El régimen de Nicolás Maduro sería absolutamente feliz, y buen revolucionario, si en el país solo existieran medios oficiales de información. Esos en los que no hay preguntas ni repreguntas. Sin desmayo, día tras día, lo está consiguiendo. Desde el 28 de julio, para encubrir el fraude electoral, recrudeció la hostilidad contra periodistas y medios que con coraje intentan cumplir con su trabajo periodístico.
En el mes siguiente a la fecha electoral la organización no gubernamental Espacio Público ha registrado 130 casos de violaciones de la libertad de expresión y el derecho a la información: un caso cada 6 horas. El reporte incluye 13 detenciones arbitrarias. Las acusaciones contra periodistas y trabajadores de la prensa siguen el patrón del orden del día: delitos de terrorismo. Como paso previo, la desaparición forzada, en la que no hay ninguna explicación sobre la víctima durante días, para angustia de sus familias y compañeros de trabajo.
El caso más reciente es el de Nelin Escalante, conductor del programa radial Negocios y Mercadeo, a quien se le perdió la pista el día 25 del mes pasado. Reapareció ayer tras un interrogatorio según se supo en la temible Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). “Estamos bien y prestos a trabajar”, dijo Escalante en un mensaje por sus redes sociales, abrazado a su hija Oriana. Corrió con suerte.
El periodista y camarógrafo Paul León fue presentado en audiencia preliminar el 22 de octubre pasado, luego de 80 días de haber sido detenido. El 30 de julio, León, que trabaja para el medio digital VPI TV, se disponía a cubrir una protesta poselectoral en Valera, en el estado andino de Trujillo, cuando fue apresado. Permaneció 19 días en la División de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana y después fue trasladado al penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. Durante todo ese tiempo solo se le permitieron recibir dos visitas de media hora.
A la reportera gráfica Deisy Peña, detenida desde el 2 de agosto en la cárcel de mujeres de Ocumare del Tuy, le fue ratificada la acusación fiscal también el 22 de octubre. Se le imputa de los supuestos delitos de terrorismo, incitación al odio y obstrucción de la vida pública. La prueba: imágenes de su teléfono celular sobre protestas posteriores al fraude electoral. Las acusaciones se repiten en el caso de Ana Carolina Guaita, del medio digital La Patilla, detenida el 8 de agosto en La Guaira. Leocenis García, periodista y dirigente político, fue apresado el 11 de septiembre después de exigir al Consejo Nacional Electoral que publicara las actas del escrutinio electoral. Fue trasladado a la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda.
En los primeros días de octubre fue clausurado el diario La Voz, que llevaba 58 años editándose. El cierre fue ordenado hasta mayo de 2025. En septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sacó del aire a la emisora Victoria 103.9 FM, en el estado Aragua; también a Radio Hispana 89.5 FM en el estado Yaracuy.
Es un asedio total. Hay que cuidar cada palabra, cada imagen que se pretenda difundir. También las fuentes periodísticas padecen el clima de persecución. Si, como el régimen pregona, Maduro ganó las elecciones sería tan fácil demostrarlo. La exigencia después a casi 100 días de la fecha electoral es la misma: publiquen las actas.
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