La permanente y extendida corrupción

Ilustración: Juan Diego Avendaño

La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina acaba de ratificar la condena (seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos), dictada por el Tribunal Oral Federal 2 (6/12/2022) contra Cristina Fernández de Kirchner, como “autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. La aún senadora, quien fuera presidenta (2007-2015) y vicepresidenta (2019-2023) del país, fue declarada “penalmente responsable” en el llamado “caso vialidad” (por  haber direccionado licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio de un empresario). No es esta la primera condena contra un exmandatario en América Latina.

Aunque la corrupción es un vicio viejo en la región y ha habido intentos de combatirlo desde los tiempos coloniales, la lucha tomó fuerza a partir del renacimiento democrático de mediados del siglo pasado. Entonces ocurrió un hecho inédito: la extradición de un exmandatario desde Estados Unidos al país que lo reclamaba para juzgarlo. El 16 de agosto de 1962 el juez Arthur Goldberg de la Suprema Corte declaró sin lugar las peticiones para impedir la extradición acordada de Marcos Pérez Jiménez para que fuera juzgado en Venezuela por los delitos de “peculado” y “malversación de fondos”, en un todo de acuerdo con el tratado de 1922 sobre la materia. Ese mismo día fue embarcado en avión fletado por el gobierno de Caracas y trasladado al país que había gobernado (por casi una década). Cuatro años antes (13/8/1959) la antigua Corte Federal venezolana había declarado procedente solicitar la extradición del expresidente.

Derrocado en 1958, Pérez Jiménez se refugió en Santo Domingo y luego se residenció en West Palm Beach (Florida). Allí lo alcanzó la acusación del Procurador General de Venezuela por delitos contra las personas (varios asesinatos) y el patrimonio público. Con ingresos por sueldos (1949-1958) de $336.810, había amasado una fortuna estimada en $700 millones. Sólo en una maleta abandonada en la huida por su esposa se encontraron $13 millones. La solicitud de extradición presentada (21/8/1959) ante el gobierno de Estados Unidos mereció especial atención del Procurador General de ese país luego de la visita de John F. Kennedy a Venezuela (diciembre de 1961). Acordada la medida, el acusado fue detenido en la cárcel del condado de Dade (12/12/1962). Ya en Venezuela fue juzgado por la Corte Suprema de Justicia y condenado (1/8/1968). Por ser la pena inferior al tiempo de reclusión, salió en libertad. Se trasladó a España, donde murió (2001).

La corrupción – entendida como la utilización indebida en beneficio de  persona(s) de bienes o funciones que corresponden a otra(s) o a una organización social – parece ser una práctica que acompaña a la humanidad desde sus comienzos. Los antropólogos han revelado conductas de ese tipo en las primeras sociedades. Y existen testimonios de las mismas en las más antiguas civilizaciones; pero casi al unísono los libros sagrados las condenan. En China Confucio enseñó los beneficios de la ética y la integridad.  Y los filósofos griegos advirtieron sobre los peligros que comportaba para el sistema político:  la autocracia degeneraba en tiranía y la democracia en anarquía. El bien público es resultado de la virtud.  Por eso, San Agustín atribuía a las prácticas contrarias los males de Roma en decadencia: “Se fue transformando de la más hermosa República en la más corrompida y viciosa”. Aquellos rígidos conceptos comenzaron a cambiar durante el Renacimiento.

Desde antiguo muchas revoluciones terminaron carcomidas por la corrupción (de sus dirigentes o de los grupos que los apoyaban). Los pequeños estados del Renacimiento (incluso el Papado) se vieron afectados por el comportamiento vicioso de los gobernantes. Igual cosa ocurrió durante las revoluciones liberales. Y los grandes movimientos del siglo XX, que despertaron la esperanza de millones de seres humanos, sirvieron para imponer regímenes autocráticos, profundamente corruptos: en Rusia, China o el Mundo Árabe. No escaparon a la corrupción influyentes movimientos de América Latina: la revolución mexicana, el varguismo brasileño, el justicialismo argentino, el castrismo cubano. Tampoco los procesos de democratización de la segunda mitad del siglo pasado ni los “socialistas” de comienzos del actual (alentados desde Venezuela). La corrupción también tentó a los gobernantes de los Estados surgidos de la descolonización en África: Mobutu Sese Seko, Omar Bongo, Teodoro Obiang, José dos Santos, Robert Mugabe son apenas algunos nombres.

