“En Venezuela no se da puntada si no lo aprueba el presidente… La justicia no vale. La justicia es una plastilina. Digo plastilina porque se puede moldear a favor o en contra…”. (Eladio Aponte Aponte, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia).
Cansados de la corrupción que en los últimos años carcomía la democracia en Venezuela, por la incapacidad de reducir la pobreza, debido al agotamiento del sistema político y a la crisis de los partidos; millones de venezolanos votaron por una opción que triplicó la inseguridad, disparó la inflación, protegió el narcotráfico y multiplicó la corrupción y el saqueo. Aprovechándose de la ignorancia de esos venezolanos que votaron por él, Chávez fomentó el resentimiento, sembró el odio y la envidia; y lo peor, institucionalizó la corrupción y el narcotráfico.
Desde el gobierno de Chávez, Venezuela se convirtió en el punto de salida de 90% de la droga colombiana, vía Estados Unidos y Europa. Él concibió ese plan como un modo de favorecer a la guerrilla colombiana frente al gobierno de Álvaro Uribe y como una manera de plantear una guerra asimétrica contra Washington.
Un informe de la DEA comprobó que en 2005 Hugo Chávez reunió en su residencia oficial a los responsables de inteligencia del país: Hugo Carvajal (el Pollo), ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM); el general Henry Rangel Silva, jefe de la Disip; Diosdado Cabello, gobernador de Miranda; y Tareck el Aissami, miembro de la Asamblea Nacional. En esa reunión ordenó inundar a Estados Unidos de cocaína, coordinando el plan con la guerrilla colombiana FARC.
Posteriormente, en casa del vicepresidente José Vicente Rangel, se decidió al detalle el plan: Cabello describió las rutas terrestres y marítimas de tráfico de drogas a través de Venezuela y Carvajal indicó la forma que la cocaína sería suministrada por la guerrilla colombiana FARC. También se discutió la división de las ganancias de las drogas y el suministro a los guerrilleros de armas y otros materiales del Ejército venezolano como compensación, aprovechando que se estaba comprando armamento ruso y desencuadrando el armamento venezolano. (Emili J.Blasco, Bumerang Chávez, Amazon, CreateSpaace, abril 2015).
La DEA fundamentó esa información en las declaraciones de dos testigos protegidos por el “Programa Federal de Protección de Testigos de los Estados Unidos (WPP)”: Testigo #1, un exjuez del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se desempeñó desde el 2005 (Eladio Aponte Aponte); y Testigo #2, un miembro del ejército de Venezuela asignado como seguridad para Chávez entre 2008 y 2013 (Leamsy Salazar). Según los testigos protegidos, el presidente venezolano era informado periódicamente de los principales traslados del cargamento que se realizaban a través del país, en operaciones dirigidas por altos mandos militares. Era una actividad en la que también tuvo parte Maduro y más aún Diosdado Cabello.
El 10 de diciembre de 2015, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, fueron arrestados por la DEA en Puerto Príncipe-Haití, después de que estos hubiesen tratado de transportar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Según confesaron, el destino de las ganancias era para ayudar a su familia a mantenerse en el poder y a la campaña de su tía a las elecciones parlamentarias de 2015. El 14 de diciembre de 2017, ambos sobrinos fueron sentenciados a 18 años de prisión, sentencia ratificada el 9 de abril de 2020, por el Tribunal Federal de apelaciones de Nueva York, (Maibort Petit, Cocaína en Miraflores, Amazon, Independently Published 2018).
El 1° de octubre de 2022, después de 7 años de prisión y en un hecho poco usual en la historia de Estados Unidos, el presidente Biden liberó a los dos «narcosobrinos» a cambio de 2 norteamericanos y 5 venezolano-estadounidenses (exgerentes de Citgo), rehenes de Maduro y acusados de corrupción. (El País, España, 2 de octubre de 2022).
Maduro ha convertido a Venezuela en un narcoestado. En un país corrupto, de mafiosos, malandros y delincuentes que han destruido los principios y valores éticos que nos sembraron nuestros padres fundadores: libertad, dignidad, honradez y justicia. La Fiscalía General de Estados Unidos ha presentado cargos contra Nicolás Maduro por los delitos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y tenencia de armas y otros artefactos destructivos; ofreciendo por su captura una recompensa de Quince Millones de Dólares ($ 15.000.000,oo).
No podemos dejarnos intimidar por este régimen narcoterrorista. Como siempre dice María Corina Machado: “la causa que tenemos por delante va más allá que unas elecciones, es una lucha entre el bien y el mal”. Este 28 de julio, Dios nos está dando la oportunidad de rescatar la libertad, a nuestro país y a nuestras familias; y ese día, todos debemos salir a votar por Edmundo González Urrutia.
*Abogado
Miembro de Vente Venezuela
@JMColmenares
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