Andreína Baduel, activista venezolana e hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel -quien murió en 2021 en la cárcel tras 12 años detenido-, denunció este lunes que, desde hace cinco semanas, no tiene comunicación con su hermano Josnars Adolfo Baduel, arrestado desde 2020 y acusado de los presuntos delitos de terrorismo y traición a la patria, entre otros.
«Continúa la arbitraria e indefinida suspensión de visitas a Josnars Adolfo Baduel. Han pasado cinco semanas que no sabemos nada de él», aseguró Andreína Baduel en su cuenta de X.
Asimismo, afirmó que «la única certeza» que se tiene sobre su hermano es que su vida «está en riesgo» en el centro de reclusión donde se encuentra, el Rodeo I, en el estado Miranda.
«El aislamiento e incomunicación es tortura. Exigimos una fe de vida», reiteró la mujer.
URGENTE:
Continua la arbitraria e indefinida suspensión de visitas a @jBaduel
Han pasado cinco semanas que no sabemos nada de él.La única certeza que tenemos es que su vida está en riesgo en el Rodeo I. El Aislamiento e Incomunicación es TORTURA.
Exigimos una fe de vida. pic.twitter.com/ZhgZ42gMaP
— ANDREINA BADUEL (@AndreinaBaduel) March 3, 2025
¿Cuándo vieron por última vez a Josnars Baduel?
El mes pasado, la activista indicó que funcionarios del centro penitenciario le dicen que «no conocen el tiempo ni el motivo». Por lo que describe como una «arbitraria e indefinida suspensión de visitas» a su hermano desde el pasado 26 de enero, cuando lo vio por última vez.
La semana pasada, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), de la que es parte Andreína Baduel, llevó a cabo la llamada ‘Ruta por la Justicia y la Libertad’, una serie de protestas en las que visitaron distintas instituciones del Estado para pedir la libertad de los que consideran son «presos políticos».
Miembros del Clipp, familiares y activistas fueron a la sede de la Fiscalía, en Caracas, donde pidieron la «libertad plena e inmediata de los presos políticos, civiles y militares», así cómo que se permitan las visitas en los centros de reclusión sin restricciones, además de la entrega de alimentos, medicinas y otras exigencias.
Hasta el pasado 24 de febrero, la ONG Foro Penal computó 1.060 detenidos que califica como «presos políticos», entre los cuales hay cuatro adolescentes.
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