Un poco de memoria histórica

El 15 de diciembre de 1957, tuvo lugar el plebiscito convocado por el régimen de Marcos Pérez Jiménez, con el señalado propósito de obtener el respaldo popular para la continuidad del presidente en funciones de gobierno por el período 1958-1963 y la ratificación de senadores y diputados al Congreso de la República, así como de representantes en asambleas legislativas estadales y concejos municipales a nivel nacional. La Constitución de 1953 conminaba a la inminente votación universal, directa y secreta de los aspirantes a cargos de elección popular –no se reconocía el plebiscito como modo de consulta pública para los fines propuestos–. La oposición política señaló entonces la ausencia de base legal para la convocatoria y por tanto decidió no participar en la consulta. Aun así, el régimen siguió su marcha, verificándose el acto comicial y resultando aprobada por mayoría de votos –ese fue el dato oficial transmitido a la población por el Consejo Supremo Electoral el 21 de diciembre–, la permanencia en sus cargos respectivos tanto de altos funcionarios de la administración pública, como de los parlamentarios. Los datos oficiales indicaron que la opción del “Sí” había obtenido el 86,7% de los votos, un resultado que no fue reconocido por ningún partido político u organización opositora, elevándose serias sospechas de manipulación ventajista de los cómputos finales.

En ese mismo año de 1957, los principales líderes de los tres partidos políticos de oposición –AD, URD y Copei–, abogaron por la vía pacífica electoral para sortear la crisis nacional. Rómulo Betancourt dirá desde su exilio en Puerto Rico, que la oposición no planteaba atentados ni insurrecciones, limitando su petitorio a la amnistía para los presos y desterrados políticos, así como elecciones libres. Jóvito Villalba igualmente se pronunciará desde Nueva York por la salida institucional, como mejor garantía para la vida económica de la nación y para la estabilidad y progreso de la industria petrolera. Rafael Caldera hará lo propio desde Panamá, en defensa de un ideal democrático socialcristiano que les había costado represalias y cárcel. En ningún momento se desdoblaron entre los líderes nombrados, posibles sentimientos retaliativos. Sin embargo, el régimen hizo oídos sordos, desestimando aquella oportunidad de encauzar ordenada y cívicamente la reconciliación nacional. Ello tropezó con el ambiente regional latinoamericano que ya se había volcado como poco propicio al sostenimiento de gobiernos autoritarios y de allí la búsqueda de salidas pacíficas y democráticas a los problemas planteados.

En el libro «escrito de memoria», Laureano Vallenilla Lanz dirá a Pérez Jiménez, que su continuidad en el mando de la República quedaba supeditado a las conversaciones que debía celebrar con los oficiales del Ejército: “…no pierda de vista que su fuerza emana de allí y no de las urnas…”. Vallenilla Lanz y Rafael Pinzón se ocuparán de redactar una nueva Ley Electoral, un texto corto que contemplaba la posible reelección del presidente, votando con una tarjeta azul –la opción del “No” debía realizarse con la tarjeta roja–. Previo a la celebración del plebiscito, Pérez Jiménez se reunirá con los militares, con el objeto de informarles sobre esos y otros particulares –reuniones que culminarán en malas impresiones para los concurrentes, producto de escasos argumentos de respaldo a su posición y exiguas seguridades de mejoramiento económico–. Sobre esto, cabe citar nuevamente a Vallenilla Lanz, quien comenta sobre la alarma que una de esas reuniones causó en un Mayor del Ejército, cuyo nombre no quiso recordar: “…En su concepto, el presidente está bajo la influencia del Alto Mando Militar, integrado por cortesanos y por tímidos sin prestigio en el seno de las Fuerzas Armadas…”. En contraste con lo apuntado –añade Vallenilla–, el grupo joven “…formula críticas contra el régimen imperante…”.

La falacia electoral –nos dice Tomás Enrique Carrillo Batalla–, “…fue puesta en práctica con todo rigor en el proceso previo al acto de votaciones…”. Para ello reproduce en su investigación sobre la caída de Pérez Jiménez, testimonios de quienes sintieron la presión ejercida sobre el funcionariado civil para que votaran a favor de la tarjeta azul. También el funcionariado militar, tal y como consta del valioso testimonio aportado por el coronel Carlos Gámez Calcaño –de grata memoria–, sintió el asedio de quienes se jugaban la suerte en el plebiscito. Todo ello, aunado a la grave sospecha de alteración de resultados finales a manos del ente comicial, determinó los efectos desastrosos de la consulta, cuya responsabilidad –tal y como concluye el citado Carrillo Batalla–, recae enteramente sobre los hombros de Pérez Jiménez, Vallenilla Lanz y Pinzón.

José Giacopini Zárraga –también de muy grata memoria–, coincidía con Vallenilla Lanz sobre el tema de los fundamentos del régimen. Solía recordarnos su reiterada advertencia al general Pérez Jiménez, acerca de la impertinencia de someter a la voluntad popular su permanencia en el cargo –más aún si los resultados se anticipaban adversos–. Lo antes dicho –añadía Giacopini–, tendrá sus efectos sobre la opinión pública nacional e internacional. En días posteriores, la oposición cobrará mayor empaque y aparecerán documentos suscritos por figuras importantes del país, sugiriendo cambios de política y objetando los procedimientos hasta ese momento empleados.

La historia se prolongará en los sucesos ocurridos a partir del 1º de enero de 1958, hasta que se producirá una salida definitiva de la crisis. Venezuela había cambiado aún antes de la celebración del plebiscito, algo que el alto gobierno no atinó a comprender en su justa medida. Así las cosas, todo parece indicar que la alineación de las fuerzas morales de la sociedad nacional –los valores, costumbres e instituciones fundamentales–, favoreció la relativamente serena evolución sociopolítica anhelada por las grandes mayorías.