La activista chavista Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, así como otros 14 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro fueron oficialmente incluidos en la lista de sancionados de la Unión Europea. Los países del bloque consideran que estas personas socavan la democracia y el Estado de derecho en el país.
«En su cargo de presidenta de la Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez es responsable de declarar incontestable la proclamada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, aunque el TSJ no divulgó los datos detallados de la votación en los que se basaba su sentencia, y a pesar de las irregularidades en la gestión del proceso electoral por parte del Consejo Nacional Electoral», señala la decisión.
«En su calidad de presidenta de la Sala Electoral del TSJ, también es responsable de interferir en las elecciones primarias de la oposición, obstaculizando así la preparación de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de julio de 2024″, agrega.
Caryslia Rodríguez, Fanny Márquez e Inocencio Figueroa. Foto: Yuri Cortez / AFP
En la lista están incluidos otros funcionarios de la máxima corte venezolana: Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ y de la Sala Electoral; Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, y Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ.
Sobre Márquez Cordero y Figueroa Arizaleta, la Unión Europea los señala por la certificación de los resultados de las elecciones. Y a Gil Rodríguez lo acusa de participar en la decisión que tomó la Sala Político-Administrativa de excluir en enero de 2024 a María Corina Machado como candidata a las elecciones presidenciales.
¿Qué otros funcionarios del chavismo fueron sancionados por la Unión Europea?
La Unión Europea también sancionó a:
Del Consejo Nacional Electoral:
Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general del Consejo Nacional Electoral, por firmar un documento, por causar retrasos en los procesos de los centros electorales y prohibir aceptar mensajes de la oposición democrática dirigidos al órgano electoral que revelaban irregularidades.
«Antes de asumir sus funciones en el CNE, firmó un documento de la Superintendencia de Auditoría en el que confirmaba la suspensión de los derechos electorales de María Corina Machado, líder de la oposición», señala.
Carlos Enrique Quintero Cuevas, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral; Conrado Ramón Pérez Briceño, rector principal; Rosalba Gil Pacheco, presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral y miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE, quienes tuvieron «plenamente implicados» en la toma de decisiones del CNE, lo que obstaculizó un proceso electoral transparente y la publicación de unos resultados electorales exactos.
«Por lo tanto, (tuvieron) un papel crucial en la gestión de las elecciones presidenciales».
De los organismos de justicia
Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal auxiliar del Ministerio Público, quien participó «en la persecución judicial por motivos políticos» del candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Al opositor el régimen lo procesa por «múltiples ‘crímenes’ políticos», lo que lo llevó a exiliarse en España.
Edward Miguel Briceño Cisneros, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia, con competencia en causas vinculadas a delitos asociados al terrorismo.
Este funcionario, recordó la Unión Europea, emitió una orden de detención el 2 de septiembre pasado contra González.
De los organismos de represión del régimen
Alexis José Rodríguez Cabello, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La decisión del bloque europeo señala que la policía política ha estado implicada en graves violaciones de los derecho humanos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y la represión de la oposición democrática.
«En calidad de director del Sebin, Alexis José Rodríguez Cabello es responsable de violaciones y abusos graves de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela».
Miguel Antonio Múñoz Palacios, director adjunto del Sebin. «Bajo su supervisión, han cometido actos de detención arbitraria, torturas y tratos crueles e inhumanos, entre ellos la violencia sexual, en el centro de detención El Helicoide».
Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, a quien la Unión Europea acusa de participar en graves violaciones de los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos, así como en la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática tras las elecciones presidenciales.
«Antes de su nombramiento como comandante de la GNB en julio de 2023, Elio Ramón Estrada Paredes dirigió la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y supervisó las operaciones que provocaron violaciones de los derechos humanos», afirma.
Asdrúbal José Brito Hernández, director del Departamento de Investigaciones Penales de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas. A esta persona, los países europeos la acusan de cometer graves violaciones de los derechos humano y malos tratos a los detenidos en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Unión Europea indicó que la FANB estuvo implicada en las violaciones de derechos humanos durante las protestas pacíficas de la oposición después de las presidenciales.
«Es responsable de la integración, la planificación, la programación, la dirección, la ejecución, la supervisión, el mando y el control estratégico operacional de las operaciones de seguridad», puntualiza.
«A través de su cadena demando directa, es responsable de las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la FANB, entre ellas asesinatos, detenciones arbitrarias y represión de la oposición», añade.
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