El huracán Beryl (lecciones políticas para Venezuela)

En los actuales momentos cuando la costa de Venezuela ha sido azotada por coletazos del huracán Beryl, se hace necesario reflexionar sobre ciertos asuntos estructurales de los cuales las comunidades y sus gobernantes no se ocupan sino cuando ocurren situaciones de desastre.

En Venezuela la base constitucional para la protección de los ciudadanos ante este tipo de calamidades es el siguiente artículo:

“Artículo 332 El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizará: 1. Un cuerpo uniformado de policía nacional. 2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. 3. UN CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL. 4. UNA ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES. Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna. La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley.”.

En este sentido, se hacen indispensables las siguientes reflexiones:

1. Es aquí donde, luego de tantos años de experiencias trágicas que inician con la tragedia de Vargas, no se ha producido la necesaria sensibilización política para entender la urgencia de la creación de un ministerio específico de Atención de Emergencias y Desastres, que fomente la creación de una cultura de prevención ciudadana, que vaya acompañada con la selección, adiestramiento, equipamiento y organización de brigadas voluntarias, a nivel de los 335 municipios, de centenares de miles de venezolanos que actúen de manera masiva e inmediata en forma ordenada y eficiente, aumentando las capacidades del Estado para afrontar sus tareas de rescate y aprovisionamiento.
2. Este hipotético ministerio también sería el encargado de disponer de funcionarios honestos que en forma transparente lleve el control de los centros de acopio, para evitar que los ciudadanos sin escrúpulos, para no usar términos más vulgares, terminen haciendo de la tragedia un negocio fabuloso, como ha ocurrido desafortunadamente con ciertas tragedias históricas, donde muchas figuras políticas y sociales, aprovechaban su popularidad para pedir contribuciones de alimentos, comidas, medicinas y otros enseres que jamás llegaban a las víctimas de los desastres naturales.
3. Dicho ministerio, en forma conjunta con la Contraloría General de la República, debería tener establecido un sistema de aprobación y regulación de los decretos de emergencia para evitar que alcaldes, gobernadores y ministros aprovechen la situación para realizar todo tipo de gastos sin control ni planeación de ningún tipo en nombre de la necesidad impostergable de las personas a atender por la calamidad presentada.
4. Para que lo anterior no ocurriese con la frecuencia que pareciera ocurrir, se hace indispensable que cada alcalde y gobernador tenga una serie de planes de contingencias para desastres locales, regionales y nacionales, lo que evitaría la improvisación de estar buscando “empresas de maletín” para la compra de suministros y equipos, así como la realización de obras de mantenimiento, puesto que en la revisión anual de dichos planes, se calificaría y certificaría a proveedores y prestadores de servicios experimentados y solventes del empresariado para acometer dichas tareas de emergencia.
5. Este ministerio igualmente debe presentar un Plan Nacional de evacuación de la población colocada en zonas de peligro a nivel nacional, conocidas en Venezuela como Zonas de Riesgo Inminente (ZORI), lo cual debe ser colocado como primera prioridad en todos los planes de construcción de viviendas, para resolver problemas en forma definitiva, de forma que no ocurran situaciones tan absurdas como damnificados y personas afectadas por años y décadas sin la atención específica de sus caos, a pesar de la construcción de cualquier cantidad de casas por el gobierno nacional.
6. Este ministerio debe ser el encargado de organizar grupos profesionales y bien capacitados como la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, que tiene gran prestigio internacional, pero que puede y debe ser ejemplo para que los gobernadores formen grupos especializados que no salgan del Estado y por ello, tengan autonomía de acción, para no depender de la acción del gobierno nacional hasta cierto límite y asumir tareas pequeñas y medianas para las cuales no debería hacer falta molestar a un gobierno nacional.
7. Por último y no menos importante, este ministerio en forma conjunta con el Instituto Geográfico Simón Bolívar, el Instituto Nacional de Estadística y los vecinos, a través del Consejo Comunal, deberían tener el censo actualizado de residentes de las más de 48.000 comunidades organizadas que hay en Venezuela, de manera tal que a la hora del desastre no aparezcan los “falsos positivos” en forma de damnificados para aprovecharse de la situación de necesidad que viven las víctimas de un desastre y a su vez, permita sin ningún tipo de especulación ni propaganda establecer el número real de afectado de una situación de contingencia de manera rápida, verificable y transparente.

Estas anotaciones son producto de la experiencia directa de haber observado durante muchos años la repetición de contingencias de todo tipo, sin que se produzcan los correctivos necesarios de carácter institucional indispensable para lograr la creación de un sistema verdaderamente eficaz de protección del ciudadano, de forma organizada para atender cualquier tipo de situación.

Al igual que la tragedia de Vargas de 1999, fue un fenómeno que históricamente tuvo antecedentes hace 50 años atrás del mismo, no es difícil imaginar que ocurriría si se plantease un sismo como el que conoció el Libertador Simón Bolívar y que destruyó:

“ciudades republicanas como Caracas, La Guaira, Mérida, El Tocuyo, San Felipe, Maiquetía, Antímano, Chacao, Baruta y La Vega acaban destruidas, que Barquisimeto, La Victoria y Valencia fueron afectadas en menor medida,”

Fuente: Laffaille, Jaime; Carlos Ferrer (2003). «El terremoto del Jueves Santo en Mérida: año 1812». Revista Geográfica Venezolana XLIV (1): 107-123.

El lector de este escrito queda invitado a investigar cuántos habitantes hay hoy en día en las entidades federales de ese terremoto y verá cómo millones de venezolanos están en situación de riesgo agravado, por no existir los planes de contingencia para tratar el caso de centenares de miles de damnificados y la pérdida de muchos miles de puestos de trabajo, que también son contribuyentes del Tesoro Nacional, que hundirían las Finanzas Públicas con su desaparición.

La tarea es larga y complicada, pero es necesario comenzar a desarrollarla…