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Incrementa a 19 las cárceles en huelga de hambre por el retraso procesal en el país

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La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) informó que para la tarde del lunes 10 de junio el número de cárceles sumadas a la huelga de hambre en reclamo por el retraso procesal en el país era de 19 recintos y 4 anexos femeninos.

Más temprano, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización no gubernamental que defiende los derechos de los privados de libertad, registró huelgas en 16 de los 23 estados del país, donde se incluyen las cárceles, 4 anexos de mujeres recluidas y 14 centros de detención preventiva.

Hasta el momento, no se han registrado huelga de hambre en la cárceles de Nueva Esparta, Amazonas, Delta Amacuro, Apure, Cojedes y Vargas, de acuerdo con información de Una Ventana a la Libertad publicada en redes sociales.

La organización indicó que en los calabozos policiales, a la hora en que los familiares les correspondía entregar los alimentos, solo permitieron el ingreso de agua y caramelos para mantenerse durante la huelga de hambre.

También, en algunos centros de detención preventiva, los privados les pidieron a sus familiares que no visitaran los calabozos y que se unieran a la protesta que ellos desarrollan.

En imágenes y videos compartidos por ambas organizaciones se puede ver a los presos con pancartas en las que detallan las denuncias que realizan a las autoridades, muchas de ellas relacionadas al retardo procesal. De hecho, hay reclusos que aseguran que han cumplido hasta 3 años más de lo que estableció su condena.

En un documento enviado al OVP, un grupo de reclusos solicitó que diputados, jueces, Ministerio Público y defensa publica se presenten para que se haga efectiva la práctica del plan revolución judicial, que contemplaba solucionar en 60 días el hacinamiento y retardo procesal en las prisiones de Venezuela, según anunció Nicolás Maduro en 2021.

En el escrito también se exige libertad inmediata para los privados que se encuentran con retardo procesal, así como la de toda persona mayor de 70 años de edad y de quienes se encuentren en condiciones de salud que no puedan ser atendidos en los centros de reclusión.

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