Rol de la sociedad civil en las elecciones presidenciales de 2024: Sociedad civil en Venezuela (II)

En diversos artículos sobre el papel de la sociedad civil en Venezuela, se suele encontrar referencias a sus orígenes en nuestro ámbito sociopolítico hacia los años setenta. Al resumir el significado de manera concisa, sin entrar en detalles sobre las variadas opiniones de los autores mencionados anteriormente, se puede definir generalmente como la locución que se refiere «a las instituciones que existen en el ámbito público intermedio entre el gobierno y lo familiar, o lo estrictamente privado». Esta concepción separa de manera inmediata a la sociedad civil de los partidos políticos, independientemente de la aceptación o rechazo que muchos analistas tengan sobre tal escisión.

Prácticamente en casi todos los países latinoamericanos, y Venezuela en ese conjunto, la noción de sociedad civil surge con un sesgo claramente antagonista al Estado Nacional. Esta locución en Venezuela expresa, como hemos dicho supra, un rechazo hacia los partidos políticos que operaban como los únicos intermediarios entre el Estado y la sociedad. Ha transcurrido ya medio siglo y el papel de la sociedad civil ha cambiado; ha transitado desde una perspectiva económica a un punto de vista social e, incluso, ha girado a un enfoque judicial.

Para muchos de los lectores les debe resultar familiar la expresión «fuerzas vivas de la sociedad», frase que se solía emplear antes de que fuese acuñado el término «sociedad civil» para referirnos a esta esfera social. Las conversaciones y acuerdos se daban en el terreno de lo económico y las reuniones se concertaban con los sindicatos y los grupos empresariales.

Entramos así en una etapa muy controvertida políticamente en el país, los años ochenta, que, al igual que otros países de América Latina, se le conoce con la denominación «la década perdida». Durante las décadas de 1980 y 1990, Venezuela experimentó una profunda recesión económica que tuvo un impacto significativo en la sociedad y la política. Hay dos fechas que han quedado marcadas en la memoria colectiva, el conocido «Viernes Negro», 18 de febrero de 1983, cuando fue repentinamente suspendido el libre cambio del dólar, situación que se mantuvo por diez días. Esta disposición cambiaria fue el efecto de las políticas económicas efectuadas por el presidente de ese momento, Luis Herrera Campins. La otra fecha fue el famoso «Caracazo», 27 de febrero de 1989, cuando se inició en las afueras de Caracas una oleada de protestas. Las manifestaciones surgieron como respuesta al incremento en el precio de la gasolina y el transporte urbano, decisiones tomadas durante el segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez. Estas protestas se propagaron por todo el territorio venezolano desencadenando importantes disturbios. Fue un momento crítico en la historia contemporánea de Venezuela, con repercusiones significativas en la sociedad y la política del país.

Tras la crisis de los años ochenta, la sociedad experimentó un aumento significativo en la representación de diversos movimientos sociales, abarcando áreas como los derechos de la mujer, la infancia, el medio ambiente, la juventud, los grupos étnicos marginados, los sectores empobrecidos y las asociaciones de vecinos, entre otros. En ese tiempo, el Estado recurrió a las ONG de Desarrollo Social para obtener asesoramiento de la sociedad civil. A su vez, la sociedad civil veía al Poder Ejecutivo como un aliado para llevar a cabo programas sociales en conjunto o como un canal para presentar sus demandas. A medida que se produjo la descentralización, los gobiernos estatales y locales se convirtieron en actores de gran importancia para la sociedad civil. Anteriormente, la interacción con el Poder Legislativo, mediada por los partidos políticos, no era una prioridad para la sociedad civil, ya que consideraban que este ámbito correspondía a los partidos.

A partir de los años noventa, el sistema político de Venezuela fue experimentando una serie de transformaciones significativas. Uno de los cambios más notables fue la crisis que enfrentaron los partidos políticos tradicionales, lo que condujo a la ruptura del dominio ejercido por los dos principales partidos, Acción Democrática y Copei. La democracia venezolana, caracterizada en algunos estudios y análisis como una democracia de partidos, se basaba en la estrategia de estos para preservar y consolidar el sistema democrático, desplazando a los militares como actores preponderantes en la esfera política y organizando diversos aspectos de la vida social en Venezuela. Sin embargo, al entrar en los noventa, la crisis fue en aumento, los partidos fueron perdiendo parte de su respaldo tradicional, se instauró un discurso antipartidos y antipolítica, que permeó hasta los tuétanos a la sociedad venezolana, dando lugar a una crisis que transformó todo el panorama político, trayendo un corolario inmediato, el surgimiento de nuevas alternativas políticas de enfoques hegemónicos.

Hubo varios factores involucrados en la convulsión del sistema de partidos en Venezuela que entraron en fuerte desprestigio y casi terminan desapareciendo del escenario sociopolítico venezolano. Algunos analistas, como es el caso de M. Kornblit, señalan que el deterioro de la situación socioeconómica en general y las dificultades para satisfacer las demandas de los venezolanos desencadenaron la crisis. Otros mencionan que los escándalos de corrupción dañaron la imagen y la confianza del pueblo en los políticos tradicionales.

Durante la década de los noventa, se observó un crecimiento significativo de las organizaciones y la implementación de numerosos programas sociales a nivel nacional en Venezuela. Se buscaba llevar a cabo reformas que fomentasen la expansión de la sociedad civil. Se iniciaron procesos de reforma del Estado, incluyendo la descentralización administrativa mediante la transferencia de competencias a los gobiernos locales, la elección directa de gobernadores y alcaldes, así como la ampliación de espacios para la acción autónoma de diversos actores sociales a través de la privatización, la delegación de competencias y los acuerdos de ejecución. Las entidades privadas que contrataban con el Estado se convirtieron en los principales mediadores entre éste y la sociedad, lo que redujo la influencia de los partidos políticos.

Se establecieron organizaciones privadas sin fines de lucro para aprovechar las oportunidades de recibir importantes recursos públicos, y aumenta la dependencia financiera del gobierno en las organizaciones de la sociedad civil. Este período marca una importante transformación en los procesos venezolanos, especialmente con la reforma constitucional de 1999, para establecer una «sociedad democrática, participativa y protagónica», otorgando mayor preponderancia a la sociedad civil en relación con el gobierno, con el objetivo de desplazar a los partidos políticos.

Aparece de esta manera una división entre una sociedad civil que comienza a oponerse a las políticas gubernamentales y a exigir mejoras al gobierno, y un grupo manejado por el propio régimen para ejecutar políticas sociales, que controlan la distribución de servicios básicos, la alimentación y que ha servido para intimidar a la población más necesitada. Esta distorsión de la sociedad civil ha dejado una marca significativa en los últimos 25 años de la política venezolana. Incluso en la Constitución de 1999, se establece una clara distinción entre el partido político y la sociedad civil. En el artículo 296 se especifica que el Consejo Nacional Electoral estará integrado por 5 personas no afiliadas a organizaciones políticas, de las cuales 3 serán postuladas por la sociedad civil. De tal manera que presenciamos una ruptura con la parte política.

Al recordar cómo comencé el artículo hablando del concepto aristotélico del «zoon politikon», con su carácter social y político, se observa que esta separación entre la sociedad civil y la sociedad política, a pesar de algunas precisiones que podríamos mencionar, de haberse mantenido, no hubiésemos llegado a la etapa que vivimos hoy en día. Esa etapa no es otra que el papel desempeñado por la sociedad civil en el rescate de la democracia venezolana. Este aspecto lo trataré en el último de los artículos de esta serie.