El proceso electoral avanza en medio de todas las trabas y dificultades que intenta el régimen para impedir el triunfo electoral del candidato de la Unidad Edmundo González Urrutia. Un fraude continuado que por meses ha venido minando el proceso, pero que no podrá recortar el enorme apoyo que tiene González Urrutia junto a María Corina Machado. No le será fácil al régimen torcer la voluntad popular esta vez. Varias opciones estarían manejando: la suspensión o postergación de las elecciones declarando un disparatado “estado de excepción” para poder justificar, con la interpretación siempre perversa de la Constitución y las reglas, el asalto al poder y continuar el secuestro del país y de los venezolanos; o, simplemente completar el fraude, y robarse la elección con cifras inventadas elaboradas en el sometido CNE que nadie ni dentro ni fuera creerían, lo que traería como consecuencia peligrosas reacciones internas y por la comunidad internacional, que adoptaría medidas menos declarativas y más determinantes.
Si algo de inteligencia quedara en el oficialismo, el grupo en el poder aceptaría la derrota y pasaría, como se lo advirtió el brasileño Lula da Silva hace unos días, a ser una oposición en democracia, con las garantías que el candidato opositor les ha ofrecido: una transición pacífica y ordenada.
El oficialismo no juega ni ha jugado nunca limpio. Ha siempre torcido la realidad y la verdadera voluntad popular. Esta vez, insisto, le será muy difícil hacerlo por lo que la reiterada frase “ni por las buenas ni por las malas regresarán o gobernarán” quedaría en el baúl de los nefastos recuerdos del chavismo/madurismo, cuyos dirigentes habían apostado una vez sin éxito al fracaso de las primarias y a la división de la oposición.
Se producirá un cambio de gobierno y de sistema. Eso es el sentir de la inmensa mayoría de los venezolanos y ese cambio tiene que ser, además de pacífico, ordenado. Entraríamos a una fase en la que tendríamos que recurrir con inteligencia y ponderación a todas las herramientas para lograrlo. De allí la importancia de la justicia transicional, definida como “el conjunto de procesos y mecanismos relacionados con el intento de una sociedad de asumir el legado de violaciones y abusos pasados a gran escala para garantizar la rendición de cuentas, hacer justicia y lograr la reconciliación”, como lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas Kofi Anan, en su Informe sobre “el Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, en 2004.
No se trata de una receta. La experiencia muestra que todos los procesos en el mundo han sido distintos. Las realidades y las soluciones varían de una sociedad a otra. La crisis venezolana es particularmente compleja. No estamos ante una simple dictadura, sino ante un régimen que actúa al margen de la ley dentro y fuera. Y la solución deberá insertarse en un proceso igualmente complejo, lo que exige coincidencias políticas de todos los sectores, acuerdos y compromisos al más alto nivel.
Este enfoque facilita el cambio hacia la democracia y las libertades y hacia la reconstrucción del país y la reconciliación de los venezolanos de la manera menos traumática, como lo ha propuesto con humildad y decisión, expresión de una nueva forma de hacer política, el candidato González Urrutia en su mensaje electoral que refleja la buena voluntad de superar la forma de gobernar perversa, caracterizada por la confrontación, el odio, el rencor, la discriminación que ha llevado a cabo el chavismo madurismo desde 1999.
En el periodo poscrisis que se avecina no solo se buscará la verdad y se aplicará la justicia, considerando a las víctimas y a sus familiares, sino que tendrán su rehacerse las instituciones y ponerlas al servicio del Estado y de los venezolanos, lo que implica reformas legales y administrativas en todos los sectores, principalmente, en la justicia, ajustada al respeto pleno de los derechos humanos; en la economía, para hacer un país con posibilidades para todos; en la educación, para recuperar nuestros niveles y hacer, además, ciudadanos; en los órganos de policía y de seguridad, erradicando las prácticas odiosas de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes y en las fuerza armadas que deben velar estas últimas por la soberanía y la integridad y seguridad territoriales.
Tal como lo sugirieron Lula y Petro hace unos días, debemos lograr una transición apropiada, pacífica y ordenada, con visión de futuro para evitar que se repitan los hechos y las situaciones que nos han golpeado todos estos años en los que ha prevalecido la discriminación y la impunidad, en los que se han violado todos los derechos humanos de los venezolanos, se nos ha perseguido, simplemente por pensar y opinar distinto y por ejercer nuestro derecho a la protesta y rechazar las arbitrariedades y los atropellos de un régimen que ha hundido al país en la miseria.
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