Ese pequeño cuarto era el infierno mismo y fue de allí donde policías hallaron sin signos vitales a Jennifer Velasco Vargas, la joven que horas antes habría recibido baldados de agua y descargas eléctricas con dispositivos similares a los que usan las autoridades para ser dejada a su suerte en aquel hermético recinto.
Como una de las más espeluznantes películas de terror, no tenía ventanas y la puerta era de lámina que dejaba completamente a oscuras hasta a una docena de jóvenes, muchos de ellos flacos y con señales de golpes, quienes aseguran haber dormido en el suelo y en medio de los olores fétidos por las heces acumuladas en tarros plásticos.
Esta es la casa donde funciona la fundación. Está en la parte baja de la vereda Montañitas, cerca de Terrón Colorado, barrio de la ladera de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo
En la mañana del 13 de junio, cuando la puerta de lámina se abrió y un joven salió corriendo solo decía que Jennifer estaba muerta.
“Quizás una celda hubiera estado mejor que ese cuarto. En menos de un mes viví el infierno en vida”, repite Jhonatan, un caleño de 18 años, que se hizo amigo de Jennifer y regresó a su hogar con su mamá y su hermana menor en una humilde vivienda en el oriente de Cali, luego de que en aquel 13 de junio logró escapar con otros 64 muchachos, entre hombres y mujeres, que tuvieron cadenas en los pies y algunos también en las manos en una casa en la parte baja de la vereda Montañitas.
Aunque esta vivienda está en zona rural del municipio La Cumbre, está cerca del barrio Terrón Colorado, de Cali, al que se llega transitando por vías empinadas de la comuna 1, como la calle 30A oeste, con hogares de escasos recursos como los que predominan en la ladera de la capital del departamento.
La policía fue en auxilio de estas 65 personas, encontrando a la mayoría encadenada y a Jennifer, de 28 años, inmóvil por lo que fue llevada de inmediato a un hospital. Pero no había nada que hacer. Había fallecido y las causas todavía no se establecen, esperando que en el Instituto Nacional de Medicina Legal entreguen el reporte definitivo, aunque el comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, coronel Carlos Oviedo, ha dicho que, al parecer, murió por asfixia mecánica.
Desde hace más de un año, esta casa fue promocionada por sus dueños como un centro de rehabilitación, una fundación privada. Se trata de una pareja cristiana, cuyo director estaría en proceso de ser un pastor, prometiendo ayudar a familias con hijos con problemas de drogadicción y alcoholismo. La entidad tuvo una primera sede en el barrio Ciudad Córdoba, en el suroriente de la capital vallecaucana. Los dueños viven cerca de ahí, en el barrio Ciudad 2000, también en el suroriente.
En diálogo con El Tiempo, Jhonatan cuenta que a Jennifer y a tres jóvenes más los metieron en el cuarto oscuro que era el de los castigos. “En ese cuarto no había camas, no se iba al baño. Había que aguantar o el baño era un tarro. A veces, en las madrugadas nos mojaban, también mojaban el cuarto y nos volvían a meter. Nos dejaban sin cobijas”, dice quien ha tenido dificultades con la marihuana y la adicción por el clonazepam.
La mayoría de los 65 jóvenes buscando una salida les dijeron a uniformados de la Policía y a delegados de la Personería del distrito que se encontraron con un tormento peor, viviendo la mayor parte del tiempo con cadenas en los pies y cuando los obligaban a permanecer en el cuarto oscuro les ponían otras en las manos. “Nos esposaban con las manos en la espalda. Pero el día en que Jennifer murió yo no estaba con ella”.
Denuncia penal instaurada por el personero de Cali, Gerardo Mendoza. Foto: Personería de Cali
Jhonatan narra que se encontraba en una de las dos habitaciones para los hombres, mientras que otras dos eran para las mujeres. La vivienda, con cierre de 10 días por la Policía que se cumplen este domingo 23 de junio, tiene otro cuarto donde dormían 15 cuidadores que también era personas drogadictas, pero se habían ganado privilegios con el director de la fundación y su esposa, ambos denunciados penalmente por el personero de Cali, Gerardo Mendoza, con el fin de que la Fiscalía adelante y agilice la investigación.
“Si no hay denuncia, no pasa nada. La denuncia es para que la Fiscalía de verdad investigue”, dice el funcionario del Ministerio Público. De hecho, el comandante de la Policía de Cali añade que el director de la fundación fue señalado por buena parte de estas 65 personas como el presunto responsable de sus torturas psicológicas y físicas, y sería presentado ante a las autoridades competentes. No obstante, aún no hay capturas porque el proceso judicial apenas está arrancando. Todavía no existe una orden como tal por un juez por este caso.
“Los cuidadores utilizaban a veces palos y machetes para golpearnos. Nos pegaban en la espalda o en el trasero y tenían esos taser (un arma de electrochoques) para usarlos con nosotros. Lo hicieron con Jennifer. La habían mojado y le pusieron el taser”.
El personero de Cali, Gerardo Mendoza, visitó la vivienda de la fundación. Foto: Personería de Cali
Jhonatan cuenta que la joven víctima estuvo encerrada desde el martes 11 de junio en el cuarto para los castigados porque trataban de huir o eran renuentes frente a los supuestos tratamientos terapéuticos.
Jhonatan asegura, además, que su amiga cercana habría tratado de cortarse las muñecas de las manos estando en ese cuarto. “A Jennifer la metieron allí porque antes había llegado una familia con su hijo. Ellos se pusieron a preguntar y ella les contaba”. Dice que luego, el muchacho habría salido aterrado de la vivienda, por lo que no se quedó.
