La fuga

Abraham Hayón huyó y dejó con los crespos hechos a Diosdado Cabello. O deshechos.  El teniente que ocupa ahora el Ministerio del Interior despacha desde el programa televisivo Con el mazo dando, en el que anunció la captura del alcalde de Mucuchíes, en el estado Mérida, para quien pidió –“yo no soy juez”, dijo, como si en verdad lo fuera– 30 años de prisión, por lo menos.

Cabello acusó a Hayón de traición a la patria por haber grabado un video en el que pedía que Estados Unidos junto con otros países “interviniera en una acción humanitaria para resguardar la paz y garantizar el orden institucional” en Venezuela, según le contó a El Nacional. Detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Ejido, en el propio estado Mérida, se escapó el 25 de octubre en la madrugada por un pequeño túnel y, tras escalas en Curazao y Ámsterdan, llegó a Madrid.

Un túnel construido velozmente porque Hayón estaba preso desde el 4 de septiembre. En cincuenta días cambió la prisión por la libertad en una operación en la que admite que usó tanto sus habilidades para ganarse la confianza de sus carceleros como recursos económicos. 

Antes de ser alcalde y durante 40 años Hayón se dedicó a la actividad empresarial en importación, manufactura y minería “cuando se podía hacer”. En otro video, luego de ganar la alcaldía en 2021, se declaró un hombre de centro, sin formación política, interesado en «consensuar» tanto con los de izquierda como con los de derecha.

La fuga de Hayón, por lo que cuenta, revela cómo funcionan las prisiones y la justicia en Venezuela. El alcalde y empresario dijo que desde que fue encarcelado recibió distintas propuestas para lograr la libertad a cambio de altas sumas de dinero en dólares. De hecho, él pagó 2.000 dólares al mes a un funcionario policial, el comisario jefe, para disponer de un espacio propio dentro de la sede y prisión de la PNB. Desde ese espacio, con la ayuda de terceros, se construyó la vía de escape por la que en menos de un minuto salió de su celda hace 12 días.

En las cárceles venezolanas, según el registro de Foro Penal, hay 1.963 presos políticos, 243 de ellos mujeres, 162 militares y 69 adolescentes. La mayoría como consecuencia de la ola represiva que comenzó el 29 de julio para detener las protestas contra el fraude electoral. Cerca de 300 presos políticos llevan años en las cárceles, con retrasos de todo tipo en sus procesos judiciales, en condiciones deprimentes en las que no se les garantiza ni alimentación adecuada ni atención médica y, como se ha documentado, han sido víctimas de tratos degradantes y torturas.

Los medios han denunciado, en la medida que han podido, que en estos meses desde las elecciones las propuestas de funcionarios civiles o militares para recibir dinero a cambio de libertad o de mejora en el trato dentro de la prisión no son una excepción. La justicia está en el escalón más bajo de la ya degradante vida institucional en Venezuela.

“Los presos políticos no pueden juramentar a un abogado privado, sino que tienen que someterse a un defensor público. No confío en el sistema judicial”, dijo Hayón a este diario en el artículo referido. Nadie confía y su fuga confirma la podredumbre.