En un giro significativo dentro de uno de los casos más importantes de los últimos años, Iván Freites y otros demandantes presentaron el miércoles 7 de agosto un Aviso de Apelación ante el Tercer Circuito de los Estados Unidos. La apelación responde a las órdenes orales [1218] y [1226] emitidas en el caso Crystallex International Corporation vs. República Bolivariana de Venezuela, caso número 1:17-mc-00151-LPS. Estas órdenes están relacionadas con una solicitud presentada por los trabajadores, la cual fue inicialmente denegada por el juez.
La documentación pública disponible muestra que el juez había negado a los demandantes la posibilidad de presentar las evidencias que demuestran sus alegatos. Estas pruebas implicarían a funcionarios del gobierno interino, CITGO y PDVSA según los escritos consignados ante el Tribunal.
El caso, que ha sido objeto de atención internacional, se centra en el intento de Crystallex International Corporation de recuperar una compensación de $1.4 mil millones otorgada por un tribunal de arbitraje en 2016. Esta compensación resulta de la expropiación de sus activos mineros en Venezuela por parte del gobierno del expresidente Hugo Chávez en 2008. Crystallex ha buscado cobrar esta suma mediante la venta de los activos de CITGO Petroleum Corporation, una filial de PDVSA en Estados Unidos. A este reclamo de Crystallex se han unido diversos acreedores con lo cual el reclamo es por un monto superior a veinte mil millones de dólares.
Caso CITGO-Crystallex
Iván Freites, sindicalista y figura prominente en el sector energético venezolano, junto con otros demandantes, ha cuestionado las decisiones del juez Leonard P. Stark del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware. Las órdenes orales [1218] y [1226], ahora impugnadas, están directamente vinculadas a la solicitud presentada por los trabajadores de CITGO, quienes buscaban una resolución favorable en medio del complejo proceso de liquidación.
La apelación ante el Tercer Circuito podría retrasar el proceso de venta de CITGO y añadir una nueva capa de complejidad a un caso ya de por sí intrincado. Según Freites, las decisiones judiciales previas no han considerado adecuadamente ciertos aspectos legales y económicos que podrían afectar no solo a los acreedores sino también a la soberanía y los intereses nacionales de Venezuela.
El proceso legal ha sido seguido de cerca no solo por los actores directos del caso sino también por otros acreedores de Venezuela y observadores internacionales. La resolución de este conflicto tiene implicaciones significativas para el futuro de las relaciones comerciales y legales entre Venezuela y sus acreedores internacionales, así como para la estabilidad económica del país.
El resultado de la apelación podría establecer un precedente importante en cuanto a cómo se manejan las reclamaciones contra estados soberanos en el ámbito internacional. Mientras tanto, tanto Crystallex como la República Bolivariana de Venezuela, junto con PDVSA y CITGO, continúan esperando las próximas decisiones judiciales que definirán el curso de este prolongado y complicado litigio.
Los próximos pasos en este caso serán observados de cerca, y la comunidad internacional permanece atenta a cómo se desarrollarán los eventos en las semanas y meses venideros. Esta apelación es solo el último giro en una saga que ha expuesto las dificultades y desafíos de lidiar con disputas legales y financieras a nivel global.
Nota de prensa
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