetazo no haya sido por razones jurídicas, pero lo más grave es que ahora la sombra de aquel fiscal esté proyectándose sobre el caso venezolano.

Es claro que entre aquel fiscal y la actual hubo una estrecha relación por todo cuanto se ha narrado. También está el tema del ex juez español Baltasar Garzón, quien fue nombrado por Moreno Ocampo como asesor en la Fiscalía de la CPI donde también hizo relación con Bensouda y ahora dicho abogado apareció en Caracas en un viaje expreso a entrevistarse con Maduro antes del anuncio de investigación sobre crímenes atribuidos a este, haciéndose evidente que se encontraba sobre aviso.

Y no podemos dejar de considerar las limitaciones a las que Bensouda ha puesto a la referida investigación sobre Maduro: solo los hechos desde abril de 2017, ¿por qué? ¿Qué pasa con el resto de denuncias que se le han llevado? ¿Hasta dónde llegan las influencias de Haifa el Aissami, la embajadora de Maduro ante la CPI? ¿Por qué la CPI invitó al ilegítimo TSJ de Caracas al acto de apertura del año judicial a sabiendas de la conflictividad sobre su legitimidad y actuaciones? ¿Por qué la señora Bensouda que dice estar siguiendo de cerca lo que ocurre en Venezuela, aparece tan complacida departiendo con la representación que usurpa la más alta magistratura judicial venezolana?

Mi olfato de viejo abogado litigante curtido en mil batallas me dice que ese anuncio de la Bensouda está impregnado de intenciones distintas de hacer justicia, y a quienes ponderan tanto el anuncio creo que son víctima de candidez, lo cual me explico comparando con el vaso de agua que se le da a un sediento que la recibe y la toma con mucha contentura e inocencia sin detenerse a pensar que pudiera estar envenenada.