Las madres de los jóvenes detenidos tras protestas postelectorales en Venezuela acudieron este lunes a la sede de la Unicef en Caracas para pedirle a esa organización que interceda y las ayude en la liberación de sus seres queridos.
Nérida Ruiz, una de las progenitoras, indicó que su hijo acudió a la audiencia preliminar el miércoles y luego lo llevaron a juicio. Denunció que fue acusado por «terrorismo, incitación al odio y hurto calificado».
«Que por favor se aboquen, chequeen los casos y nos ayuden por la libertad de nuestros hijos», pidió Ruiz a la Unicef, mientras subrayaba que en la capital venezolana son «ocho adolescentes» los que permaneces privados de libertad.
Añadió que esperan «celeridad en el proceso».
«Mi hijo es estudiando del sexto año de Contabilidad, tiene tres semanas pérdidas de clases. Y esa es una de sus preocupaciones, no poder estar ahí, detenido, no poder continuar con sus estudios. Él quiere progresar», puntualizó.
Familiares de menores de edad detenidos en el contexto de las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela entregaron este lunes un documento a la Unicef en Caracas, en el que piden a la agencia de la ONU que interceda para que sean liberados los 70 niños y adolescentes que -aseguran- permanecen encarcelados, así como para verificar en qué condiciones se encuentran.
Las detenciones ocurrieron los días posteriores a las presidenciales, cuando miles de venezolanos salieron a protestar contra el resultado oficial de los comicios.
De los 142 menores de edad que según el documento fueron aprehendidos, 70 continúan en centros de reclusión, donde -aseguran los familiares- «viven en condiciones infrahumanas no aptas para su edad y condición, en violación de los estándares internacionales».
Los allegados a los menores de edad -acusados de terrorismo e incitación al odio, entre otros delitos- explicaron que esas condiciones «incluyen hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos de salud, alimentación deficiente y falta de protección frente a abusos físicos y psicológicos».
Advirtieron a Unicef de la situación «alarmante de los niños y jóvenes», quienes -insisten- «están siendo injustamente detenidos» y pidieron ayuda urgente para su liberación.
Katherine Martínez explicó que su esposo fue citado al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adonde acudió el 4 de agosto junto con su hija, de 17 años de edad, quien fue detenida en el lugar.
«Fuimos a acompañarlo (a su esposo), nos hicieron entrar al Cicpc (…). Nos dijeron: ‘es ella la que se queda porque está en un grupo de WhatsApp’. Mi hija está detenida por estar en un grupo de WhatsApp», aseguró, sin precisar los motivos de la citación a su esposo.
Martínez señaló que «están pidiendo para ella 10 años (de cárcel)» por el delito de «incitación al odio».
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