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Piden a la Fiscalía revisar casos de ocho adolescentes detenidos en protestas poselectorales

Familiares expresaron su profunda preocupación por el proceso penal que está llevando a cabo contra los adolescentes, al tiempo que denunciaron que no han podido designar un defensor de su confianza
Por EFE
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Un grupo de familiares de detenidos en Venezuela pidió este jueves a la Fiscalía que revise los casos de ocho menores de edad apresados en el contexto de las protestas poselectorales, ya que, según sus allegados, son inocentes y están siendo injustamente criminalizados.

A través de un documento entregado a la Fiscalía en Caracas también se incluyen a siete adultos capturados en protestas posectorales, quienes, junto con los menores de edad, son acusados de delitos graves como terrorismo e instigación al odio, lo que -precisa el escrito- es absurdo y prematuro, pues estas acusaciones fueron formuladas antes de que se hiciera una investigación adecuada y objetiva.

Asimismo, los familiares expresaron su profunda preocupación por el proceso penal que está llevando a cabo contra los adolescentes, al tiempo que denunciaron que no han podido designar un defensor de su confianza.

Irregularidades en las detenciones en protestas poselectorales

Theany Urbina, madre de uno de los menores, afirmó que su hijo, de 16 años de edad, fue detenido el 2 de agosto en la puerta de su casa, sin precisar si había participado en las protestas poselectorales, y se le está imputando terrorismo.

La mujer, que pidió la libertad para todos los menores, aseguró que una buena fuente, que no reveló, le dijo que les quieren imponer una condena de 10 años de prisión.

Por su parte, Dionexis García dijo que a su hermano de 17 años, detenido sin una orden de aprehensión, también el 2 de agosto, se le acusa de «terrorismo, incitación al odio y hurto calificado».

«El expediente claramente dice que no existen pruebas, pero, a través de una jurisprudencia, la Fiscalía dice que se tiene que ir a juicio para ellos buscar la prueba», aseguró García.

Tras las presidenciales del 28 de julio, la mayor coalición opositora denunció como fraudulento el resultado oficial de las elecciones, que declaró ganador a Nicolás Maduro, lo que desencadenó protestas en las que las autoridades registraron 25 muertes y detuvieron a más de 2.400 personas, a quienes la Fiscalía acusa de cometer varios delitos.

La ONG Foro Penal computa 1.867 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre las que hay 1.799 adultos y 68 menores de edad.

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