Madres y padres de los adolescentes detenidos protestaron el jueves frente a la sede del TSJ / @oveprisiones
El 28 de julio los venezolanos salieron a votar pacíficamente y con alegría. El 29 de julio en la madrugada el Consejo Nacional Electoral dio ganador a Nicolás Maduro sin mostrar actas del escrutinio en las 30.026 mesas de votación —y no las ha mostrado después de 70 días de realizados los comicios—. Como respuesta a las lógicas y justificadas protestas ante lo que se consideró un fraude colosal, el «feliz candidato reelecto» anunció la captura de 2.000 personas que serían, y fueron, llevadas a los penales de Tocuyito y Tocorón, este último por años el refugio seguro y centro de operaciones del Tren de Aragua. Los detenidos —aseguran en Miraflores— son todos, o casi todos, terroristas. El gobierno de Maduro, defensor de la democracia (¿?), promete que no habrá perdón “sino Tocorón”.
Para asegurar que todos son terroristas están los tribunales, tan imparciales y justos como el CNE, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, esta última ha hecho de la ausencia su rasgo más notorio.
La justicia oficial —la injusticia sistémica— opera así en la Venezuela revolucionaria: el miércoles de esta semana en el Palacio de Justicia (¿?) de Carabobo se produjo la audiencia preliminar, después de 62 días de encarcelamiento, de 7 adolescentes, de entre 15 y 17 años de edad, incluida una chica de 16, acusados de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad.
Fue una audiencia telemática, conducida por la jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal 2 con competencia en terrorismo. De acuerdo con la reseña del diario El Carabobeño, de la ciudad de Valencia, y reproducida en las páginas de El Nacional, la jueza Ramos hizo la siguiente oferta a los menores de edad: si se declaraban culpables —se supone que de haber participado en las protestas poselectorales— solo recibirían una pena de seis años y ocho meses de prisión sin beneficios procesales. En caso contrario, se arriesgaban a pasar 10 años tras las rejas, que fue lo que solicitó la Fiscalía. Ninguno de los 7 adolescentes —¡bravo por ellos!— aceptó la “generosa” propuesta de la jueza Ramos, y fueron pasados a juicio.
Los adolescentes no pudieron elegir una defensa privada. A los familiares se les negó el acceso a los expedientes. La defensora pública asignada, de nombre Kelly Pérez, apenas abrió la boca durante la audiencia telemática y teledirigida. Pérez ni siquiera consignó ante el juzgado los documentos que los familiares de los muchachos le entregaron para probar la inocencia de sus hijos: las credenciales de estudiantes, de deportistas con futuro, de músicos. “La defensa no promovió nada”, dijo hasta la propia jueza Ramos Castillo.
Uno de los adolescentes fue detenido mientras jugaba beisbol. Cumplió los 16 años en la cárcel, su madre ni siquiera pudo abrazarlo. Se preparaba para el inicio del quinto año de bachillerato y es prospecto en la mira de equipos de las ligas mayores de beisbol. Otro es miembro de la selección de tenis de mesa del estado Carabobo para los juegos juveniles. Uno más se dedica a la música y fue apresado luego de salir del ensayo de una nueva composición. La chica de 16 años había salido con unos amigos a comer perroscalientes. Fue detenida por hombres encapuchados y llevada al Fuerte Paramacay, donde un uniformado militar le ofreció la libertad a cambio de sexo. Se negó, le quitaron el teléfono, la golpearon y la obligaron a grabar un video acusando a la hermana de María Corina Machado.
Todos los adolescentes grabaron videos en los que admitían que les habían pagado 30 dólares para participar en las protestas. Son las famosas confesiones a las que se refiere, orondo, Nicolás Maduro. Lo que se calla es que antes de esas grabaciones los muchachos fueron torturados: golpes hasta perder piezas dentales, quemaduras en las tetillas por la aplicación de electricidad. No se realizaron los exámenes forenses exigidos por los familiares.
Madres y padres y más familiares de los siete adolescentes se concentraron el jueves frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (¿?) en Caracas. Los unía el dolor y el desamparo y la fuerza de luchar por sus hijos. Y un solo estribillo de voces: “Nuestros muchachos son inocentes, ni terroristas, ni delincuentes”.
La historia oficial es una recordada y estremecedora película argentina de 1985 —Oscar a la mejor película de habla no inglesa— que cuenta el robo de niños de torturados y desaparecidos durante la época del terrorismo de Estado en el país sureño, en la década de los setenta del siglo pasado. En nuestro país, además de robarse elecciones, se roban el futuro de los jóvenes con la complicidad de todo el estamento estatal.
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