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Protestas en Venezuela: investigación de HRW vincula a fuerzas de seguridad con asesinatos

Human Rights Watch pide que se impongan sanciones individuales a los responsables de violaciones de derechos humanos en el país, incluyendo miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana, así como a colectivos armados, jueces y fiscales
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Una investigación reciente de Human Rights Watch vincula a funcionarios de las fuerzas de seguridad con muertes ocurridas en las protestas postelectorales en Venezuela.

«Pruebas creíbles recogidas por Human Rights Watch implican a las fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana en varios asesinatos», señala el informe publicado el miércoles 4 de septiembre.

 

Human Rights Watch advierte que, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, las autoridades del país han llevado a cabo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Esto incluye acciones represivas no solo contra los manifestantes, sino también contra transeúntes, líderes de la oposición y críticos del gobierno.

Las violaciones pueden incluir detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tortura y otras medidas que limitan la libertad de expresión y de protesta. Así demuestra una represión generalizada en respuesta a la disidencia o descontento poselectoral.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, expresó: «La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal. La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado».

24 asesinatos en protestas, 11 verificados por Human Rights Watch

La ONG destacó que recibió información confiable sobre 24 asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas, incluida la muerte de un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. Estos reportes provienen de organizaciones locales independientes y también han sido identificados a través de redes sociales.

HRW aseguró que verificó de forma independiente 11 de estos casos, utilizando actas de defunción, videos, fotografías y entrevistas con testigos y fuentes locales. Destacó asimismo que el temor a represalias del gobierno impide que muchos familiares y testigos brinden más información, lo que evidencia el ambiente de intimidación y miedo.

Foto: Yuri Cortez / AFP

 

En ese contexto, la organización internacional destacó la importancia de apoyar las iniciativas destinadas a asegurar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esto incluye la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que investiga estos abusos.

También destaca la necesidad de respaldar la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y sugiere considerar sanciones individuales contra los responsables de estas violaciones. La organización busca garantizar justicia y responsabilización en el contexto de la crisis venezolana.

HRW pide que se impongan sanciones

En el informe, Human Rights Watch propone asimismo que los gobiernos de todo el mundo adopten acciones urgentes para promover la rendición de cuentas y garantizar el respeto a los resultados de las elecciones del 28 de julio.

Las medidas que sugiere incluyen:

1.- Exigir públicamente y en privado a Maduro que cese la represión contra manifestantes, publique las actas de escrutinio de cada mesa electoral, permita una verificación independiente de los resultados y respete la voluntad de los venezolanos.

2.- Explorar mecanismos multilaterales para influir en los aliados internacionales de Maduro, como Cuba, y en empresas petroleras que operan en Venezuela, para que presionen por la transparencia en el proceso electoral y el respeto al voto.

3.- Renovar el mandato de la misión independiente de la ONU para seguir investigando las violaciones de derechos humanos.

4.- Imponer sanciones individuales a los responsables de abusos, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, colectivos armados, jueces y fiscales.

5.- Ampliar el acceso al refugio y protección internacional para los venezolanos forzados a huir del país.

6.- Apoyar la investigación de la CPI sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, asegurando los recursos necesarios para avanzar en los casos.

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