Abogada Soranib Hernández sobre el caso de Venezuela ante la CPI: «Tenemos que activar todos los mecanismos»
La doctora en derecho internacional alertó que acciones de algunas organizaciones han demorado el avance del caso Venezuela ante la CPI. A pesar de ello, es optimista con respecto a la justicia internacional. Eso sí, insiste en que debe haber coordinación para evitar más retraso. Sostiene que se trata de un proceso jurídico y no político, por lo que pide que se deje a los expertos cumplir con su trabajo. "Tiempo que pasa, verdad que huye. Entonces este es un momento histórico en el que estamos teniendo todas las condiciones", dice
Venezolanos expertos, juristas y doctores en derecho internacional se esfuerzan para que avance el caso contra el Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI). Es el caso de Soranib Hernández y su esposo, Simón Pedro Deffendini, ambos doctores en derecho internacional, que trabajan para que el fiscal Karim Khan avance en una orden de captura contra Nicolás Maduro, como lo ha hecho con Vladímir Putin; el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; y, este mismo miércoles, con Min Aung Hlaing, líder de la junta militar de Myanmar.
En conversación con El Nacional, Hernández alertó que hay acciones de algunas organizaciones que han demorado el avance del caso Venezuela ante la corte. Específicamente explicó que la solicitud de recusación del fiscal de la CPI bajo acusaciones de un posible conflicto de interés podría generar tardanza en el acceso a la justicia. Recordó que Paolina Massidda, abogada principal de la Oficina Independiente para la Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional, solicitó que esta petición de recusación no incida en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Esa oficina tiene registro de entre 7.000 y 8.000 víctimas.
«Las víctimas pueden llamar a la oficina simplemente para contar su caso, no necesariamente en esta fase del procedimiento necesitan entregar algo por escrito. Hasta el momento hemos tenido contacto con muchos grupos de víctimas, algunos de ellos acompañados por ONG que trabajan a nivel nacional o internacional», precisó Massidda en conversación con el diario español ABC.
Hernández señaló que la solicitud de recusación no se efectuó de manera correcta. Indicó que este proceso debería hacerse en la fase de juicio, pero aún no se ha llegado a ese punto. En la fase de juicio, precisó, se dictan órdenes de detención y el caso pasaría de llamarse «Venezuela I» a ser «Fiscalía vs. el acusado». Resaltó que no entiende la motivación de la fundación que inició la petición, a la cual -reveló- se le pidió en privado que no la hiciera.
«Lo que hizo esta fundación es incorrecto. No corresponde a esta etapa. A esta recusación por supuesto tendrán que darle curso, revisarla y esto es una dilación innecesaria. Lo que pide la oficina de víctimas es que esto no sea un factor de retraso. Porque las víctimas están perdiendo la fe, la confianza y la credibilidad. Si se había avanzado tanto, la pregunta es cuál es el objetivo de una fundación que nunca se había encargado de esto», dijo Hernández.
Por ello insiste en que las organizaciones políticas y fundaciones que quieran contribuir a que la CPI avance en el caso Venezuela, lo hagan de la manera correcta y acompañados por los expertos que siguen el proceso desde hace tiempo. Sostuvo que todo el que quiera contribuir es bienvenido, pero siempre en coordinación con los juristas para evitar que siga habiendo demora.
«Todos tenemos que ir en una misma dirección. Todos queremos que las víctimas sean reparadas y que haya una reconciliación. Todo suma, siempre y cuando cada quien en su área«, expresó.
Puntualizó, por ejemplo, que las manifestaciones convocadas para el primero de diciembre no acelerarán el curso del caso. Aseguró que este proceso es algo técnico, de justicia, y no de política.
«Por supuesto no podemos negar el derecho a manifestarse, pero eso será una cuestión más simbólica porque no va a incidir en que el fiscal avance o no. Es importante también que la gente sepa que hay un fiscal adjunto, que no se ha paralizado, pero lo que sí puede paralizar es esa recusación», dijo.
La clave: un acuerdo entre la Unión Europea y la CPI
La experta considera que la situación preocupa debido a que ahora hay un silencio por parte del fiscal con respecto a Venezuela. Principalmente, dijo, siguen avanzando otros casos y eso demuestra que la oficina del fiscal continúa trabajando en otros procesos, pero no en el venezolano.
«El fiscal sigue activo. Las órdenes de detención contra Putin y Netanyahu eran unas que había solicitado y ahora se dictan. Si se dictaron quiere decir que lo que pidió el fiscal se está ejecutando«, añadió.
A pesar de la tardanza, Hernández y su esposo siguen trabajando para que el caso contra Nicolás Maduro ante la CPI avance. Recientemente solicitaron ante el Parlamento Europeo activar la cooperación con la Corte Penal Internacional para impulsar la investigación sobre Venezuela que ejecuta este tribunal y que ordene la detención de Maduro por la gravedad de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2014, 2017 y 2024.
«Acudimos al Parlamento (Europeo) porque hay mucha preocupación entre las víctimas, sus familiares, incluso abogados y ONG porque si bien se reinició la investigación sobre Venezuela, no hemos tenido desde mayo oficialmente una comunicación sobre el avance de la investigación», explicó.
