La inacción de la CPI y de Karim Khan simboliza una justicia ausente.
En un mundo donde la justicia debería ser la norma, la Corte Penal Internacional (CPI) parece haber decidido que la inacción es su mejor estrategia. El Fiscal Karim Khan, en un despliegue de audacia digna de un mago de tercera categoría, ha contribuido, decididamente, a desaparecer la justicia en Venezuela.
El artículo 53 del Estatuto de la CPI establece que el Fiscal debe actuar ante la información que indica la comisión de crímenes. Sin embargo, Karim Khan ha optado por ignorar informes continuos de organismos internacionales, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, sobre violaciones graves a los derechos humanos, como si fueran simples rumores de pasillo.
Más de veinte muertes y cientos de detenciones arbitrarias, incluyendo menores de edad, son solo detalles del contexto postelectoral que no parecen perturbar su tranquila existencia. La inacción del Fiscal no solo es una falta grave, sino que también plantea la pregunta: ¿acaso la CPI ha decidido que la justicia es opcional?
A pesar de haber anunciado la apertura de una investigación en noviembre de 2021, tardó un año para solicitar la autorización respectiva, cuando debió hacerlo en el lapso de 30 días, después hacer ese anuncio. Su afirmación de que no había sospechosos contradice las acusaciones públicas existentes e incidencias que evidencian lo contrario, lo que sugiere que el Fiscal podría estar jugando a las escondidas con la verdad.
Con más de tres años en el cargo, uno esperaría que Khan hubiera tomado decisiones significativas, pero su falta de acción oportuna sugiere que su compromiso con los derechos de las víctimas es tan sólido como un castillo de naipes. Además, revelaciones recientes indican que un familiar cercano de él formó parte del equipo legal del Estado venezolano, lo que ha generado dudas sobre su imparcialidad y cuestionamientos sobre su compromiso con la justicia.
La CPI, que debería ser un bastión de justicia, ha degenerado en un espectáculo circense. La gravedad de esta situación es tal que el reconocido jurista Omar Estacio la compara con un “cadáver en estado de putrefacción”. Además, si se considera que el fiscal tiene un interés personal en el caso debido a sus vínculos familiares, la confianza en la CPI se desmorona como un soufflé mal hecho.
La credibilidad del tribunal está en juego, y la falta de acción de Khan no solo afecta el proceso judicial, sino que también socava la confianza pública en la CPI como un organismo imparcial y efectivo. Esta situación ha alimentado la percepción de que la CPI no está actuando con la urgencia necesaria para abordar las violaciones graves de derechos humanos en el país.
La Regla 24, que debería ser un salvavidas para las víctimas, se convierte en un mero adorno en este contexto. La negligencia grave y los retrasos injustificados son la norma, y la CPI parece estar más interesada en mantener las apariencias que en hacer justicia. Insisto, la Regla 24 se habría convertido en un mero formalismo sin impacto real en la búsqueda de justicia para aquellos que sufrieron abusos en el país.
La situación requiere una evaluación cuidadosa y medidas urgentes, pero, por supuesto, eso sería pedir demasiado a un organismo que parece más preocupado por sus relaciones públicas que por los derechos humanos. Por lo tanto, describirlo como “un cadáver en avanzado estado de descomposición con el derecho a sepultura y cierre final” (Estacio dixit) sería una observación realista.
En suma, la CPI y su fiscal Karim Khan han demostrado que la justicia puede esperar. Mientras tanto, las víctimas en Venezuela continúan sufriendo, y la comunidad internacional observa con una mezcla de incredulidad y desdén. La pregunta que queda es: ¿cuánto tiempo más se permitirá que esta farsa continúe? La justicia no debería ser un espectáculo, pero en el caso de la CPI, parece que el circo ha llegado para quedarse.
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