“El director se habría enojado con Jennifer y por eso la mojaban, le daban con el taser y la encerraron con la otra compañera y los otros dos compañeros. A mí me sorprendió que hicieran eso, de meter a hombres y mujeres juntos. Se supone que eso no se hacía”, sigue con la narración.
La casa fue cerrada solo por 10 días. Surge la pregunta, ¿volverá a funcionar? Foto: Personería de Cali
“Ella se puso a gritar y le dieron un medicamento que la puso dopada. Luego a la 1:00 de la mañana del jueves (dos días después del encierro), Jennifer había muerto”. Afirma que el joven que salió despavorido cuando abrieron el cuarto, cinco horas después, relató que ella tenía la piel morada. “El director no creía ni los 15 líderes (los cuidadores) lo que le sucedía a ella. En la mañana trataron de llamar un carro para llevarla a un centro asistencial”.
Sin embargo, la confusión y el miedo habrían motivado a que muchos de esos cuidadores hubieran abandonado el predio, ese jueves 13 de junio. “Quedaron cuatro cuidadores y nosotros éramos como 60. Fue en ese momento que pedimos ayuda. Gritamos tanto que los vecinos nos oyeron y llamaron a la Policía. Así me pude volar”.
En ese momento, hubo quienes grabaron con sus teléfonos celulares a algunos de los 65 torturados, dejando ver las cadenas en sus pies y mostrando señales de ataduras en sus manos. Estos videos fueron difundidos en redes sociales.
Jhonatan dice que estuvo dos veces en el centro de rehabilitación en cuestión. La primera fue en octubre de 2023, durante un mes, y la segunda, a partir del 24 de mayo de este año. La Personería recogió su declaración sobre la muerte de la joven, en la que se lee: “Todo pasó porque la mujer tenía hambre y gritaba. Entonces la metieron al cuarto con otra joven, y allí les echaron agua y aplicaron choques eléctricos. Ellos la mataron, nosotros nos pudimos volar”.
La madre de Jhonatan, una mujer cabeza de hogar que señala tener miedo para decir su nombre, le afirmó por línea telefónica a funcionarios de la Personería desde el distrito de Aguablanca donde ella vive con su hijo mayor: “Cobraban por matrícula 200.000 pesos. Al visitar a mi hijo lo encontraba desnutrido y flaco. Él me expresó que en la noche los encadenaban para que no se volaran. Recibían maltrato psicológico, verbal y físico”.
La señora dice a El Tiempo: “Yo trabajo, sostengo a mi hijo que se me puso difícil este año otra vez y por eso lo dejé en la fundación para que lo ayudaran”.
La mamá de otro muchacho que estuvo en dicha fundación le informó a la Personería: “Lo saqué del sitio porque los levantaban y mojaban a la madrugada, si hacían bulla. Los dopaban y a través de mi hijo supe para esa fecha sobre una violación que había pasado en el lugar. También aguantaban hambre”.
‘La denuncia para que Fiscalía investigue’
En la denuncia penal, el personero Mendoza declaró, luego de hablar con algunos de los afectados que en el sitio, “al parecer se realizaban actos atentatorios contra la dignidad humana y salud que afectaron gravemente la salud mental y física de todas las personas que se encontraban en esa fundación, puesto que el hecho de encadenar a una persona a un árbol, ya se están realizando acciones contrarias a la locomoción, generando de por sí una tortura y unas lesiones que pueden ser psicológicas o físicas”.
El funcionario estuvo en el predio, el 18 de junio, “encontrando que el lugar (donde probablemente aconteció un homicidio y actos de tortura) se encuentra sin pacientes y sin personal que pueda atender la visita”. El personero reitera el llamado a la Fiscalía de darle celeridad a la investigación, recogiendo a tiempo los elementos probatorios para evitar que puedan ser alterados y así dar con la verdad sobre lo ocurrido.
Según la Personería, se ha buscado a la pareja de dueños de la fundación para que presenten sus descargos, ante los cuestionamientos, pero no han podido ser localizados en las direcciones de documentos registrados de dicha entidad.
El subsecretario de Seguridad de Cali, Álvaro Pretel, sostiene que el alcalde Alejandro Eder y todo su equipo rechazan las violaciones de derechos humanos y que espera que las autoridades pertinentes puedan determinar las respectivas responsabilidades, luego de las graves denuncias conocidas.
El comandante de la Policía de Cali asegura: “En relación con el reporte de una mujer, de 28 años, aproximadamente, y la cual ingresa sin signos vitales a un centro hospitalario de la ciudad y quien al parecer, sufre asfixia mecánica, se pudo establecer que había sido remitida desde una fundación de rehabilitación del barrio Terrón Colorado, donde permanecía desde hace dos meses”.
Y anota: “De inmediato, unidades de vigilancia se dirigen a esta fundación donde identifican al presunto agresor por señalamientos de personal de dicha fundación. Esta persona será presentada ante la autoridad judicial correspondiente. Cabe resaltar que se encuentran, aproximadamente, 65 personas en esta fundación, también en tratamiento de rehabilitación y se encuentra material que va a ser aportado como objeto probatorio en el proceso investigativo”.
El oficial añade que se adelantan acciones con la Personería de Cali y la secretaría de Salud de la ciudad.
Jhonatan, por ahora, está en su vivienda con su mamá, a la espera de ayudas psicológicas prometidas por las autoridades.
“Dios es mi pilar”, comenta el joven que también es cristiano como la madre y que por consejos de personas de su iglesia que decían conocer bien a los dueños del centro de rehabilitación aledaño a Terrón Colorado terminó en este lugar al que sigue comparando con el infierno mismo.
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