Un año transcurrió desde que la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática y el gobierno de Nicolás Maduro firmaron el acuerdo de Barbados, un documento que establecía mejoras en las garantías electorales para los comicios presidenciales de 2024, esos mismas que marcaron un nuevo capítulo de la crisis política del país.
El “acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos” contemplaba la actualización y depuración del registro electoral, el desarrollo de las auditorías previstas en el sistema electoral y la promoción de un clima político que contribuyera al desarrollo pacífico de los conflictos.
Desde el 17 de octubre de 2023 y hasta hoy mucha agua ha corrido en el país y las denuncias de violaciones a los derechos civiles, sociales y políticos, así como el cuestionamiento a la transparencia de los comicios dejan en evidencia el incumplimiento del acuerdo de Barbados.
Chavistas y opositores se culpan mutuamente del incumplimiento de este acuerdo que contemplaba unos 15 puntos. En esta nota recordamos algunos de los compromisos que no se cumplieron:
El reconocimiento del rival
Foto: Crónica Uno
El primer punto del acuerdo fue el reconocimiento y respeto al “derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales, de manera libre y conforme a sus mecanismos internos”, un pacto irrespetado en tanto le fue impedido a María Corina Machado, a través de una inhabilitación política, participar en las elecciones, pese a ser electa en primarias.
Lo mismo ocurrió cuando la oposición intentó, sin éxito, inscribir a la catedrática Corina Yoris como aspirante a la presidencia en reemplazo de Machado, trámite que se impidió.
La oposición denunció que el gobierno de Maduro intentó “sabotear” las primarias opositoras, mediante la judicialización de partidos y la inhabilitación de varios líderes políticos.
Garantías electorales
En varios de sus puntos, el acuerdo de Barbados consideraba garantías electorales entre las que estaban incluidas el “desarrollo de todas las auditorías previstas en el sistema electoral venezolano, incluidas las relacionadas con el registro electoral, con la participación de todos los actores políticos, la observación internacional y los acompañantes nacionales de conformidad con la ley electoral”.
Foto: cortesía Prensa Vente Venezuela
No obstante, el CNE no efectuó por lo menos tres de las auditorías fundamentales que debían celebrarse tras las elecciones, como la de datos electorales fase II, prevista para el 5 y el 8 de agosto y que debía verificar el banco de huellas dactilares, revisar su calidad y que se correspondan con las del registro electoral.
Además, no se ejecutó la segunda fase de la verificación ciudadana que vuelve a auditar el 1% de las mesas de los centros de votación y tampoco la auditoría de telecomunicaciones fase II, en la que correspondía comparar la configuración de los sistemas de transmisión con los auditados antes de la elección.
Observadores internacionales como el Centro Carter y el panel de expertos enviado por la ONU cuestionaron el proceso electoral. Expusieron que el CNE no cumplió con los “requisitos básicos de transparencia e integridad” esenciales para celebrar elecciones creíbles.
Registro Electoral
Foto: Crónica Uno
El acuerdo contemplaba también la “ejecución de la actualización del registro electoral permanente”, lo que debía incluir jornadas especiales de inscripción y actualización dentro y fuera del país, además de operativos de cedulación y el establecimiento de puntos de inscripción accesibles.
Organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos denunciaron ampliamente irregularidades durante el registro electoral como insuficiencia de puntos para la inscripción, retraso en la instalación de puntos en consulados del exterior, así como la solicitud de documentos fuera de lo regular.
De acuerdo con la Gaceta Oficial, fueron incorporados para la elección del 28 de julio 11.992 electores, una cifra que comprendió 11.131 nuevos registros, 790 levantamiento de objeciones y la incorporación de un votante por corrección en la fecha de nacimiento.
Clima político favorable
El respeto a la normativa, así como la “promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, sin injerencias externas con respeto a la ciudadanía, la autoridad electoral, los actores políticos y las leyes del país”, eran otros de los compromisos acordados por la oposición y el gobierno.
Foto: Crónica Uno
No obstante, las detenciones antes y después de los comicios que se calculan en 1.916 (según el Foro Penal), el amedrentamiento de funcionarios públicos contra la disidencia, las amenazas a quienes respaldaron la candidatura opositora y el exilio forzado de varios miembros de la oposición dejan al descubierto el incumplimiento de estas condiciones.
Equilibrio en la campaña
La coacción a los medios de comunicación para omitir de sus parrillas de programación hasta el nombre de la líder de la oposición fue un hecho ampliamente denunciado durante la campaña electoral presidencial por organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas.
Igualmente, la transmisión en canales públicos de actos del chavismo rompió con el acuerdo de “promoción del equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados”.
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