El gobierno anunció este lunes que se reservará el derecho de emprender acciones legales para «reparar» el daño causado por la confiscación del avión oficial de Nicolás Maduro, el cual fue tomado en la República Dominicana por orden de las autoridades de Estados Unidos, con motivo a las sanciones aplicadas al chavismo.
Venezuela «se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal» de Estados Unidos, señaló el Ejecutivo de Maduro en un comunicado, en el que tildaron la confiscación de «piratería».
Según Washington, la aeronave, que fue transferida a Florida por haber sido «comprada ilegalmente» por 13 millones de dólares, es un Dassault Falcon 900EX propiedad de Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre.
El avión de Maduro
Estados Unidos confiscó este lunes en la República Dominicana el avión oficial de Nicolás Maduro, con base en las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela, informó en exclusiva CNN.
Dos funcionarios estadounidenses dijeron a la cadena que Estados Unidos trasladó el avión a Florida este lunes.
«Incautar el avión del jefe de Estado extranjero es algo inaudito en asuntos penales. Estamos enviando un mensaje claro aquí de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses», apuntó uno de los funcionarios a CNN.
Todavía no hay confirmación oficial sobre lo sucedido, un presunto decomiso que se dio después de que Estados Unidos determinó que la adquisición de la aeronave «violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales», apunta la cadena de televisión.
El avión, cuyo costo se estima en alrededor de 13 millones de dólares, había estado en la República Dominicana en los últimos meses.
Los funcionarios estadounidenses no revelaron por qué, pero se presentó «una oportunidad» para confiscar la aeronave en una operación en la que estuvieron involucradas varias agencias federales, que trabajaron «en estrecha colaboración con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación».
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