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La economía venezolana continúa presentando un panorama complejo que requiere un análisis profundo y soluciones estructurales. A pesar de mostrar algunos signos de mejora en ciertos indicadores macroeconómicos, los desafíos fundamentales persisten y demandan acciones concretas para su recuperación.
El comportamiento de la inflación durante el último año refleja una tendencia mixta. Si bien se observó una desaceleración notable, pasando de 193% en 2023 a 85% en 2024 (según cifras del Observatorio Económico de Finanzas), estos niveles siguen siendo significativamente altos para una economía que busca estabilizarse. Los últimos meses han sido particularmente reveladores: el tipo de cambio experimentó un incremento abrupto, elevándose de 36 a más de 52 bolívares por dólar, lo que representa un aumento cercano a 50%. En lo que va de enero de 2025, la divisa ya se sitúa en casi 55 bolívares, con un incremento superior a 5%.
La magnitud de la crisis económica precedente no puede subestimarse, según datos del Banco Central de Venezuela, entre 2013 y 2018 el PIB se contrajo 52,3%, mientras que estimaciones del sector privado indican que la contracción económica entre 2014 y 2021 superó el 70%. En este contexto, el reciente crecimiento del 20% en el PIB durante los últimos tres años, aunque positivo, resulta insuficiente para una recuperación significativa del bienestar de la población.
Ante esta situación, Unidad Visión Venezuela ha propuesto la creación de una bonificación permanente de 100 dólares, como medida para equiparar el poder adquisitivo de los venezolanos. Adicionalmente, sugerimos eliminar las prestaciones sociales para eliminar potenciales obstáculos que impidan los aumentos salariales tanto en el sector público como privado. Las primeras proyecciones -fundamentadas en la actual restricción de la masa monetaria- nos indican que para este año, el tipo de cambio pudiera variar entre 50 y 60%, es decir que finalizaría 2025 alrededor de los 80 bolívares por dólar.
Un factor crítico que obstaculiza la recuperación económica es el estado actual de los servicios públicos, pues la intermitencia del servicio eléctrico y las deficiencias en el suministro de agua representan barreras fundamentales para el desarrollo económico. Esta situación sugiere la necesidad de replantear el modelo de gestión de estos servicios, considerando la posibilidad de reducir el control estatal para mejorar su eficiencia y calidad.
La recuperación del poder adquisitivo de los venezolanos requiere un enfoque integral que va más allá de los ajustes salariales. Es imperativo restaurar el sistema de seguridad social, incluyendo beneficios como los fideicomisos, cajas de ahorro y seguros de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), que se han visto severamente afectados por las erradas políticas económicas implementadas.
La solución a estos desafíos parece radicar en una combinación de medidas: el impulso a la producción nacional como mecanismo antiinflacionario, la implementación de un plan de austeridad gubernamental que incluya la reducción de la burocracia y la eliminación de ministerios redundantes, y una gestión más eficiente de los recursos públicos.
La evidencia sugiere que la recuperación económica requiere una transformación profunda del modelo actual, priorizando la eficiencia en la gestión pública y la recuperación de los servicios básicos como fundamento para el desarrollo productivo y el bienestar social.
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