Un gremio agrupa a un número indeterminado de personas que comparten el mismo oficio. Como tales, han existido desde casi los orígenes de la civilización, respondiendo a la necesidad de organizar la resistencia ante los posibles excesos de la autoridad cualificada, o a la de influir sobre sus decisiones y actuaciones, en la medida de lo necesario. De tal manera se organizaron agricultores y ganaderos –pastores–, médicos, comerciantes, herreros, carpinteros, zapateros, curtidores y en general especialistas en oficios emergentes al paso de los siglos de progreso y aprendizaje. Cabe destacar que en todas las civilizaciones conocidas, se extendió la práctica de ordenar y preceptuar el ejercicio de las diferentes ocupaciones. De ello existen registros sobre creaciones ejecutadas por las civilizaciones del antiguo Egipto –originaria del cauce medio y bajo del Nilo–, los Asirios de la nombrada Alta Mesopotamia, los griegos del extremo noreste del mar Mediterráneo, ocupantes de los territorios de la Grecia actual y del oeste de Turquía, sobre el Egeo y el Jónico –igualmente extendidos en enclaves sobre casi toda la cuenca del Mediterráneo occidental–, la romana, originaria de la región del Lacio, en el centro de la península itálica y dominante del mundo de su tiempo, los Mexica ocupantes del valle de México, constructores del imperio edificado sobre la impresionante ciudad de Tenochtitlán, la antiquísima civilización China, extendida desde 5000 a.C. hasta 1911 d.C. –organizada en las diferentes dinastías conocidas–, entre otras. De todas esas experiencias tangibles provienen los gremios de la Europa medieval, organizados por sus maestros y aprendices, evolucionando hacia las cámaras precapitalistas y posteriormente burguesas que jugaron un papel determinante en el desarrollo de la economía de mercado –sustentada en el libre juego de la oferta y la demanda–.
En tiempos más recientes de la concentración industrial y comercial, comenzó a sentirse una creciente intervención del Estado sobre la iniciativa privada, así como también el efecto de las grandes crisis económicas de alcance mundial –i.e. la gran depresión de 1929–, dando lugar a la formación de nuevos grupos de profesionales en respaldo a una determinada doctrina económica, comunmente ungidos de una impetuosa voluntad de influir sobre la actuación de los poderes públicos en un momento determinado. Surgen pues los «groupes de pression» en Francia y los «pressure groups» en los Estados Unidos de América, términos que pueden aplicarse a todos los que actúan sobre la opinión del común y las instancias del poder público. Se trata pues de asociaciones, cámaras, sindicatos o sociedades voluntarias llamadas a defender intereses comunes de sus constituyentes, haciendo buen uso de todos los medios a su alcance, para influir sobre la acción gubernamental y parlamentaria, así como también sobre la opinión pública.
La finalidad sigue siendo impedir, modificar o inducir una determinada actuación –i.e. decretos ejecutivos sobre políticas públicas o nuevas leyes de aplicación general–, o simplemente dejar las cosas como están, si fuere procedente. Acciones que pueden ejercerse sobre el conjunto de la sociedad nacional o local, sobre la administración pública en su conjunto –o algunos funcionarios que la conforman–, incluidos los representantes electos al Parlamento. En el caso de la opinión pública, se suelen medir muy bien las palabras a ser divulgadas a través de los medios convencionales y en éstos últimos tiempos mediante el uso creciente de las redes sociales –no sería inteligente maldisponerse con ella–. Es importante recordar una vez más a Nicholás Murray Butler, para quien “…toda política administrativa o legislativa necesita opinión que la apoye, al mismo tiempo que una oposición seria, sincera y bien intencionada que impida la exageración y el abuso…” –es aquí donde los gremios están llamados a actuar con objetividad y eficacia–.
Si bien el papel de los gremios no es propiamente apoyar al gobierno en funciones, nada impide que en determinadas circunstancias y ocasiones puntuales se confiera un justificado respaldo a sus decisiones políticas. La función esencial de quienes dirigen a los agremiados, se circunscribe esencialmente a respaldarlos en sus relaciones con la administración pública, esto es, a defender hasta donde sea posible sus legítimos derechos e intereses. Quede claro que en el caso de los empresarios agrupados en gremios especializados –ello incluye a las entidades cúpula–, éstos actúan conforme a reglas de juego establecidas por el gobierno de acuerdo con sus convicciones y preocupaciones inmediatas. Se trata de una relación que a todo evento debe aducir la cordialidad y búsqueda del entendimiento, aunque no pocas veces suele resultar antagónica –la buena voluntad no siempre es suficiente–.
Históricamente se han desarrollado entre nosotros numerosos gremios dedicados a promover actividades determinadas –más bien generales, en el caso de las cúpulas–, también a defender derechos e intereses de los agremiados. En años recientes, hemos observado la aparición de nuevas agrupaciones que en buena medida desnaturalizan la función esencial de los gremios –entidades paralelas a las asociaciones históricas, cuya única finalidad ha sido exaltar las políticas públicas–. Prevalecen, sin embargo, los gremios tradicionales en la defensa de sus asociados y en la divulgación de criterios e informaciones que objetivamente contribuyen a crear opinión. Pudiéramos decir que con algunas excepciones –en particular actitudes de ciertos dirigentes–, nuestros gremios cumplen en la medida de lo posible, el mandato de representar y defender a sus constituyentes ante eventuales excesos gubernamentales, de actuar en los procesos de formación de las leyes –aunque apenas se les toma en cuenta–, siempre sobre la base de los principios y valores del republicanismo, de la libertad de elegir y de la democracia.
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