La coalición Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, que agrupa a varias organizaciones no gubernamentales, expresó su rechazo a la designación de los integrantes del Poder Moral, quienes considera deben estar bajo investigación por las violaciones de derechos humanos en el país.
El chavismo ratificó la semana pasada a Tarek William Saab como fiscal general de la República y a Alfredo Ruiz como defensor del Pueblo. Además, nombró a Gustavo Vizcaíno, exdirector del Saime, como contralor general de la República.
Las organizaciones señalaron, en un comunicado citado por Monitoreamos, que estas designaciones representan «una mala señal para las víctimas de violaciones de derechos humanos y, en general, para las posibilidades del restablecimiento de las bases democráticas, la justicia y verdad en Venezuela».
Destacaron que la gestión de Saab en el Ministerio Público «se ha distinguido por violaciones al debido proceso, tanto en casos de delitos comunes como de presos políticos, la absoluta falta de independencia respecto al Poder Ejecutivo y el uso de recursos públicos con fines personales».
En su pronunciamiento, las ONG recordaron las conclusiones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, que señalaba a los fiscales de Venezuela como cómplices de detenciones arbitrarias y omisiones que perpetúan la impunidad en crímenes de lesa humanidad.
Según esta misión, recuerdan las ONG, los fiscales han recibido instrucciones directas sobre investigaciones, con la presunta participación de los funcionarios a sabiendas de que se cometían violaciones al debido proceso.
Ratificación de Alfredo Ruiz viola la Constitución
Sobre la ratificación de Alfredo Ruiz como defensor del Pueblo, la coalición la calificó de «inconstitucional», al señalar que el artículo 280 de la Constitución establece que la designación para este cargo debe ser por un período único de siete años
Afirmó asimismo que la gestión de Ruiz se ha caracterizado por «omisiones y silencio», sin ningún tipo de independencia respecto a otros poderes, especialmente frente al Ministerio Público.
La coalición resaltó que durante la gestión de Saab en la Fiscalía y de Ruiz en la Defensoría han ocurrido graves violaciones de derechos humanos en el país. Incluidas acciones que condujeron a la apertura de una investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, una decisión sin precedentes en América Latina.
Gustavo Vizcaíno, el anulador de pasaportes
En cuanto a la designación de Gustavo Vizcaíno como contralor, las ONG recordaron su anterior rol como director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, donde se reportó la anulación de pasaportes de más de un centenar de periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos y sociales.
Finalmente, las organizaciones advirtieron: «En un futuro, cuando los mecanismos de justicia transicional sean posibles para Venezuela, Tarek William Saab, Alfredo Ruiz y Gustavo Vizcaíno deberán ser investigados por su responsabilidad tanto en las violaciones de derechos humanos como en los delitos contra la humanidad ocurridos bajo su gestión».
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