Pocos países encarnan de manera tan brutal la tragedia del poder completamente corrompido como Venezuela. Bajo el régimen de Nicolás Maduro, nuestro país ha dejado de ser una nación democrática gobernada por principios y leyes, para convertirse en un aparato criminal que opera a través del terror, la corrupción, la represión sistemática y la ejecución de crímenes de lesa humanidad como mecanismo para generar miedo y control social. Como bien señaló el senador Marco Rubio en su audiencia de confirmación como secretario de Estado: «El régimen de Maduro no es realmente un Gobierno en el sentido tradicional de la palabra. Es una red de crimen organizado». En estas palabras resuena la esencia de un problema que, por su magnitud y sofisticación, trasciende las fronteras de Venezuela y desafía a la comunidad internacional.
El ecosistema del crimen: lesa humanidad y narcoterrorismo
El horror en Venezuela tiene dos dimensiones claras. La primera, documentada exhaustivamente por el Instituto CASLA, expone el uso metódico, deliberado y generalizado de la tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución política. Estos crímenes no son aberraciones ocasionales, son políticas de Estado diseñadas en los niveles más altos del poder, con Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los organismos de seguridad e inteligencia involucrados. Además, cuentan con la Fiscalía y el resto de la estructura judicial puestas al servicio del Ejecutivo como brazo ejecutor de las órdenes de persecución y represión. Cuba, por su parte, actúa como colaborador estratégico en esta perversión.
La segunda dimensión es el narcoterrorismo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha vinculado a Maduro y a sus principales aliados con un cartel de narcotráfico transnacional que utiliza los recursos del Estado para financiar su maquinaria represiva. Las recompensas ofrecidas por sus capturas —25 millones de dólares por Maduro y el hoy Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y 15 millones por el perenne Ministro de Defensa Vladimir Padrino López— no son meros gestos simbólicos; son una declaración contundente de que estos individuos son una amenaza global.
El peso de las recompensas: una verdad que debe salir a la luz
El reciente aumento de estas recompensas por parte de la Administración de Joe Biden no solo confirma que Estados Unidos posee pruebas irrefutables de los crímenes cometidos por este régimen, sino que subraya la urgencia de revelarlas. Estas pruebas, hasta ahora reservadas, deben salir a la luz para que el mundo comprenda la verdadera magnitud del desafío y la razón por la cual ha sido tan difícil desmantelar esta estructura criminal. No es una cuestión de falta de liderazgo o valentía en la oposición venezolana, el obstáculo radica en que enfrentamos a una mafia estatal que asocia su permanencia en el poder con su propia supervivencia e impunidad. Esta lógica criminal convierte nuestra tragedia nacional en un caso inédito.
Para Maduro y su cúpula, bajo la lógica del delincuente que busca evadir la justicia, el costo incremental de cada abuso es menor que el costo de no abusar. Cada acto de represión refuerza su control, cada concesión, por mínima que sea, pone en peligro su permanencia. Si el pueblo pierde el miedo, aumenta el riesgo de que la presión popular exija, de manera contundente, que se cumpla la voluntad expresada de forma clara y masiva en las urnas el 28 de julio del año pasado.
Esta es la dinámica que perpetúa el terror y la represión, y por ello es crucial exponer la verdad y enfrentar el régimen con una estrategia decidida e implacable.
El engaño del diálogo: Noruega y la trampa del tiempo
Promover el diálogo con un régimen que actúa como secuestrador de su propio pueblo no es solo ingenuo, sino profundamente inmoral. La facilitación liderada por Noruega en 2019, lejos de debilitar al régimen, le dio tiempo para consolidarse tras el fraude electoral de mayo del 2018, dividir aún más a la oposición y dinamitar la fórmula Constitucional del Gobierno Interino que más de sesenta países reconocieron en su momento. Ese diálogo, celebrado por algunos como una solución pacífica, fue en realidad un salvavidas para un sistema que utiliza cada minuto ganado para perfeccionar su maquinaria de represión y perpetuar su narrativa internacional de víctima cuando es el victimario.
Sentar a quienes han sido oprimidos y perseguidos frente a sus opresores y torturadores, sin condiciones previas como liberaciones, mientras cientos de rehenes permanecen presos y torturados en las cárceles venezolanas, fue y seguirá siendo infame. La idea de «sentarse a negociar» la coexistencia con quienes cometen diariamente crímenes de lesa humanidad es inconcebible.
Como advirtió el senador Rubio en la sesión referida anteriormente: «Maduro y su régimen no pueden ser tratados como actores legítimos, son criminales que deben ser responsabilizados por sus actos». Cada intento de negociación ha sido, en el mejor de los casos, un error estratégico y, en el peor, una complicidad silenciosa con el sufrimiento del pueblo venezolano.
La comunidad internacional y la CPI
El papel de la Corte Penal Internacional (CPI) es central en este momento histórico. Sin embargo, su lentitud para actuar —frecuentemente propiciada por las maniobras dilatorias del régimen— ha permitido que estos criminales sigan operando con impunidad. Cada día que pasa sin acción perpetúa el dolor de las víctimas y fortalece el control de una narco-dictadura que utiliza el terror como política de Estado.
No obstante, el caso Venezuela I avanza a buen paso en la etapa investigativa. La identificación de las responsabilidades de los altos inductores y ejecutores de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al menos desde febrero de 2014, es el trabajo implacable que se lleva a cabo en esta fase del proceso. Testigos y víctimas están decididos a llegar hasta el final para ver a los verdugos sentados en el banco de la justicia internacional, allí los mandamases serán expuestos y las excusas de «obediencia debida» no tendrán cabida.
Es hora de que la comunidad internacional adopte una postura inequívoca. Las sanciones deben estar respaldadas por pruebas contundentes, las recompensas deben acompañarse de inteligencia estratégica, y la justicia debe ser una prioridad inaplazable. Las voces de las víctimas deben ser escuchadas, y sus demandas atendidas.
El fin de la impunidad
El proverbio lo dice claramente: «El que a hierro mata, a hierro muere». Los días del régimen de Maduro están contados, no por un capricho del destino, sino porque la presión internacional y la fuerza de la verdad pueden —y deben— desmantelar su estructura criminal.
Venezuela no puede seguir siendo el escenario de un crimen perpetuo. Su pueblo ya ha demostrado un coraje extraordinario al resistir la brutalidad y el terror. Ahora, corresponde a la comunidad internacional actuar con firmeza y convicción, asegurando que los responsables enfrenten la justicia y que el país pueda reconstruirse sobre los cimientos de la libertad, la democracia y la dignidad.
Venezuela espera justicia, libertad y democracia. Y el mundo no puede permitirse seguir defraudándola.
Artículo publicado en The Objective
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional