Foto EFE
Los venezolanos vivimos en un clima permanente de inquietud y asombro. No hay el menor atisbo de lo que ocurrirá en el país y cada ciudadano teme, con razón, sobre la suerte de su propia seguridad personal y familiar. Cuando se pensaba, se masticaba y se decía, durante la campaña electoral, que lo peor estaba por venir, dando por muy previsible la fenomenal victoria electoral efectivamente alcanzada el 28J, nadie imaginó -quizás tan solo algunos esclarecidos- que eso peor fuera de la hondura escabrosa de lo que se está viviendo en las horas más recientes.
La fuente de tanto desasosiego individual y colectivo es, sin embargo, identificable: la cúpula siniestra atornillada en Miraflores, probadamente incompetente y corrupta para poner el agua y la luz en los hogares, convertida en una engrasada maquinaria para sembrar el terror. Una maquinaria represiva que ha desplegado a la vez, como lo destaca el reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, una acción indiscriminada y focalizada.
Acorralar, amenazar y presionar a Edmundo González Urrutia, el presidente electo de los venezolanos, el símbolo que representa la soberanía popular, se transformó, en la perspectiva señalada, en un objetivo focalizado y perentorio. Primero con insultos y luego con una tenaza de acciones judiciales, policiales e incluso personales, en varios escenarios que provocaron su salida del país hacia España. Ahora sabemos, desde la tarde del miércoles, que González Urrutia fue coaccionado a firmar una carta en el que acata la cocinada sentencia del Tribunal Supremo que convalida la victoria electoral de Nicolás Maduro. Solo así se concederían los respectivos salvoconductos para él y su esposa.
Esto último ocurrió, como se sabe, en la residencia del embajador español en Caracas, Ramón Santos, quien le abrió las puertas a Jorge Rodríguez y a su hermana Delcy Rodríguez, para que frente a él se consumara la rúbrica del documento que el régimen pretende usar para seguir ocultando la presentación de las actas del escrutinio electoral del 28J. Santos, que tiene casi 40 años de carrera diplomática, debía saber que el hombre que estaba solicitando el asilo en su país, Edmundo González, era una víctima de persecución política y quienes lo forzaron a firmar, dos de sus victimarios más encumbrados.
El gobierno de Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones del comportamiento de su representante diplomático en Caracas. El líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido la comparecencia inmediata de Sánchez en el Congreso de los Diputados. “La diplomacia española, pilar esencial de la diplomacia europea en Iberoamérica, no puede estar al servicio de un régimen dictatorial”, afirmó el líder del Partido Popular. Los oficios de José Luis Rodríguez Zapatero, señala incluso el diario El País, estaban de por medio en el episodio de la embajada.
Nada impidió, sin embargo, que ayer el Parlamento Europeo reconociera a González Urrutia como el “presidente legítimo y democráticamente electo” de Venezuela, con los votos de los populares y la derecha más radical. La socialdemocracia votó en contra, con la excepción de un grupo de eurodiputados de Portugal, bajo el argumento de que es un reconocimiento precipitado. Parece seguir apostando por la “mediación” ante una tiranía negada a cualquier negociación política.
Lo firmado por González Urrutia, como él mismo dijo en su comunicado del miércoles, carece de cualquier validez por las circunstancias y maneras en que se produjo. Nadie que haya oído hablar un par de veces a Jorge Rodríguez desconocerá que la descalificación y la amenaza son la sustancia malévola de su repertorio.
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