El interrogatorio

Los hermanos Rodríguez son tres. Delcy y, al menos, las dos versiones de Jorge. Una, mansa, que acude a citas en embajadas simplemente tocando el timbre y otra, la que sube al presídium de la Asamblea, su Chimborazo a media docena de escalones de altura, y propone —tras una sarta de expresiones del tipo bobo, ridículo, imbécil, cobarde, y el nuevo improperio de infanto para referirse a Edmundo González— un diálogo político con todos los partidos y movimientos electorales que participaron en las elecciones del 28 de julio.

Primero, los insulta, los llama fascistas y luego los cita a dialogar; primero, los degrada, se burla y después los convoca a conversar con día y sede, aunque sin hora. “El que no quiera venir, que no venga, pero después no vayan a chillar a las cortes españolas”, espeta la versión dos, que es la del presidente de la Asamblea Nacional oficialista.

La sesión ordinaria de la asamblea de Jorge Rodríguez comenzó con una arenga de la segunda vicepresidenta, América Pérez, en honor al “mártir” Robert Serra, cuyo asesinato evidenció un mar de fondo en las filas de la revolución, de lo que no se habla, y de seguidas Rodríguez pidió a la secretaria leer el artículo 130 de la Constitución: “Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”. 

Resulta, según la caprichosa interpretación de Rodríguez, que las leyes electorales vigentes —que han sido modificadas de arriba abajo durante este largo período de legislación revolucionaria— contravienen esas disposiciones constitucionales. La explicación es simple: el artículo citado no advierte que los “fascistas” no pueden hacer uso de los instrumentos electorales, porque los apuntan contra la soberanía y la integridad territorial. No las contraviene, en cambio, ponerle votos a Nicolás Maduro que no tiene.

Lo que plantea el jefe parlamentario del régimen es que antes de que acabe el año habrá nuevas leyes de los partidos políticos y las manifestaciones públicas, de los procesos electorales y hasta del poder electoral. Pero antes ese “diálogo” en el que Rodríguez, o por interpuesta persona, le preguntará, según contó, a sus convidados qué opina de cada una de las leyes electorales. De incógnito, en traje de calle, observará algún avezado interrogador de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar, tan efectiva en sus métodos persuasivos).

La oposición democrática venezolana, la que ganó la elección del 28 de julio con las leyes electorales y el árbitro impuestos por el oficialismo, en un comunicado suscrito por González Urrutia, María Corina Machado y la Plataforma Unitaria, recordó el miércoles de esta semana que han sido reiterados sus llamados a una negociación política con el propósito de iniciar “la transición pacífica y ordenada” a partir del respeto a la soberanía popular expresada el 28J y el mandato constitucional que en consecuencia establece que el 10 de enero Edmundo González tome posesión del cargo de presidente de la República.

No se trata, precisa el comunicado, de revisar las leyes electorales, sino de cumplirlas y acatarlas y, muy obligadamente, el artículo 5 de la Constitución Nacional: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.” 

El señor Rodríguez —expresidente del CNE, por cierto— se puede ahorrar trabajo mostrando las actas del 28J y, si en verdad desea el diálogo y la negociación, puede comenzar por moderar el lenguaje.