El madurismo, en su enorme incapacidad y bandazo a la derecha, destruyó Pdvsa, el instrumento por excelencia de la soberanía económica del país, para hoy encontrarse en manos de la Chevron y otras pocas transnacionales petroleras.
Sólo a un gobierno insensato como éste, se le ocurrió la infeliz idea de destruir nuestra empresa nacional de petróleo, Pdvsa, para repartirla entre los grupos económicos y de interés que los sostienen. Un error estratégico que, en un país petrolero como el nuestro, ha significado el colapso de la economía y la pérdida de nuestra soberanía.
Debo decir que, como exministro de Petróleo de Chávez, no podía, ni puedo, guardar silencio y me deslindé temprano de lo que estaba sucediendo, desde el mismo 2014, advirtiendo al gobierno y al PSUV, en su Congreso Extraordinario del mismo año, de los graves errores que se estaban cometiendo. Después entendí que los “errores”, no eran tales, sino que se trataba del desarrollo de una política contraria a la política del presidente Chávez, incluida, la Plena Soberanía Petrolera.
A partir de 2017, luego de mi renuncia como Embajador ante la ONU y a cualquier relación con el gobierno, al percatarme —tardíamente— que su deriva autoritaria se correspondía con su bandazo a la derecha, he escrito y advertido de manera consistente, casi hasta el cansancio, sobre la entrega del petróleo y la destrucción de Pdvsa.
Debo decir que nadie escuchó, ni quisieron hacerlo; tampoco los compañeros que estuvimos juntos en Pdvsa y el gobierno, pues pensaban que eran problemas de “egos”. Actitud insensata y acomodaticia de su parte, que impidió la actuación a tiempo del chavismo como bloque político para detener el desastre, más tarde, resumida en una consigna infame del PSUV en su “congreso” de 2018: “Aquí se hace lo que maduro diga”.
Lamentablemente, el precio que ha pagado el país y el pueblo venezolano, ha sido enorme. Nuestra producción petrolera, que en 2013 era de 3 millones de barriles día de petróleo, sosteniendo a toda la economía nacional y a las conquistas sociales del pueblo, colapsó, en medio de la persecución y la violencia del gobierno, para ir bajando y ubicarse en 1,1 millones de barriles día de petróleo, durante la nefasta gestión del general Manuel Quevedo —para luego caer, hasta 500.000 barriles día en 2020—, tras la militarización de la industria en 2017.
Todavía permanecen en prisión, secuestrados por el gobierno, sin que a nadie le importe, más de 100 trabajadores y gerentes de Pdvsa, “chivos expiatorios” del desastre del madurismo; otros, como el ingeniero Nelson Martínez, entonces Presidente de Pdvsa, pagaron con su vida, luego de ser humillado y encarcelado. Mientras que, más de 30.000 trabajadores de la industria petrolera, la generación que asumió eficientemente la recuperación y conducción de Pdvsa, hemos sido exiliados, perseguidos, o sencillamente, abandonaron la industria, escapando el ambiente asfixiante y fascista de persecución y encono desatada contra los “Ramiristas” que, al fin y al cabo, eran los chavistas de la empresa.
Desde 2018, en paralelo con el Paquetazo Económico de maduro, que impuso por la violencia las peores medidas neoliberales, vino el desmantelamiento de la Política de Plena Soberanía Petrolera.
Con el Decreto 3.368 y la sentencia 155 del TSJ, autorizaban la creación de figuras inconstitucionales, contrarias a la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, para entregar las actividades de producción de petróleo reservadas al Estado Venezolano, a través de Pdvsa (artículo 302 de la Constitución Nacional), a empresas privadas; igualmente, cedió el control de la actividad petrolera en la Faja Petrolífera del Orinoco, a los socios minoritarios de Pdvsa, derogando de facto, el Decreto Ley 5.200 de su nacionalización.
Así, se consumó la derogatoria de la Plena Soberanía Petrolera; nadie escuchó las advertencias. Sin embargo, comenzaba a ser evidente para el pueblo venezolano, que la crisis no tenía su origen en sanciones o en “planes conspirativos”, sino que era producto del colapso de la industria petrolera y el derrocamiento de la V República.
Los beneficiarios de este saqueo, civiles y militares, se convirtieron de la noche a la mañana, en los nuevos ricos, la burguesía “revolucionaria”, que sostiene al gobierno en detrimento de los intereses del pueblo.
Era “el milagro” del madurismo, que se desvaneció tan pronto salió a la luz el desfalco de más de 25.000 millones de dólares, que durante la gestión de Tareck el Aissami (gran perseguidor) y Asdrúbal Chávez (gran cómplice y desleal), se llevaron en cargamentos petroleros, entre 2020 y 2022, cuyo dinero convertido en “criptomonedas” (como fue estimulado por el propio gobierno), jamás ingresó al país.
No deja de ser un detalle importante mencionar que Tareck el Aissami no actuaba por su cuenta, sino que ejecutaba la estrategia del Alto Gobierno en el sector petrolero.
La promulgación de la inconstitucional “Ley Antibloqueo” ha consagrado, con la excusa de las sanciones, el secreto en la gestión de los asuntos públicos; incluso, en temas que están definidos por la Constitución como de interés público nacional, como lo es, la materia de hidrocarburos. A su amparo, se ha revertido la Soberanía Petrolera y se han entregado campos e instalaciones de Pdvsa a todo tipo de empresas, la mayoría de ellas, sin experiencia, ni capacidad, de la “burguesía revolucionaria”.
