La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos -bautizada como Ley Bolívar-, que permite ampliar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, congelar activos a su disposición y endurecer las sanciones existentes. Una vez promulgada tendrá un impacto directo sobre la economía venezolana, toda vez que las sanciones se extienden a empresas privadas de cualquier país que, teniendo intereses y operaciones comerciales en territorio estadounidense, se atrevan a hacer negocios con entes públicos del Estado venezolano. La sobre aplicación de estas sanciones suele generar efectos colaterales no deseados en las empresas privadas, dando origen a una nueva contracción de la actividad económica que recrudecerá la incesante migración de venezolanos que huyen del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Según datos de Acnur, los migrantes venezolanos suman casi 8 millones.
La migración como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos
Trump considera que los migrantes indocumentados representan una amenaza para Estados Unidos. En la campaña electoral, la migración venezolana fue utilizada como un arma propagandística. Trump descalificó y estigmatizó a los venezolanos migrantes, acusándolos de ser parte de bandas criminales como el Tren de Aragua y representar una amenaza para la seguridad interna. Anunció que al llegar al poder: “Haremos deportaciones en masa desde Springfield, vamos a sacar a esa gente, la vamos a llevar de vuelta a Venezuela”.
Emplazado a cumplir su promesa electoral, Trump tiene la mira puesta en los venezolanos. Para ejecutar su política de deportación masiva, plantea desempolvar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual le otorga el poder de detener y deportar a ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra o conflicto armado, sin necesidad de un proceso judicial regular. Esta se aplicaría a personas que el gobierno considere una amenaza para la seguridad nacional debido a su vínculo con países enemigos, aunque no hubieran cometido un crimen específico.
A pesar de que en su primer gobierno Trump apostó a derrocar a Nicolás Maduro a través de una política de máxima presión, ahora la situación es otra y tiene que medir muy bien las consecuencias de insistir en esa misma política. Ante el actual escenario de conflicto bélico en el Medio Oriente, crece el riesgo de que se cierren los corredores de transporte marítimo y se afecte la producción y transporte de petróleo, razón por la cual sería totalmente contraproducente endurecer las sanciones al petróleo venezolano que necesitan las refinerías estadounidenses. La prioridad de Trump será garantizar la seguridad energética de Estados Unidos, por encima del apoyo a sus aliados de la oposición venezolana que no pudieron sacar a Maduro del poder, a pesar de todo el apoyo que recibieron.
Maduro aprovecha la circunstancia para proyectar una imagen de apertura y le ofrece a Trump la posibilidad de un nuevo comienzo. Aspira a una relación más pragmática, alejada de las posiciones extremas del primer gobierno de Trump en el que sus principales asesores afirmaron que solo negociarían con Maduro su salvoconducto o el color del uniforme en la cárcel de Guantánamo. Ante el interés de Estados Unidos de recuperar el suministro estable y seguro del petróleo venezolano, el régimen de Maduro espera que la política exterior de Estados Unidos en la segunda administración de Donald Trump pueda dar un giro de 180 grados y genere un gran shock que rompa la inercia.
El acuerdo: flexibilizar sanciones a cambio de deportaciones masivas
La reactivación de las conversaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin puede ser una oportunidad para abrir nuevos canales de comunicación entre la Casa Blanca y Miraflores, a fin de impulsar un proceso de negociación cooperativa que podría desembocar en un acuerdo mutuamente beneficioso para los países involucrados. Si Trump retira el apoyo militar a Ucrania, la guerra que arruina a Rusia y destruye a Ucrania habrá terminado. A cambio, Putin puede mediar para que Estados Unidos recupere el suministro estable y seguro del petróleo venezolano y comprometer a Maduro para reactivar el acuerdo migratorio que autorice la deportación ordenada de migrantes ilegales en Estados Unidos. Desde el acuerdo de repatriación firmado en octubre de 2023, más de 1.800 venezolanos habían sido deportados en 15 vuelos; sin embargo, con la reimposición de sanciones, los vuelos de deportación fueron suspendidos por el gobierno de Maduro.
Paradójicamente, esta mediación de Putin puede generar el efecto colateral no deseado para el Kremlin de realinear a Venezuela dentro de la órbita de influencia de Estados Unidos, pero este será el costo que tendrá que pagar Putin para que Trump retire la ayuda militar a Ucrania.
En su cuenta de X, Marco Rubio escribió: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, lograremos la paz a través de la fuerza y siempre pondremos los intereses de los estadounidenses y de Estados Unidos por encima de todo lo demás”. Trump priorizará los intereses energéticos, migratorios y geopolíticos de Estados Unidos por encima del apoyo a sus aliados de la oposición venezolana.
A Trump no le interesa prolongar las sanciones económicas que lanzaron a Venezuela a los brazos de los auxilios financieros de China, Rusia, Irán y otros rivales geopolíticos de Estados Unidos. Para sacar a Venezuela de esta órbita, Trump puede flexibilizar las sanciones petroleras a cambio de reactivar el acuerdo migratorio que le permita cumplir su promesa electoral de deportaciones masivas. Recuperar el suministro seguro del petróleo venezolano a precios de mercado ayudará a mejorar la situación económica de Venezuela y a frenar la incesante migración hacia Estados Unidos, mientras que el endurecimiento de las sanciones truncará la recuperación de la economía y recrudecerá la diáspora venezolana.
Priorizar los intereses energéticos y migratorios de Estados Unidos por encima del apoyo a los aliados políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela pasa por neutralizar la resistencia del poderoso lobby cubanoamericano. Trump no podrá optar a un tercer mandato presidencial, pero a Marcos Rubio su designación como Secretario de Estado le brinda la oportunidad de proyectarse nacional e internacionalmente como un estadista con amplias competencias diplomáticas y perfilarse como seguro candidato presidencial en las elecciones de 2028. Pero si Marco Rubio fracasa en una política de máxima presión y no logra forzar un cambio en el mando político en Cuba, Nicaragua y Venezuela, esto truncaría su carrera presidencial. En consecuencia, le puede resultar más seguro y conveniente promover negociaciones directas para lograr acuerdos pragmáticos con esos regímenes que a lo largo de décadas han demostrado tener una extraordinaria capacidad para resistir y sobrevivir.
Por lo tanto, más allá de los gritos y amenazas que soplan, no hay que descartar a priori que esta misión de negociar y llegar a acuerdos con el gobierno de Maduro, Trump se la encargue al mismísimo Marco Rubio quien -de cara a las presidenciales de 2028-, podría capitalizar políticamente este acuerdo al presentado como una jugada maestra para recuperar el suministro del petróleo de Pdvsa, resolver el problema migratorio venezolano y alejar a Venezuela de los auxilios financieros chinos, rusos, iraníes y de otros rivales geopolíticos de Estados Unidos.
@victoralvarezr
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