El Estado descarga todo su poder en contra de la disidencia opositora, a la que violan sus derechos políticos y libertad ante la mirada complaciente de los poderes públicos.
Hoy, apreciados lectores, quiero aprovechar este espacio para rechazar de forma contundente la nueva persecución política contra 10 alcaldes en legítimas funciones impregnados de la soberanía popular, que por ejercer sus derechos políticos son víctimas de inhabilitaciones exprés sin la existencia de un procedimiento administrativo y por supuesto sin el derecho a la defensa, lo que vulnera una vez más el ya maltratado debido proceso. Asimismo, las últimas 4 detenciones de dirigentes políticos y un periodista por el hecho de expresar su derecho de opinión y participar en ambiente electoral con miras a las elecciones presidenciales fijadas por el CNE para el 28 de julio.
Estamos en presencia de una conducta antielectoral al desconocer que la Constitución que está vigente es la aprobada y refrendada por el pueblo en el año 1999, no otra que sirve para violar en forma sistemática los derechos civiles y políticos de los que piensen distinto al Superestado.
Para finalizar, exijo que el CNE facilite la información a los 15.000 testigos designados por el ente comicial del lugar del centro de votación y a los electores si permanecen en el lugar de votación de siempre o han sido reubicados sin consulta a otro centro; el CNE debe dar nuestras de imparcialidad y no seguir permitiendo el descarado ventajismo que le ha concedido al candidato oficialista.
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