Sin embargo, nada de esto funcionó, ni funciona. Es entonces, cuando la Chevron Corporation viene en auxilio del madurismo. El lobby en Washington fue enorme, la promesa hecha a la transnacional resultaba el sueño de oro de cualquier empresa representante del imperialismo.
Así, la OFAC norteamericana emite la Licencia A41, que autoriza a la Chevron, a producir y llevarse el petróleo venezolano, en unas condiciones absolutamente contrarias y violatorias de la Ley y la Constitución: la transnacional controla las operaciones, es decir, Pdvsa queda al margen de la actividad; la transnacional produce y se lleva el petróleo a su propio sistema de refinación, atendiendo a sus únicos intereses (violando el monopolio sobre las exportaciones asignado al Estado) y, todo ello, sin pagar regalías, ni impuestos petroleros, ni la parte correspondiente a Pdvsa, como socia mayoritaria en las empresas mixtas donde participa con Chevron.
La licencia de la OFAC derogó, de facto, todo el ordenamiento jurídico vigente, y con ella, las conquistas históricas que en materia petrolera se habían alcanzado en el país, incluso las alcanzadas con la Ley de Nacionalización de 1975. Las disposiciones de la OFAC nos retrogradaban a la época entreguista de Juan Vicente Gómez de inicios del siglo XX.
Lo increíble no era que la OFAC y la Chevron quisieran estas condiciones, sino que, el gobierno las aceptara. Por primera vez en la historia de Venezuela, un gobierno acepta abiertamente los dictámenes de un gobierno extranjero en sus asuntos internos; en particular, en el manejo del petróleo. Quedaron sepultados el ejemplo de Isaías Medina Angarita, Juan Pablo Pérez Alfonzo y Hugo Chávez.
Esta aceptación de los términos de la OFAC demuestra una característica de este gobierno, y es que ante la presión política, el mismo cede, entregando todo lo que pueda de la patria, para mantenerse en el poder. Ahora, a maduro no le queda nada que entregar.
El último Reporte de la OPEP indica que la producción de Venezuela, según fuentes secundarias (las únicas confiables, dada la falta de fiscalización en el país), se ubica en 886.000 barriles día de petróleo, aún 2.114.000 barriles día por debajo de nuestra producción de 2013.
De esta producción, 220.000 barriles corresponden a la de Chevron en las tres empresas mixtas: Petroboscán, Petroindependencia y Petropiar, lo que representa 25% de la del país, barriles que se lleva la empresa, sin pagar impuestos petroleros, ni regalías. Sin embargo, la transnacional sostiene al gobierno con 300 millones de dólares por concepto de otros impuestos, tal como se desprende de la declaración de impuestos de la propia empresa obtenidos por Bloomberg, donde informan el monto que las empresas mixtas Petroboscán y Petropiar pagaron al Estado
El resto de las empresas transnacionales que operan en el país, incluyendo, la rusa Roszarubezhneft (empresa de seguridad, no energética), en Petromonagas, y la china CNPC, en Sinovensa, producen 188.000 barriles día, equivalente a 21% de la producción nacional.
Pero, la noticia triste y alarmante, es que Pdvsa, con esfuerzo propio, incluyendo los contratos de servicios petroleros que se han otorgado inconstitucionalmente, produce sólo 346.000 barriles día de petróleo, equivalente a 39% de la producción nacional.
El resto de las Empresas Mixtas que se mantienen en el país, producen 132.000 barriles día de petróleo.
Esta situación demuestra, por una parte, el fracaso de la política petrolera del madurismo, no sólo en cuanto a los niveles de producción, sino en el rol de Pdvsa, como instrumento de la soberanía nacional. Pdvsa junto con las empresas de servicio, sólo produce 39% del petróleo del país. El resto está en manos de las transnacionales.
Esta vulnerabilidad del país contrasta con la situación de 2013, con una producción de 3 millones de barriles día, de los cuales 1.885.000 barriles día, 63% correspondían a Pdvsa por gestión propia, sin empresas de servicio, ni otro tipo de contratos; mientras que 1.130.000 barriles día, 38% correspondían a las Empresas Mixtas, donde Pdvsa tenía una participación mínima de 60%.
En las 9 Empresas Mixtas con mayor producción del país de entonces, Pdvsa tenía una participación promedio del 70%, así: de acuerdo con el nivel de participación de Pdvsa en las Empresas Mixtas, de ese 1.130.000 barriles día de producción, 770.000 barriles día correspondían a Pdvsa.
Es decir, que para 2013, con una producción-país de 3 millones de barriles día, 2.655.000 barriles día, 88% de la producción correspondían a Pdvsa; mientras que, 360.000 barriles día, 12% correspondía a las empresas internacionales, siempre asociadas con Pdvsa en minoría.
Ésta era la fortaleza de la Pdvsa del pueblo, la “roja rojita”, que era una empresa nacional, con todas sus capacidades técnicas, al servicio del pueblo y capaz de sostener, como lo hizo durante 12 años, a todo el país.
Ésta fue la poderosa industria que destruyó el madurismo, para entregarla al saqueo de los suyos y a las transnacionales.
Hoy, el país está tan débil y vulnerable, resultado de las políticas entreguistas de los últimos 10 años y la destrucción de Pdvsa, que cualquier decisión de gobiernos extranjeros pone en jaque al gobierno.
Como he mencionado en anteriores artículos, lo que se le viene encima a este gobierno, que se regodea en su aquelarre, es un tsunami. Por eso resulta impostergable volver a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la única, la de 1999, volver a la democracia popular, bolivariana y al rescate de la Plena Soberanía Petrolera, para poder reconstruir la patria.
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