La excolonia británica viene asumiendo una actitud envalentonada; no obstante, haber introducido una demanda contra nuestro país, y ratificarla en todas sus comparecencias procesales, en cuyo escrito solicitan que la Corte Internacional de Justicia obligue a Venezuela a reconocer el írrito y nulo Laudo Arbitral de París de 1899, como cosa juzgada.
Inmenso despropósito que desmontaremos en su debida oportunidad.
Ellos han arreciado con sus actitudes abusivas; ya no únicamente en la proyección atlántica que genera la parte continental de la Guayana Esequiba, en contención; sino que, imprudentemente, han dado instrucciones y hasta órdenes escritas a las empresas transnacionales para que operen en cualquier coordenada marítima por su costado oeste (con exactitud, penetrar más hacia el este de Venezuela), irrespetando nuestra soberanía en esa área; propiamente en la proyección del estado Delta Amacuro; por lo que hemos insistido en denunciar que tal zona, abarcada por buena parte del azimut 0.70 hasta Punta Playa, no se encuentra en controversia.
Con esas manifestaciones irregulares burlan, como les da gana, el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, el único documento válido, con pleno vigor jurídico en este juicio que la contraparte trabó unilateralmente, ante la Instancia Jurisdicente citada; y que ya recibieron de nosotros, allí mismo, el respectivo memorial de contestación de la demanda que nos hicieron ingratamente.
¿Por qué decimos que esas licencias contrarían el Acuerdo de Ginebra?
Porque este extraordinario documento –plenamente ratificado por las partes suscribientes- estipula en su artículo V lo siguiente, para el absoluto acatamiento de los concernidos:
“Con el fin de facilitar la mayor medida posible de cooperación y mutuo entendimiento, nada de lo contenido en este Acuerdo será interpretado como una renuncia o disminución por parte de Venezuela, el Reine Unido o la Guayana Británica de cualesquiera bases de reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o Guayana Británica o de cualesquiera derechos que se hubiesen hecho valer previamente, o de reclamaciones de tal soberanía territorial o como prejuzgando su posición con respecto su reconocimiento o no reconocimiento de un derecho a, reclamo o base de reclamo por cualquiera de ellos sobre tal soberanía territorial.
Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía…”
Sin embargo, Los gobiernos que ha tenido Guyana de cualquier signo político, ya sea del partido Indoguyanés el Partido del Progreso Popular (PPP), o el afroguyanés el Congreso Nacional Popular (CNP); aunque se antagonizan entre ellos para muchas cosas, pero coinciden en asumir la deleznable posición de desconocimiento y desacato al contenido y aplicación del Acuerdo de Ginebra, al cual han mandado bien largo al cipote; y continúan otorgando concesiones, a cada momento, a transnacionales para que exploren, exploten y comercialicen con los inmensos recursos auríferos, madereros, energéticos, petroleros, faunísticos, mineros de todo tipo.
El Acuerdo de Ginebra fue publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela N.º 28.008 del 15 de abril de 1966 y posteriormente registrado por nuestro país el 5 de mayo de 1966 en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas bajo el N.º I-8192.
El Acuerdo de Ginebra causó estado en la ONU. Jamás ha sido susceptible de ningún recurso jurisdiccional. Ha agotado cualquier posibilidad de que se interpongan actos en su contra. Se volvió absolutamente inatacable. Ni más ni menos.
Las empresas que han recibido, de los distintos gobiernos de Guyana, concesiones ilegales para operar en el área señalada nos han venido perpetrando hechos dañosos y vulnerando nuestros derechos legítimos e históricos en tal contexto geográfico.
Con todo lo que han venido haciendo; aún así, la cancillería de esa nación hace la temeraria afirmación, a través de reiterados comunicados, de que Venezuela viola la soberanía e integridad territorial de su país al calificarnos de que somos “una amenaza, con actos hostiles, agresivos e ilegales para el desarrollo económico de Guyana”.
¡Qué desvergonzados!
Los esequibanos ( nacidos en esa hermosa zona) y los esequibistas, quienes hemos venido defendiendo por honor y justicia en las distintas instancias nacionales e internacionales lo que es nuestro de pleno justo derecho, desde la estructuración de la Capitanía General de Venezuela de 1777, debemos dejar sentado que lo más peligroso para nosotros en esta reclamación -a la luz del Derecho Internacional- es la Aquiescencia; vale decir, la permisividad en que puedan incurrir, por dejadez u otros motivos y circunstancias, nuestros gobiernos.
El juicio por la extensión territorial que nos desgajaron, y que en la actualidad se dirime por ante la Corte Internacional de justicia, no se ha paralizado. Estamos en espera del cumplimiento de los trayectos procesales subsiguientes.
En nuestro caso, nos corresponde comparecer el 11 de agosto del próximo año para consignar las incontrovertibles pruebas respectivas.
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