A dos semanas de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declarara ganador a Nicolás Maduro de las elecciones presidenciales del 28 de julio, desatando una inmensa ola de protestas y represión, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, atendió a El Tiempo para hablar sobre la situación humanitaria en el país vecino y sus efectos en Colombia.
Juanita Goebertus, directora de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW). Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo
—¿Cuál es la evaluación de HRW sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela tras dos semanas de las elecciones?
—Estamos muy preocupados desde la noche del 28 cuando empieza a ser evidente que el ritmo al cual estaban entrando las actas empieza a frenarse y cuando la oposición empieza a denunciar que varios de los puestos de votación no les estaban permitiendo a los testigos tener acceso a las actas, con razón empiezan a salir venezolanos a ejercer su derecho a la protesta mayoritariamente pacífica, pero empieza a darse una represión brutal por parte del régimen.
—¿Qué información tiene HRW sobre las detenciones arbitrarias y muertes durante las manifestaciones en Venezuela?
—A la fecha tenemos reportes de más de 2.200 capturas; estamos haciendo especial seguimiento a los reportes de 25 casos de muertos en protestas postelectorales, más de 90 heridos y más de 20 desaparecidos. Es realmente brutal la represión que está ejerciendo el régimen venezolano para evitar hacer lo que le corresponde que es publicar las actas y permitir veeduría internacional y ciudadana.
—¿Se le puede dar crédito a las actas publicadas por la oposición?
—Con lo que conocemos de las actas que ha publicado ya la oposición y con lo que ha dicho de manera muy clara el Centro Carter, que era uno de los monitores electorales autorizados por el propio gobierno de Nicolás Maduro, es que es evidente que los resultados electorales dan cuenta de un triunfo muy significativo por parte de Edmundo González, el candidato de la oposición.
—Vuelvo al tema de la represión. ¿Qué patrones han identificado en las detenciones?
Protestas en Catia contra el resultado de la elección presidencial. Foto: AFP
—Lo primero que nos preocupa mucho es que están procesando de manera casi que automática por el delito de terrorismo. Esto es algo distinto a lo que se dio en las protestas de 2014 y 2017 y tiene una implicación muy grande y es que se les priva de la libertad de manera automática, los llevan a los tribunales de terrorismo en Caracas. Les hacen audiencias virtuales desde los centros de detención, en la mayoría de los casos sin acceso a la defensa de abogados de confianza y sin acceso a familiares. En cuanto al tipo de víctimas, algunas protestaban, muy concentradas en barrios populares a diferencia de 2014 y 2017, especialmente en Caracas, donde se concentran sectores poblacionales más pobres y excluidos que usualmente apoyaban al chavismo y que votaron a favor de la oposición manifestándose públicamente en defensa de la transparencia electoral. Vemos también capturas de transeúntes incluso personas que no tenían nada que ver ni siquiera con la manifestación con la protesta y aun así están siendo víctimas directas. Y por supuesto, el uso del amedrentamiento en redes sociales con la operación con Tun Tun para ir detrás de capturas más selectivas, en contra de manifestantes, de líderes políticos, defensores de derechos humanos, incluso de testigos electorales.
—¿Con los abusos vistos en Venezuela tras el 28 de julio puede intervenir la Corte Penal Internacional?
—La Corte Penal Internacional desde su Fiscalía tiene abierta una investigación formal por la situación en Venezuela. Hay que recordar que la misión de los hechos creados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Ginebra en sus varios informes ya ha llegado a la conclusión de que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad, constitutivos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y toda esa información que ha recolectado ha sido entregada a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Hasta el momento, el fiscal Khan ha hecho un proceso de colaboración con el gobierno de Nicolás Maduro en donde ha anunciado que la investigación continúa, se ha anunciado la apertura de una oficina en Caracas y que continúa recolectando información. Desde distintas organizaciones hemos insistido que estas nuevas dinámicas de represión deben ser incorporadas dentro de esta investigación y que esta debe avanzar cuanto antes hacia la solicitud de órdenes de captura.
—El próximo sábado hay nuevas manifestaciones convocadas por la líder opositora María Corina Machado. ¿Les preocupa lo que pueda suceder en esta jornada?
