Dictadura militar

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Según lo establecen las diversas definiciones, una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en el cual las funciones ejecutiva, legislativa y judicial es controlada por las fuerzas armadas que impiden cualquier forma de control democrático y social.

No hay la menor duda de que en Venezuela existe una dictadura militar. Maduro y los sectores minúsculos del PSUV perdieron la calle hace mucho tiempo. Una demostración de ello es el deseo de cambio manifestado en las urnas este 28 de julio, en donde la sociedad venezolana en una relación 7 contra 2, le dijo al régimen autoritario: no queremos más dictadura.

Nicolás Maduro ha elegido deliberadamente el camino de la dictadura, asegurándose un lugar en la historia como un líder autoritario. Su gestión ha desatado una peligrosa caja de Pandora, sumiendo al país en una crisis de proporciones impredecibles. La situación en Venezuela ha llegado a un punto crítico, y la suerte del pueblo parece estar en juego en un escenario cada vez más sombrío.

En las elecciones celebradas el domingo 28 de julio, Edmundo González Urrutia obtuvo una victoria contundente. Las encuestas de salida, realizadas por los medios más prestigiosos e independientes, mostraron que González Urrutia había superado a Maduro por más de 30 puntos, obteniendo alrededor del 65% de los votos. Esta clara ventaja en los resultados reflejaba el deseo mayoritario de cambio en la población venezolana.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, dirigido por Elvis Amoroso, un cercano aliado de Maduro decidió ignorar el veredicto de las urnas y otorgar la victoria al dictador. Esta decisión no solo desafía la voluntad popular, sino que constituye un fraude flagrante contra los principios democráticos. La manipulación del proceso electoral por parte del régimen de Maduro subraya la falta de legitimidad y el desprecio por la democracia en Venezuela, llevando al país a un futuro incierto y profundamente preocupante. Con este fraude no se pone fin a la esperanza. No se apagan las luces del país como lo hicieron en las oficinas del CNE, luego de emitir el primer y único boletín muy tarde en la noche.

No es necesario ser un experto en ciencias políticas para identificar los errores garrafales cometidos durante el proceso electoral reciente en Venezuela. Los desvíos porcentuales y las irregularidades son tan evidentes que resultan inverosímiles. La falta de transparencia y los errores flagrantes en los resultados, como el sorprendente saldo que supera el 132%, revelan la magnitud de la trampa orquestada por Elvis Amoroso y su equipo. Este insólito error en el conteo de votos es una prueba irrefutable de la manipulación y el fraude, que deja en evidencia no solo a Amoroso, sino también al dictador Nicolás Maduro y a todos sus cómplices.

A pesar de la actuación desesperada de Amoroso, quien, después de llevar a cabo el robo del siglo, ordenó el desalojo del Consejo Nacional Electoral (CNE) y apagó las luces para intentar encubrir la farsa, el país no se detendrá. El pueblo venezolano ha decidido mantener las luces encendidas y no descansará hasta alcanzar el desenlace que esperábamos lograr el 28 de julio. La resistencia y la lucha por la justicia y la democracia siguen vigentes, y el compromiso de los ciudadanos es tan crucial como la confianza depositada en María Corina Machado y su equipo.

La situación actual exige que todos los venezolanos se unan en el esfuerzo por recuperar la legitimidad y la justicia. La victoria de Maduro, obtenida a través del robo de elecciones, no refleja la verdadera voluntad del pueblo, que anhela libertad y democracia. Su actitud nihilista y autoritaria está llevando a la nación a una situación de secuestro prolongado, utilizando el proceso electoral como un medio para buscar legitimidad internacional. Sin embargo, el resultado ha sido completamente opuesto. La comunidad internacional y las naciones libres han desestimado a Maduro, reconociendo la falsedad de su régimen y la ilegitimidad de sus acciones.

La lucha por la democracia en Venezuela es una batalla que continúa, y la determinación del pueblo es fundamental para lograr un cambio verdadero. El fraude cometido por el régimen no solo ha profundizado la crisis interna, sino que también ha aislado al país en la arena internacional, evidenciando la corrupción y el desprecio por los principios democráticos fundamentales. La resistencia de la ciudadanía, unida con los esfuerzos de líderes comprometidos, es el camino hacia la liberación y la restauración de la justicia en Venezuela.

Mientras redacto estas palabras, el pueblo venezolano ha salido masivamente a las calles para exigir el respeto a su derecho fundamental: el reconocimiento de la voluntad popular. Las manifestaciones que se están llevando a cabo son una clara expresión del descontento general y un firme reclamo por justicia y democracia en un contexto de fraude y manipulación electoral.

Es crucial que la Comunidad Internacional mantenga una vigilancia estrecha sobre la situación en Venezuela. La amenaza de Nicolás Maduro de recurrir a la violencia para sofocar las protestas y mantener su poder no debe ser tomada a la ligera. La posibilidad de un «baño de sangre», como él mismo ha insinuado, representa un peligro inminente para la vida y la seguridad de los ciudadanos que están ejerciendo su derecho a la protesta de manera pacífica.

El mundo debe actuar con urgencia para garantizar que se respeten los derechos humanos y evitar que se derrame sangre inocente en un intento desesperado por consolidar un régimen corrupto y autoritario. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de presionar al régimen de Maduro para que cese las represalias y permita una solución pacífica y democrática a la crisis. Esto incluye la implementación de medidas diplomáticas efectivas, la imposición de sanciones adecuadas y el fortalecimiento del apoyo a las iniciativas que promuevan un cambio auténtico en Venezuela.

Las acciones de la comunidad global deben ser rápidas y contundentes para evitar una escalada de la violencia y asegurar que el derecho del pueblo venezolano a la autodeterminación sea respetado. La comunidad internacional debe estar preparada para intervenir y ofrecer apoyo a las organizaciones humanitarias y a los defensores de los derechos humanos que están en el terreno, protegiendo así la vida y los derechos de aquellos que se levantan en busca de justicia.

El pueblo venezolano está demostrando una valentía admirable en su lucha por la democracia, y es imperativo que la comunidad internacional respalde su causa con la misma determinación. La situación en Venezuela es un llamado urgente a la acción global para proteger los principios de libertad, justicia y respeto a la voluntad popular en contra de la imposición de una dictadura militar.