En agosto de 2023, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo designó a los cinco rectores de un nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), ente regulado por una ley orgánica propia y al que la Constitución vigente de 1999 reconoce como cabeza del Poder Electoral.
Las postulaciones y posterior selección de los rectores por parte del parlamento oficialista obedecieron a la renuncia coreografiada de sus antecesores, en junio del mismo año. La necesaria renovación, hecha de cara a las entonces apenas probables elecciones presidenciales de 2024, conservó la proporción de la directiva previa, con la que se garantizó el predominio del gobierno en ese organismo: tres rectores de afiliación chavista, y dos de la oposición.
La asignación por cuotas contraría lo establecido por la misma Constitución, cuyo artículo 296 reza de manera explícita: “El CNE estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”. Pero la fórmula, sintetizada tras arduas negociaciones políticas, al menos extiende una pátina de pluralidad sobre la imagen del árbitro electoral.
Los dos rectores elegidos entonces para representar a la oposición fueron Juan Carlos Delpino, vinculado al partido Acción Democrática (AD), y Aime Nogal, cuyos lazos con Manuel Rosales, excandidato presidencial, actual gobernador del estado Zulia, y líder del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), eran ampliamente conocidos.
Las elecciones presidenciales fueron programadas para el 28 de julio de 2024. La jornada, que en efecto se cumplió el pasado domingo, concluyó con el anuncio del primer boletín de unos resultados inverosímiles que otorgaron el triunfo, con algo más de 5,1 millones de votos, al presidente Nicolás Maduro, tras el cómputo presunto de 80% de las actas. Desde esa misma noche, violentos disturbios brotaron en Caracas y otras ciudades, para protestar contra lo que la oposición y gran parte de la comunidad internacional denuncian como un fraude masivo.
A cargo de Elvis Amoroso, presidente del organismo, también exdiputado y excontralor general chavista, estuvo el anuncio del dudoso escrutinio. Junto a él y los otros representantes del gobierno, compareció Aime Nogal, quien figura entre los signatarios del boletín.
El otro rector opositor, Juan Carlos Delpino, no acompañó el anuncio y desde entonces permanece en la clandestinidad, según diversas versiones.
La estupefacción se extendió entre periodistas y por las redes sociales. ¿Qué podía haber pasado para que una ficha opositora terminara por convalidar lo que puede constituir el más grave delito electoral en la historia de Venezuela, justo en una fecha clave para la lucha democrática? Pero no a todos tomó por sorpresa la presencia de Aime Clarisa Nogal Méndez -su nombre verdadero en los registros legales- avalando los resultados esa noche. Ante el corro político que trasiega y ejecuta decisiones tanto en el organismo electoral como en la oposición, Nogal había dado señales sobre la fragilidad de su lealtad política, que fue cambiando de color, desde el azul inicial, hasta la noche del domingo, cuando estalló de rojo carmesí.
“En las primeras reuniones de trabajo yo pensé, aquí no estamos tres a dos [rectores del chavismo y de la oposición, respectivamente], aquí estamos cuatro a uno”, cuenta sobre la actitud de Nogal Méndez en el CNE una de las fuentes vivas consultadas para esta nota, que hablaron todas con la condición de resguardar su identidad. Y no quedó otra: tras la brega política que significó insertar a Nogal en el directorio del organismo electoral, ya no había vuelta atrás en su designación. “La fuerza de los hechos nos obligó a trabajar con ella”, dice otro declarante.
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