En Venezuela se siguen violando los derechos humanos. En eso coinciden expertos y abogados que siguen la situación de los presos políticos en el país. La Coalición por los Derechos Humanos fija su posición sobre los delitos de lesa humanidad por parte del gobierno.
Entrevista a Alonso Medina Roa, director de la Coalición por los Derechos Humanos
—¿Cómo es la situación de los excarcelados?
—Los detenidos están dentro de un proceso penal. Ya tienen una medida privativa de libertad. Esta medida, a solicitud del ministerio público, fue sustituida por una medida cautelar sustitutiva de acuerdo con el código orgánico procesal penal venezolano. Entre esas medidas cautelares, por supuesto que debe estar la prohibición de salida del país, la prohibición de dar cualquier tipo de declaración, la imposición de un régimen de presentación y cualquier otra que el Tribunal haya acordado.
—¿Cuántos adolescentes han salido?
—En total, no sé. Es que todo es incierto y el que diga una cantidad te va a decir algo falso, que todo es referencia. Nadie tiene el número exacto. Solo el gobierno.
—Según el testimonio de los familiares, algunos han sido torturados. ¿En algún momento alguien los ayudó psicológicamente a superar esta situación?
—Es tan válido para un adulto, para un niño o adolescente, evidentemente que hay organizaciones. Nosotros, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, tenemos una sección de ayuda y de asistencia psicológica tanto a los familiares como a los privados de libertad por causas políticas. Hay diferentes ONG que se ocupan de eso. Sin embargo, esta ayuda tiene que ser solicitada por la víctima.
—¿Estas medidas cautelares se usan como amenaza para que no vuelvan a protestar?
—Sí. Es una medida coacción que evidentemente le está limitando los derechos. Le están limitando la movilidad.
—¿A qué atribuye cuando Maduro dice en el programa de televisión que revisen por si acaso hay alguna injusticia?. No habla de liberación, sino que revisen la causa.
—Yo creo que todo esto atiende a un tema evidente y meramente político, más que jurídico y que atiende un poco en bajar la presión, en buscar un mecanismo para drenar la presión social que se pudiera causar, y más cuando ya entras a una etapa navideña y próxima al 10 de enero. Debe buscar bajar la presión para poder estar atento a cualquier otro evento, pero requiere bajar la presión social. Creo que la razón política es un poco, procurar un poco de paz social y bajar la presión. Recuerda que son más de 2.000 familias, 2.000 padres, 2.000 madres que están atentos a esto. Esto genera un tema de vida social bastante complejo, que hay que atender.
—¿Por qué cree, por ejemplo, que se le ha negado el acceso a ver a sus familiares y la defensa privada?
—Creo que las autoridades venezolanas en algún momento se preocuparon por la forma como todas las distintas instancias Diferentes instancias internacionales o diferentes actores políticos tenían conocimiento de la forma cómo se desarrollaban los procesos judiciales en Venezuela. Evidentemente, una de las formas de limitar la función de la denuncia de las diferentes organizaciones es limitando el acceso a cualquier actuación y es la mejor forma para hacerlo.
—Al no tener acceso a la defensa privada ¿cómo su organización podría ayudar?
—Ninguna organización podría ayudar. Lo que se puede hacer es buscar información por otros mecanismos, pero formalmente ni la Coalición ni ninguna otra organización pueden tener acceso a la información directa. Lo que hacemos son las acciones que intentamos ante entes internacionales y ante diferentes instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier información es suministrada por los familiares.
Entrevista a Kelvin Zambrano, director Internacional de la organización
—¿Qué acciones internacionales se han emprendido a raíz de esta ola represiva?
—Desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia hemos emprendido varias acciones a nivel internacional. Específicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, ante la relatoría contra la tortura y ante el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas. Todo esto, debido a que en el plano doméstico o el plano interno no es posible ejercer acciones en defensa de las personas privadas de libertad. Las instancias como Fiscalía y Defensoría se han negado a recibir nuestras denuncias. Esto nos permite justificar que hemos intentado agotar los recursos internos y el Estado no lo permite.
Permitiéndonos ejercer estas acciones a nivel internacional desde que inició la crisis. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado alrededor de 20 medidas cautelares, de las cuales 15 se han logrado a solicitud de nuestra organización y hemos tenido reuniones constantes con organismos internacionales. De hecho, el viernes pasado presentamos un informe. Ante la OEA que lo recibió el secretario general, Luis Almagro, en el que estamos dando los patrones de tortura que se han ejecutado en este nuevo esquema de persecución y que este informe va a servir para que se pueda continuar creando la certeza de que en Venezuela se siguen cometiendo delitos de lesa humanidad.
—En cuanto al estatus de los delitos de lesa humanidad en este nuevo contexto de persecución, ¿Cuál es la situación?
—Ha existido un aumento desproporcionado de los tipos penales tipificados en el Estatuto de Roma. Como lo es la práctica de la tortura, de acuerdo con los reportes que nosotros hemos manejado desde la coalición, al menos 4 de cada 5 privados de libertad han sido víctimas de tortura y al menos 3 de cada 5 privados de libertad han sido víctimas de tratos crueles, degradantes, inhumanos. Esto lo que nos permite evidenciar es que la tortura que forma parte del glosario de tipos penales que son considerados como delitos de lesa humanidad, se sigue cometiendo en Venezuela y se sigue cometiendo porque forma parte de un ataque generalizado y sistematizado orquestado desde el poder. Esa es una característica indispensable para identificar los delitos de lesa humanidad. Lo mismo sucede con la desaparición forzosa, y lo mismo sucede con la detención arbitraria, que también son de los dos tipos penales que son considerados como delitos de lesa humanidad. De cada 5 personas que han sido privadas de libertad, 5 han sido privadas de manera arbitraria. Es decir, no hemos registrado ninguna detención a una persona que se haya efectuado de conformidad a los procedimientos nacionales e internacionales. Eso nos permite afirmar que son detenciones arbitrarias y que estas detenciones también son consideradas delitos de lesa humanidad, como las desapariciones forzosas en todos los casos que hemos documentado de la coalición.
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