Gobierno de Ortega expulsa al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua

“Esto es un sacrilegio lo que está haciendo el alcalde y todas las autoridades municipales”, dijo monseñor Carlos Enrique Herrera cuando Leonidas Centeno, uno de los alcaldes más fieles al gobierno, quiso alterar la celebración de su misa con un escándalo afuera de una iglesia en Jinotega, en el norte del país. “Pidamos perdón por ellos y por nosotros”, agregó.

Desafiar de tal manera al régimen de Ortega lo habría llevado al destierro en Guatemala, pero lo cierto es que el gobierno ya lo tenía en la mira desde hace años, como lo ha documentado la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina en sus expedientes sobre la represión contra la Iglesia católica.

“Lo que querían era sacar a monseñor Herrera, porque obviamente ha sido un obispo cercano al pueblo. De hecho, en las protestas cívicas de abril de 2018 y meses siguientes, gracias a la intervención del obispo Herrera, muchas muertes y asesinatos se lograron evitar. También él iba a rescatar a los jóvenes que estaban secuestrados. Además, rescató cuerpos de jóvenes asesinados, los llevaba a su casa; auxiliaba a los familiares, les daban atención médica. El obispo anduvo entre las balas siempre y entonces, por eso es que lo estaban persiguiendo, hostigando, interrogando, acosándolo”, afirmó.

La abogada exiliada en Estados Unidos también detalló que al menos 261 integrantes de la Iglesia católica habrían sido expulsados entre abril de 2018 y lo que va de noviembre de 2024. Además de la expulsión de autoridades religiosas, a ella le preocupa que el gobierno tenga en su lista a menores de edad.

“Ayer recibí varias denuncias de que la policía y paramilitares están dando persecución a los monaguillos. Lo que me preocupa es que son niños, son menores de edad y ya sabemos que a la dictadura sandinista no le tiembla la mano para asesinar a niños. No es la primera vez que la policía hace esto; o sea, ellos no miran si es menor de edad o mayor de edad. Ellos solamente se fijan en que si eres católico, entonces te pueden hacer cualquier cosa y ahí estamos hablando de muerte, cárcel o destierro, que son las tres alternativas que tienen los católicos en Nicaragua”, aseguró.

Para justificar la censura y el destierro, el régimen de Ortega asegura que los religiosos conspiran contra el país, que propagan noticias falsas o que participan en lavado de dinero.