¿Decreto de Guerra a Muerte del siglo XXI? 

Ley Bolívar vs Ley Libertador Simón Bolívar

Recordando la historia de la Guerra de la Independencia, durante la cual muchos ciudadanos eran patriotas una semana y realistas la siguiente, de acuerdo con la cercanía o ubicación de las tropas de los ejércitos de ambos bandos, el Libertador Simón Bolívar optó por una solución radical que dejara definitivamente establecidas las lealtades políticas de los susodichos en cuestión: el Decreto de Guerra a Muerte.

Se apoyaba a la Independencia o al rey y se pagaba con la vida el precio de la decisión tomada, si llegaba el ejército contrario al lugar de residencia.

Ahora, en pleno siglo XXI, los empresarios y empleados públicos parecieran estar a las puertas de una situación similar, con la diferencia de que pagarán con multas, cárcel y restricciones financieras y comerciales.

La reciente aprobación por la Cámara de Representantes estadounidenses de un proyecto de ley que usa el acrónimo de Bolívar Act, ha tenido un impacto enorme en la política nacional debido a las claras derivaciones de una profundización del conflicto político en Venezuela a unos niveles de radical confrontación muy superiores a lo acontecido en la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021).

Es difícil imaginar otro escenario, cuando se tiene por delante al secretario de Estado y al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, militando en la misma causa política de choque, además de la enemistad manifiesta del empresario más importante e influyente de las últimas décadas en una administración estadounidense, como es el caso del Presidente de Tesla, SpaceX y X (twitter), como es Elon Musk, por lo cual la tarea de los lobistas que tenga el Presidente Maduro en Washington, es una tarea que luce bastante cuesta arriba.

Ciertamente, una cosa son las declaraciones altisonantes y otra muy distinta la necesidad de llevar a cabo una política económica exitosa y estable con empresarios nacionales e internacionales, tal como está orientando el Gobierno Nacional actualmente con política hacia los países del Grupo BRICS.

La Ley Bolívar cierra por completo la realización de actividades económicas con el gobierno nacional de Venezuela a las instituciones y empresarios estadounidenses, excepto a los que tienen licencias operativas del Departamento del Tesoro, como la Petrolera Chevron, por ejemplo.

El detalle para quienes dicen que hay 192 países, además de Estados Unidos, es que estos empresarios extranjeros y también nacionales, se les cerraría el sistema bancario estadounidense y cualquier empresa estadounidense, proveedora de bienes o servicios, le trancaría las puertas para no verse sancionada.

Este castigo sería igualmente aplicado a empresas que usan productos con patentes estadounidenses, con lo cual sería muy complicado y riesgoso para los empresarios contratar con la administración pública nacional, si va a ser perseguido internacionalmente de muchas maneras.

Más aún, si llevan esta ley a los extremos de la interpretación política, podrían sancionar a gobernadores y alcaldes junto a sus contratistas y proveedores, acusándolos de cómplices del Gobierno Central.

Estos detalles tan importantes exigen para su aplicación razonable de la creación de una Licencia General para muchos sectores específicos, además de los 4-5 sectores referidos en la Ley, ya que de lo contrario, a corto plazo, el país se vera en el caso de la República Is!amica de Irán con miles de funcionarios públicos sancionados, lo que podría incluir potencialmente a los 130.000-140.000 funcionarios de alto nivel o nomina 99 que son funcionarios de confianza y declaran anualmente a la Contraloria General de la República.

Esto es debido a la imposibilidad de tener esos cargos y desconocer al primer mandatario nacional al mismo tiempo, por lo cual, sumado a los bajos sueldos y escasas prestaciones sociales del servicio público, se le añade la segura condena internacional en Estados Unidos y tal vez en otros 50 países, lo que podría hacer poco atractivo el ejercicio de la función publica.

Las batallas anteriores referentes a las sanciones, estaban muy delimitada a personas o instituciones muy especificas, lo cual no parece ser el caso observado en esta Ley Bolívar.

Cuando se entiende esta situación, se puede imaginar que el gigantesco plan de reforma estructural de privatización de 500-600 empresas públicas, que adelanta el Ministro Alex Saab, se podría convertir en un suicidio financiero y jurídico, si los futuros dueños de estas empresas, no se organizan debidamente para ir » en combo» al Departamento del Tesoro a solicitar licencias operativas, basadas en las causales de la misma Ley, para protegerse de ataques políticos y jurídicos del Departamento de Justicia o de Estado estadounidense a posterioridad, lo cual sin duda, debe ser en este momento la máxima prioridad secreta de los organismos empresariales venezolanos, que ya deben tener un » embajador informal»en Florida, específicamente para reunirse en el Cuartel General de Donald Trump en Mar-a-lago, para discutir estos detalles financieros.

Con esta Ley se hace amplio y profundo el efecto de las sanciones, con el peligro inmediato que se terminen sancionando instituciones públicas con miles de funcionarios adscritos, sometiéndolos al escarnio público internacional y a las sanciones personales, que pasan también a sus familiares directos.

Para las personas que hemos sido sancionados por la facultad administrativa de un funcionario público, sin derecho a la defensa (presunción de inocencia) y a un debido proceso, sufriendo daños irreparables en el tiempo, es cuestión de solidaridad humanitaria, hacer causa contra los castigos colectivos que afectan incluso a personas que no tienen relación directa con los casos particulares de los empleados afectados.

La respuesta política a esta situación, que sería otro instrumento legislativo nacional de Venezuela para castigar a otro numeroso grupo de persona, tendría el mismo efecto del acontecido durante la Guerra de la Independencia, de una hecatombe política y social, que en aquel caso histórico, termino en una negociación para la Regularización y Humanización de la Guerra entre el Libertador Simón Bolívar y el Mariscal Pablo Morillo (Reino de España), que muchos estudiosos lo consideran un antecedente histórico del Derecho Internacional Humanitario.

Para quienes son conocedores de las características de las guerras híbridas o asimétricas, saben muy bien que sus efectos pueden ser muy superiores a los imaginados y observados a simple vista.

La economía nacional y la sociedad en Venezuela, esta en un estado de problemas estructurales tan profundo, que la idea de una guerra política y económica con la nueva administración Trump, es algo que se debe pensar muy bien.

Es hora de que los decisores políticos nacionales hagan un análisis del entorno nacional e internacional y asuman decisiones correspondientes a la problemática nacional, por muy desagradables que le sean en lo personal, por el bien de las mayorías nacionales.