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Human Rights Watch pide a Colombia tramitar solicitudes de refugio de venezolanos

La organización advirtió que las demoras, que pueden llegar a extenderse hasta tres años, están afectando a al menos 230 personas que se desplazaron de manera forzada
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Human Rights Watch pidió al gobierno de Colombia acelerar los trámites de las solicitudes de refugio presentadas por cientos de venezolanos que migraron al país tras las elecciones del 28 de julio en su país.

La organización advirtió que las demoras, que pueden llegar a extenderse hasta tres años, están afectando a al menos 230 personas que se desplazaron de manera forzada debido a la crisis política en Venezuela, señala Semana.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, destacó que, aunque los migrantes cumplen con los criterios para recibir protección internacional, el proceso en Colombia se encuentra históricamente represado.

Además, señaló la urgencia de permitir a los solicitantes de asilo trabajar mientras se resuelven sus casos, ya que actualmente no cuentan con la posibilidad de generar ingresos durante ese tiempo.

«Le hemos insistido a la Cancillería en la importancia de agilizar su proceso de refugio que, en general, históricamente tiene un alto nivel de represamiento y que además presenta un obstáculo muy importante, y es que durante el trámite las personas no pueden trabajar mientras se resuelve su situación», expresó Goebertus.

La situación ha encendido las alarmas en diversas organizaciones de derechos humanos, que señalan que el número de personas en necesidad de refugio podría aumentar.

Antes de las elecciones en Venezuela, estudios de opinión sugerían que entre 1,5 y 3 millones de venezolanos considerarían emigrar si Nicolás Maduro se mantenía en el poder. Aunque no se ha visto un aumento masivo en los cruces hacia Colombia, las autoridades continúan monitoreando de cerca la situación en la frontera y expertos creen que muchos esperan hasta enero próximo para decidir si salen o no de su país.

Los solicitantes de asilo incluyen activistas, periodistas y personas que participaron como testigos en el proceso electoral, quienes temen por su seguridad debido a las persecuciones y detenciones en Venezuela.

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