La corrupción es una de las causas de atraso y subdesarrollo. Recursos que debieron haberse invertido en obras para el bienestar general o programas orientados al desarrollo económico y social han sido desviados para beneficio de unos pocos (gentes del poder o empresarios vinculados). Algunos países han recibido ingresos extraordinarios, gracias a los precios alcanzados por algunas materias primas. Se calcula entre 200 y 300 millardos de dólares el monto del “desfalco” contra Pdvsa por parte de directivos de la empresa venezolana en las últimas dos décadas. Pero, incluso, ha ocurrido con capitales obtenidos –a veces con irresponsabilidad de ambas partes– como deuda pública en organismos financieros y hasta con las ayudas enviadas por gobiernos o instituciones para atender a la población en casos de desastres naturales o crisis de diverso tipo. Se hicieron graves señalamientos en ese sentido en ocasión de los terremotos de Managua (1972) y Turquía (2023).

Existe una relación directa entre transparencia y crecimiento económico (y especialmente desarrollo humano). Los países con mejor uso de recursos aparecen entre los de más alto desarrollo humano. Conforme a Transparencia Internacional (2023), los más altos índices corresponden a Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo. De ellos, 7 figuran entre los 10 primeros (y los otros 3 entre los primeros 20) en el índice de desarrollo humano (PNUD, 2023). Y los más pobres, por lo general, también son los de mayor corrupción. Apenas 58 países (de 180 analizados) superan la mitad de la máxima calificación posible en transparencia: 28 de Europa, 2 de Norteamérica, 6 del Caribe, 6 de Asia, 5 del Pacífico, 5 de África, 3 de Latinoamérica (Uruguay, Chile y Costa Rica) y 3 del Mundo Árabe. Entre ellos no se cuentan la India y China ni otros 7 de los más poblados.

La corrupción mata, como las guerras, las enfermedades y el subdesarrollo: sin armas (blancas o de fuego), pero con efectividad. En efecto, como se dijo, impide que se destinen recursos a programas que garantizan los derechos humanos (el de la vida, los de salud, los de conservación ambiental) o los que ayudan a superar la pobreza –y especialmente el hambre– de los pueblos. Las víctimas son todos, pero especialmente, los de bajos recursos o más vulnerables: mujeres, niños, discapacitados. Los responsables son, realmente, reos de crímenes contra la humanidad. Pero no basta imponer sanciones (lo que se hace raramente). Lentamente se ha impuesto la necesidad de la reparación de los daños causados, lo que es posible si se puede identificar individualmente o por grupos a las víctimas. En caso contrario, se ha planteado la idea de la reparación colectiva. Ha habido ya sentencias judiciales que han acogido esa forma.

La corrupción causa, igualmente, graves males de carácter institucional. Son con frecuencia intangibles, pero afectan a toda la sociedad. Entre los mismos se cuentan la impunidad de los delincuentes y los funcionarios que colaboran con ellos, la pérdida de vigencia de los derechos humanos, y aún la destrucción de la democracia y la organización estatal. En América Latina la corrupción ha dañado especialmente la credibilidad y la falta de independencia de la judicatura. La edición 2024 del Índice de Word Justice Project muestra la profunda relación entre corrupción y estado de derecho: los mejor calificados (Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y Estonia) son a su vez los de menor corrupción. Los mejor colocados en América Latina son Uruguay (24), Costa Rica (29) y Chile (36). Son también los menos corruptos. Por su parte, Venezuela, Haití, Nicaragua y Bolivia ocupan los últimos lugares en ambos renglones.

Autores antiguos o modernos señalan que el fin de ricos imperios, exitosas repúblicas o prometedores movimientos (salvo intervención de fuerzas naturales o externas) se produjo, casi siempre, por la pérdida de las virtudes que practicaron en tiempos de su emergencia. Se había extendido la corrupción. Parece, así, necesario inculcar temprano (familia y escuela) sólidos valores morales que orienten los actos de los hombres. Las virtudes ciudadanas no son obstáculos al progreso personal o general. Aristóteles había advertido: “Los legisladores solo hacen virtuosos a los ciudadanos habituándolos a serlo”. Con ese propósito, hizo recomendaciones una reciente declaración de Naciones Unidas (2021).

X: @JesusRondonN