El contralor subrogante de Ecuador, Pablo Celi, reveló hoy el informe final de un examen especial sobre la legalidad, fuentes y uso de la deuda pública, en el que se mencionan indicios de responsabilidad penal contra varios ex funcionarios, entre ellos el ex presidente Rafael Correa.
Según un comunicado de Contraloría, Celi informó de que producto de esta acción de control «se predeterminaron responsabilidades administrativas de multa y destitución, así como un informe con indicios de responsabilidad penal, para varios funcionarios que participaron de la deuda pública en los periodos de enero del año 2012 al 24 de mayo del 2017», preciso.
Entre las irregularidades presentadas el equipo de auditoría detalló que, mediante tres resoluciones ministeriales, se declaró «secreta y reservada» la documentación de operaciones de endeudamiento, indicó el comunicado de Contraloría.
Añadió que «no se emitió una normativa técnica» para la ejecución de operaciones de endeudamiento, administración de deuda y operaciones conexas.
Además, las operaciones de venta anticipada de petróleo no fueron consideradas como deuda, a pesar de haberse reconocido el pago de intereses y devengado, no sólo con crudo sino también en efectivo, agregó.
Explicó que el Decreto Ejecutivo 1218 -suscrito en 2016- estableció una metodología para cálculo de relación Deuda/PIB, «situación no prevista en la ley, lo que posibilitó seguir contratando deuda sin requerir de la aprobación de Asamblea, ni del Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal».
Según el informe, la empresa pública Petroecuador gestionó líneas de crédito mediante un Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Ministerio de Finanzas, «destinado a otorgar liquidez a la caja fiscal sin ser esta su competencia».
No se estableció «Oficina conjunta» para administración y seguimiento de convenio de crédito y de los proyectos ejecutados, señala.
El informe de Contraloría estableció que la documentación que respalda las operaciones de endeudamiento «no es íntegra ni confiable», indicó en el escrito.
Virgilio Hernández, excolaborador de Rafael Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, consideró en su cuenta de Twitter que el informe revelado hoy por Contraloría responde a «una campaña de persecución».
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