Señaló que la petición se hizo usando las herramientas jurídicas disponibles para que ayuden en esta situación de inacción aparente en la Corte Penal. Agregó que el convenio entre la Unión Europea y la Corte persigue diversos fines en cuanto a la cooperación legal y judicial. Entre ellos se incluye apoyar en la ejecución de órdenes de detención, la presentación de testigos y la entrega de información confidencial.
«Se trata de un acuerdo que es de obligatorio cumplimiento para la Unión Europea y la Corte Penal. Es decir, no es un tratado entre los 27 Estados miembros de la UE y la corte. Es un tratado entre la Unión Europea como organización internacional y nos basamos en los artículos 4 y 11. Nosotros hacemos hincapié en la colaboración con el fiscal. Esto porque él pidió este año un fondo fiduciario a la Unión Europea porque con todas las investigaciones ha recibido mucha información en español y eso demanda mucho tiempo. Ese dinero lo recibió de nueve Estados parte del Estatuto de Roma, que también son Estados parte de la Unión Europea: Estonia, Lituania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Suecia, Alemania y Polonia«, detalló la experta.
La petición que Hernández lideró ante el Parlamento Europeo intenta conocer por qué si se otorgaron los recursos para que se resuelvan las dificultades técnicas que había en la corte, aún persiste el silencio en el caso Venezuela. Insistió en que la iniciativa no se extralimita en las funciones del Parlamento ni de la corte. También precisó que ella y su esposo han defendido que no se politice la violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.
«Nosotros no estamos pidiendo que la Unión Europea se extralimite en su competencia ni mucho menos rebasar la independencia judicial del fiscal. Estamos pidiendo que se active un acuerdo que es vinculante. Pedimos que se active el artículo 4, que habla de la obligación de cooperar y asistir a la corte, y el artículo 11, que habla sobre la cooperación entre la Unión Europea y específicamente el fiscal. Dice literalmente: la ‘Unión Europea se compromete a cooperar con el fiscal con base en el artículo 54.3 del Estatuto de Roma y la Unión Europea concertará de las disposiciones o acuerdos compatibles con el estatuto que sea necesario para efectuar la cooperación’«, señaló Hernández.
Sumado a esta iniciativa, la abogada pidió a los nueve Estados parte de la Unión Europea la remisión de un Estado parte del Estatuto de Roma a la Corte Penal, y directamente al fiscal, diciéndole que proceda.
«Es muy importante la remisión de seis Estados parte de 2018, fue lo que permitió que la fiscalía no tuviera que pedir permiso a la Oficina de Cuestiones Preliminares sino que directamente inició la investigación. Tenemos que activar todos los mecanismos», dijo.
Destacó la importancia de la sesión histórica, la cual -dijo- podría facilitar un pronunciamiento sobre el estado de la investigación y los próximos pasos que se seguirán.
“No sabemos si de aquí al 15 de diciembre podremos avanzar, pero mediante este proceso interno también se puede adelantar un poco el proceso de investigación, ya que mientras el fiscal se aparta, el adjunto lo toma, permitiendo que la investigación no se detenga. Esto podría permitir que el año 2024 cierre con un pronunciamiento: explíquennos dónde está la investigación y cuáles serán los próximos pasos”.
«Yo sí confío en que la Corte Penal Internacional sigue avanzando»
La doctora en derecho internacional señaló que tiene que haber justicia. Es enfática en que no se puede seguir demorando el proceso porque son muchas las víctimas que no han sido reparadas.
«Ya en algunos casos han pasado 11 años. Hay víctimas que ya murieron o familiares que ya no quieren declarar por miedo. Tiempo que pasa, verdad que huye. Entonces, este es un momento histórico en el que estamos teniendo todas las condiciones», manifestó.
Hernández también indicó que el fiscal ha cumplido con el Estatuto de Roma. Por ejemplo, dijo, instaló una oficina técnica en Venezuela porque como la responsabilidad que determine la corte estará enfocada principalmente en los altos cargos, se supone que la CPI debe ayudar al Estado venezolano a establecer los mecanismos para que los responsables de mandos medios también cumplan con la justicia.
«Pero Venezuela necesita adecuar el Estatuto de Roma al marco normativo interno porque, por ejemplo, en Venezuela si alguien comete tortura no está tipificado como un crimen de lesa humanidad. La oficina técnica es justamente complementaria para que cuando se vayan a llevar esos juicios a los mandos subordinados el país esté preparado, pero en lo que al fiscal de la CPI le compete; para investigar al presidente en Venezuela tiene que haber un antejuicio de mérito, entonces técnicamente no hay manera y tampoco hay la voluntad. El fiscal lo que ha hecho es decir: ‘aquí estoy’, les aceptó que impugnaran todas las fases y al final ellos no pudieron demostrar nada y por eso pidió a la Sala de Cuestiones preliminares reactivar la investigación».
Hernández confía en la justicia internacional. Citó casos en los que la corte ha dictado órdenes de detención y que ha demostrado que seguirá adelante a pesar de que pueda tener presiones diplomáticas y políticas.
«Yo sí confío en que la Corte Penal Internacional sigue avanzando. Lo va a hacer. El fiscal ha cumplido con todos los mecanismos que establece el Estatuto de Roma», dijo.
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