Venezuela se encuentra en una profunda crisis, donde la represión del régimen de Nicolás Maduro ha alcanzado niveles alarmantes. Al menos 58 menores de entre 14 y 17 años siguen encerrados en hacinadas cárceles, una situación que debería horrorizarnos.
Las detenciones comenzaron tras el anuncio de Maduro como “ganador” de unas elecciones fraudulentas, en las que no se presentó transparencia en los resultados. El verdadero ganador de la contienda es Edmundo González, el principal rival de Maduro. Mientras el gobierno descalifica a quienes cuestionan su poder, las fuerzas de seguridad desatan el terror. Hasta la fecha, se han confirmado 142 arrestos de adolescentes, muchos acusados de “terrorismo” y “fascismo”, términos vagos utilizados para aplastar la disidencia.
Este escenario no es solo un problema interno; es una violación de los derechos humanos que debería indignar al mundo. Sin embargo, el silencio de los organismos internacionales y defensores de derechos humanos se convierte en cómplice de esta opresión. Las promesas de ayuda y defensa son solo palabras vacías sin acciones concretas.
Las madres de estos jóvenes claman por sus hijos, sabiendo que el miedo ha paralizado a la comunidad internacional. Las cartas escritas por los adolescentes, llenas de desesperación, son testimonios de una realidad que no se puede ignorar. “No somos terroristas, somos inocentes,” imploran, mientras el sistema los condena a un ciclo de sufrimiento. Un menor con autismo fue arrestado sin razón, y otro, golpeado, solo portaba una bandera de su país.
La comunidad internacional ha sido un espectador pasivo ante esta injusticia. Las cifras son escalofriantes, pero los derechos de estos adolescentes parecen ser solo un número más en informes archivados. Mientras tanto, ellos son víctimas de un régimen que no conoce límites. La ONU y la OEA, defensores de los derechos humanos, han fracasado en su misión.
Es esencial que la situación de estos jóvenes sea una prioridad en la agenda internacional. No podemos permitir que el silencio se convierta en la norma. La inacción es una forma de complicidad.
Los adolescentes liberados no están a salvo; viven bajo la sombra de un régimen que no perdona. Las medidas cautelares son una prisión disfrazada, y su futuro permanece incierto.
Es hora de que la comunidad internacional despierte. Los jóvenes de Venezuela son el futuro, y su lucha debe resonar en todas las naciones. La historia nos juzgará, y no podemos ser recordados como la generación que miró hacia otro lado mientras se despojaba a los inocentes de sus derechos. Exigimos acción. Exigimos justicia.
Pedro Adolfo Morales Vera es economista, jurista, criminólogo y politólogo.
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