—Es esencial hacerle un llamado al gobierno de Nicolás Maduro a abstenerse de hacer un uso arbitrario de la fuerza en contra de estas personas. Insisto, los venezolanos y venezolanas tienen derecho a la protesta pacífica, tienen derecho a defender que su voto sea contado, que haya transparencia en los resultados electorales, como lo establece el derecho a que hagan las elecciones libres y justas y como lo establece el propio derecho electoral venezolano.
—¿Qué acciones concretas recomienda HRW que tomen los gobiernos de Colombia, Brasil y México para abordar la crisis en Venezuela?
Presidentes Petro, Lula y AMLO Foto: Archivo
—Que insistan en la necesidad de exigirle a Maduro que cese toda la represión en contra de las personas que se están manifestando y que permita el acceso a todas las actas de manera transparente. En este momento es en el interés de todo el pueblo venezolano y francamente de toda América Latina que se agoten todos los canales, tanto la demanda internacional como las acciones judiciales, como los canales diplomáticos para lograr que Venezuela regrese a la democracia.
—¿Es posible negociar con el régimen mientras hay una ola de represión y amenazas judiciales?
—Insisto, la represión debería cesar, es la obligación que tiene el gobierno venezolano, es frente a lo cual van a tener que responder penalmente tanto en Venezuela como a nivel internacional, probablemente no ya porque tienen cooptado el sistema judicial, pero si algo nos muestra las experiencias internacionales es que los líderes autoritarios se enfrentan años y años después a procesos en su contra. Queremos tener alguna esperanza de que algo de ese canal diplomático funcione. Insisto, basado en principios, basado en exigir que se acabe la represión, basado en exigir que se reconozcan los resultados electorales, dando total transparencia.
—El canciller Luis Gilberto Murillo dice que hasta el momento no hay un aumento del flujo migratorio. No obstante, los gobernadores de departamentos fronterizos están preocupados. ¿Qué información tienen ustedes del comportamiento del flujo migratorio hasta el momento y qué es lo que esperan?
—Estamos muy preocupados. En primer lugar, en las encuestas previas a la elección, entre 1.5 y 3 millones de venezolanos señalaron que estarían considerando migrar si Nicolás Maduro se mantenía en el poder. Si bien en este momento con los reportes que tenemos los flujos migratorios no parecen todavía haber incrementado de manera dramática, lo que sí sabemos es de personas que de una manera mucho más selectiva (defensores de derechos humanos, líderes políticos y testigos) están siendo amenazados y están saliendo del país. Nos preocupa especialmente el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro esté invalidando pasaportes, lo que hace que líderes de derechos humanos que han tratado de salir del país se hayan visto enfrentados en algunos casos a detenciones. Colombia en especial debería tomar medidas para garantizar que estas personas que potencialmente son sujetos de refugio puedan acceder a territorio colombiano para solicitar cuanto antes su protección internacional como refugiados.
Gobernador de La Guajira solicita al canciller Murillo intervención especial fronteriza para atender la crisis migratoria. Foto: Gobernación de La Guajira.
—¿Está subestimando el gobierno colombiano lo que podría pasar en la frontera?
—Hace rato que la intervención fronteriza es necesaria, me preocupa mucho que no se entienda eso. Yo diría que a los buenos oficios del canal diplomático tienen que sumarse todos los esfuerzos territoriales para apoyar a los gobiernos locales en la recepción de migrantes, pero sobre todo para tomar medidas para garantizar la protección internacional de personas que están siendo perseguidas dentro de Venezuela por el rol que tuvieron durante la campaña opositora e incluso durante el escrutinio electoral.
—A propósito de intervención fronteriza, ¿cómo ha visto la situación en el Darién tras los cierres del gobierno panameño?
—Paradójicamente el propio presidente panameño reconoció que los cierres eran más filosóficos que reales. Y lo que nosotros hemos visto en terreno es que esa es la realidad. La gente en la práctica termina cruzando distintas maneras por la selva. Pretender imponer bloqueos no reduce el flujo migratorio, lo que hace es empujar a los migrantes a caminos más peligrosos, usualmente más vulnerables, a la presencia del crimen organizado y a violaciones a derechos humanos. No hemos visto que las medidas de Panamá hayan reducido el flujo de migrantes, muy por el contrario, hemos visto que los siguen exponiendo a pasos de inmensa peligrosidad y de riesgo.
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