El lunes 20 de mayo, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó que se emitieran órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres responsables de Hamás. Este anuncio tiene poco efecto coercitivo inmediato sobre el premier, pero es significativo desde un punto de vista simbólico y diplomático. Lo analizamos.
Se trata de un poderoso acto simbólico. Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, pidió el lunes 20 de mayo que se emitieran órdenes internacionales de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. También se solicitaron contra tres de los principales dirigentes de Hamás: Yahya Sinouar, jefe militar, Mohammed Deif, instigador del atentado del 7 de octubre, e Ismail Haniyeh, líder político de la organización islamista, refugiado en Qatar.
¿Qué investiga la CPI?
Netanyahu y Gallant están en el punto de mira de la CPI por «inanición deliberada de civiles», «asesinato deliberado» y «exterminio y/o asesinato». «Afirmamos que los crímenes contra la humanidad mencionados en las solicitudes formaban parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil palestina en cumplimiento de una política de la organización. Según nuestras conclusiones, algunos de estos crímenes se siguen cometiendo», declaró Khan.
Para Johann Soufi, abogado especializado en derecho internacional, la acusación se basa en «las declaraciones de los dirigentes sobre la obstrucción de la ayuda humanitaria, desde que Yoav Gallant hizo de ello su estrategia militar a partir del 9 de octubre». «Están los informes de las ONG y de la ONU, que desde hace meses advierten del riesgo de hambruna en Gaza. Y para establecer la intención de matar deliberadamente a civiles, tenemos que fijarnos en el tipo de bombas utilizadas y en las estrategias militares aplicadas en Gaza», asegura Soufi.
Los cargos contra dirigentes de Hamás, entre ellos Yahya Sinouar, líder del movimiento islamista en la Franja de Gaza y presunto actor intelectual del ataque del 7 de octubre, incluyen «exterminio», «violación y otras formas de violencia sexual» y «toma de rehenes como crimen de guerra».
También en este caso, la Fiscalía puede basarse en abundante documentación, ya que combatientes de Hamás filmaron el atentado del 7 de octubre y reivindicaron la toma de rehenes.
Activistas musulmanes indonesios sostienen una pancarta que dice «Alto el fuego ahora» y la imagen del líder israelí, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, que dice «buscado por genocidio» mientras protestan en apoyo al pueblo palestino frente a la embajada de EE UU en Yakarta, Indonesia, 17 de mayo de 2024. Foto: EFE/ EPA
¿Accederán los jueces a la petición del fiscal y dictarán órdenes de detención?
«Es raro que los jueces no confirmen una orden de detención», dice el abogado Johann Soufi. «Es el fiscal quien se encarga de las investigaciones. Desde el momento en que pide a la sala que dicte una orden de detención, es porque está convencido de que puede probar sus acusaciones. Desde su llegada a la jefatura de la Fiscalía, Karim Khan había exigido incluso a su equipo un nivel de prueba superior al exigido por el Estatuto de Roma, para evitar que los juicios acabaran en absoluciones».
En enero de 2024, la Fiscalía llegó a encargar a un grupo de ocho juristas independientes que verificaran si las pruebas reunidas eran lo suficientemente sólidas como para sustentar la acusación. «Estos juristas de renombre, como el juez Theodor Meron, gozan de una altísima credibilidad en la comunidad jurídica internacional», afirma Johann Soufi.
El informe se publicó al mismo tiempo que el anuncio del fiscal de la solicitud de emisión de las órdenes de detención.
«Juntos, nos hemos embarcado en un vasto proceso de examen de las pruebas y de análisis jurídico, incluso en la Corte Penal Internacional de La Haya», declaró el lunes la abogada y miembro del grupo, Amal Clooney, en un comunicado publicado en el sitio web de su ONG.
Los tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI —la rumana Iulia Motoc, la beninesa Reine Alapini-Gansou y la mexicana María del Socorro Flores Liera— examinarán ahora la solicitud antes de tomar una decisión.
Para Vladimir Putin se necesitaron tres semanas, pero sólo había una acusación. Ahora tenemos cinco acusados y un gran número de cargos, pero no creo que superemos los tres meses, afirma Soufi.
«No hay un plazo fijo, pero por regla general se tarda entre uno y dos meses», añade Emmanuel Daoud, abogado especializado en derecho internacional y habitual de la CPI. «Si los tres jueces quieren evitar verse sometidos a demasiada presión, les interesa dar su decisión con bastante rapidez».
¿Corre Netanyahu el riesgo de ser detenido?
Dado que Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI que rige su funcionamiento, el país no está obligado a cooperar con el tribunal. Tampoco lo está Estados Unidos, su principal aliado, que criticó abiertamente el anuncio del fiscal general Karim Khan.
La cuestión es más compleja para los países miembros de la CPI. Si sus jueces deciden dictar una orden de detención contra Netanyahu, cualquiera de los 124 Estados miembros del tribunal está, en teoría, obligado a detenerlo si visita su territorio.
Pero en la práctica, la CPI no dispone de fuerzas policiales para hacer cumplir sus órdenes, y depende de la buena voluntad de sus Estados miembros para ejecutar sus decisiones.
En un viaje a Sudáfrica en junio de 2015, el expresidente sudanés Omar al-Bashir no fue detenido, aunque pesara sobre él una orden de detención dictada en 2009 por «genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra» cometidos durante el conflicto de Darfur. En 2017, la CPI consideró que Sudáfrica «tenía el deber de detener a Omar al-Bashir» durante su visita a Johannesburgo.
¿Se ha debilitado su posición diplomática?
En cualquier caso, la emisión de una orden de detención contra Netanyahu restringiría seriamente su libertad de movimientos, puesto que ya no cuenta con el apoyo unánime ni siquiera dentro de su Gabinete de Guerra.
En julio de 2023, Putin, objeto de una orden de detención de la CPI por crímenes de guerra cometidos en Ucrania, canceló su viaje a Sudáfrica para asistir a la cumbre de los BRICS.
Las órdenes de detención no dejan de tener efecto al final de su mandato. Así que es una especie de espada de Damocles extremadamente pesada que pende sobre las cabezas de las personas afectadas, y tienes que vivir tu vida con ella, afirma Daoud.
También está la carga simbólica. Si los jueces de la CPI accedieran a la petición del fiscal general, Netanyahu se uniría a Putin, a Al-Bechir y Al difunto dictador libio Muamar al Gadafi en la desfavorable lista de objetivos del tribunal. «Existe también una dimensión simbólica muy fuerte que contribuirá a aislarlos en la escena política israelí y mundial. Por ejemplo, no veo al presidente Biden arriesgándose a que una foto le muestre estrechando la mano de una persona acusada oficialmente de crímenes de guerra por la CPI», concluye Soufi.
Este artículo fue adaptado de su original en francés.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional