Además de la suspensión, el TSJ impuso a la abogada María Alejandra Díaz Marín una multa
Tratando de definir la sentencia por la cual se suspende del ejercicio profesional a la abogada María Alejandra Díaz Marín, emitida por la Sala Constitucional del TSJ, no hemos encontrado término más adecuado que el de adefesio.
Adefesio es “cosa ridícula, disparate, muy fea”. Y esa decisión contra la abogada Díaz Marín, por haber actuado en recurso de amparo en representación de ciudadanos contra el CNE, exigiendo la presentación de las actas electorales del 28 de julio, no es más que eso: un adefesio, o, mejor aún, un disparate. Un disparate jurídico porque no hay norma que la sustente.
Pero también es una barbaridad política porque sancionar al abogado que representa una pretensión de ciudadanos hábiles y en ejercicio de sus derechos constitucionales es violatorio de la carta magna (art. 26 y 49), que proclama el acceso a la justicia, a la tutela efectiva de los derechos individuales y de los colectivos, a tener defensa y asistencia jurídica en todo estado y grado del proceso.
Hay que recordar que la decisión de la Sala Constitucional, que también viola tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos que consagran como derecho fundamental la asistencia jurídica, va dirigida personalmente contra la abogada María Alejandra Díaz Marín, una conocida dirigente chavista que abandonó esas filas y no ha vacilado en expresar públicamente sus críticas a la gestión madurista. Calificaron su proceder de “temerario” y por ello la suspensión, lo que crea un grave precedente y envía un claro mensaje de retaliación contra cualquiera que se atreva a enfrentarlos jurídicamente. El término temerario no es definido por la Sala Constitucional, lo que lo convierte en una calificación autoritaria.
Un ejercicio arbitrario de la justicia –que cierra cualquier vía constitucional de reclamo– lanza una advertencia de sanción a los abogados que intenten acciones o recursos contrarios a los intereses de quienes detentan el poder. Una acción propia del nazismo. Se trata de que la abogada Marín ahora está en una situación de capitis diminutio, –pérdida de sus derechos civiles–, según la terminología romana.
Esta decisión muestra que quienes detentan el poder están dispuestos a ejercer la represión en todos los niveles. Ya no es la represión contra las protestas de calle que ha arrojado cientos de encarcelados y torturados, incluidos menores de edad y personas con discapacidad, a quienes han violado sus derechos humanos y garantías procesales; tampoco la represión selectiva, dirigida contra los periodistas y políticos opositores. Ahora cierran la vía judicial de la protesta. La finalidad es acallar el rechazo y adormecer la esperanza de cambio.
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