En Venezuela se registraron 134 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en agosto, 78 casos más que en julio, cuando se documentaron 56, de acuerdo con un informe difundido este miércoles por la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
«En el contexto postelectoral se profundizó la política de criminalización, represión y control social que afecta las acciones de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, aumentando las agresiones y el amedrentamiento en contra de quienes las realizan», indicó la ONG en su más reciente boletín.
Del total de casos, 56 fueron de intimidación y hostigamiento, 47 de estigmatización, 19 amenazas, 5 detenciones arbitrarias, 4 de judicialización y 3 en la categoría de «otros», que no fueron precisados.
Detalló que 72% de los casos registrados fueron ejecutados contra organizaciones no gubernamentales, mientras el restante 28% estuvo dirigido a personas.
Los principales responsables, prosiguió la ONG, fueron medios de comunicación «gubernamentales» (36%), seguido de funcionarios públicos (30%), instituciones públicas (21%), actores afines al gobierno (7%) y organismos de seguridad (6%).
El CDJ indicó que estos hechos van acompañados de campañas sistemáticas de estigmatización, donde «personas y organizaciones son descalificadas y señaladas de enemigas, terroristas, desestabilizadoras, entre otros».
«Asimismo, preocupa la descalificación, amenazas e intimidación generalizada en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el país, enmarcadas en la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines», añadió.
El mes pasado, el Parlamento venezolano aprobó esa ley que ordena la disolución judicial de esas agrupaciones que violen las disposiciones establecidas en la normativa.
Las ONG, de acuerdo con la nueva ley, tienen prohibido recibir aportaciones económicas destinadas a organizaciones políticas o realizarlas a esas formaciones, así como promover «el fascismo, la intolerancia o el odio».
Establece como causales de disolución de esas asociaciones el incumplimiento de las prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta «de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles».
Indica que las organizaciones deberán notificar «el financiamiento o donaciones» que reciban, a fin de «asegurar la licitud de los fondos», además de declarar las «donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes».
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