El juez Leonard P. Stark de la Corte de Distrito de Delaware ha denegado la moción presentada por Iván Freites, líder sindical y representante de miles de acreedores venezolanos, buscando desagravio de sentencia bajo la Regla 60(b) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil.
La orden oral número 1218, emitida el 9 de julio de 2024, declara que Freites, al no ser parte formal del caso ni haber solicitado intervenir al inicio del mismo, no tendría derecho a presentar mociones en este procedimiento. Además, dictamina el juez que la moción fue presentada fuera del plazo de un año estipulado para tales solicitudes.
Iván Freites respondió con una oposición inmediata y contundente, calificando la decisión del juez Stark como una accion que debe ser reconsiderada, segun el escrito que de inmediato procedió a consignar ante el tribunal para evitar así un «atropello a la justicia». Freites, conocido por su férrea defensa de los derechos de los trabajadores venezolanos, subrayó que la negación de la moción compromete los principios de justicia y equidad, especialmente ante la evidencia sustancial de fraude y manipulación en el proceso legal.
En su respuesta, Freites argumenta que la decisión del tribunal se basa en una mala interpretación del estándar legal para la legitimación activa, destacando que, como líder sindical que representa a miles de acreedores venezolanos, su interés en el resultado del litigio es directo y significativo, ademas de la representacion propia que no le puede ser negada. Citando jurisprudencia del Tercer Circuito, Freites sostiene que los no-participantes pueden tener legitimación activa si demuestran un interés sustancial en el caso, algo que él ha probado ampliamente dado el impacto del fraude en la capacidad de los acreedores para obtener alivio.
El fallo también fue criticado por considerar extemporánea la moción de Freites. Sin embargo, este argumenta que las acciones fraudulentas en cuestión son de naturaleza continua y oculta, lo que justifica la presentación tardía de la moción. La jurisprudencia apoya que las mociones basadas en fraude pueden ser presentadas más allá del año si se hace dentro de un tiempo razonable, una norma que Freites cree que su caso cumple.
Freites y su equipo han presentado nueva evidencia que incluye instancias documentadas de fraude y conflictos de interés no revelados, particularmente involucrando a figuras clave como Horacio Medina y José Ignacio Hernández. Esta evidencia, no disponible en el momento del juicio original, es material y afecta directamente la equidad del proceso judicial, lo que, según Freites, justifica la reconsideración bajo la Regla 60(b)(2) y (3).
El rechazo de la solicitud de archivo sellado también fue motivo de grave preocupación para Freites, quien advirtió que esta negativa pone en riesgo la seguridad de los demandantes y compromete la integridad del proceso judicial. La divulgación pública de información confidencial, argumenta, podría causar un daño irreparable a las partes involucradas. Ante esta situación, Iván Freites ha hecho un llamado a la movilización de los trabajadores y ha instado a la comunidad internacional a prestar atención a lo que considera una flagrante injusticia.
«No vamos a permitir que se pisoteen nuestros derechos. Esta lucha es por la dignidad y justicia para todos los trabajadores venezolanos», declaró Freites, quien también anunció que apelará la decisión y continuará presentando evidencia de fraude para asegurar que se haga justicia.
Esta negativa judicial y la respuesta enérgica de los trabajadores subrayan las complejidades y tensiones en los litigios internacionales que involucran a Venezuela y sus acreedores, en un contexto donde la integridad de los procesos legales y la protección de los derechos de los trabajadores están en juego.
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