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Aspectos políticos de la nueva Ley de Pensiones

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La aprobación en tiempo récord de la propuesta de nueva Ley de Pensiones que establece una carga fiscal del 15% a la nómina mensual de las empresas formales, puesto que la enorme y creciente informalidad laboral en Venezuela parece no ser un tema prioritario para el gobierno nacional, como una respuesta negativa a la densidad de normas de todo tipo para regular la economía.

En el mundo, el tema de la Seguridad Social es uno de los más polémicos y difíciles de resolver en una gran cantidad de países, incluso en aquellos donde funcionan de manera admirables, como serían los casos de los sistemas de bienestar de muchos países europeos, cuya preocupación es principalmente logran financiar de manera sostenidas dichas instituciones en el tiempo, que como conocemos muchos venezolanos, atienden incluso a sus connacionales en materia de salud y alimentación en otros países, lo cual no deja de ser sorprendente para quienes estamos padeciendo las arbitrariedades de los sistemas de Protección Social en Venezuela, que por su multiplicidad tan grande difiere en demasía en cuanto ministerios, gobernaciones, alcaldías e inclusive institutos autónomos con sistemas separados de sus entes de adscripción, por lo cual este tema es largo y delicado y solamente tratare de hacer breves pinceladas sobre el panorama actual donde se aplica dicha propuesta.

1-Universo de aplicación

En el futuro reglamento que desarrolle dicha ley debería existir algún tipo de organismo autónomo para la administración de estos 19,5 dólares estadounidenses mensuales por trabajador mínimo, que deben ser pagados al ente tributario nacional o Seniat, lo que me obliga a preguntarme si el Sector Público Nacional, cuyas nóminas fui mostrando de manera parcial en este espacio, piensan pagar igualmente su contribución o se van a hacer los desentendidos.

Recuerdo un ministerio con más de 700.000 trabajadores que tendría que pagar casi 15 millones de dólares mensuales o No Pagarán, así como otro Ministerio que declaró más de 4 millones de funcionarios, que derivan en mas de 80 millones de dólares estadounidenses mensuales, para no poner mas ejemplos, pero si seria interesante conocer la nomina de alcaldes y gobernadores de todo el país, para ver cuanto es el aporte mensual que piensan realizar o si pretenden que los empresarios asuman toda las carga y responsabilidad, como si Fedecámaras (ente empresarial), hubiera sido el administrador del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales desde su fundación el 9 de octubre de 1944, por lo cual está por cumplir 80 años.

En Venezuela, el mayor empleador con mucho es el sector público y por ello, no debe escapar de su responsabilidad financiera en este campo, como ha ocurrido con otras situaciones del pasado, en las que la facultad o costumbre de hecho, de muchos entes públicos de no pagar servicios de agua, electricidad, aseo urbano o pagar con  retraso, recordando un gobernador que retuvo las cotizaciones del Seguro Social durante años, llegando estos abusos a niveles exacerbados.

2- Participación sectorial en el proceso

A pesar de una tradición histórica de rechazo al consenso de sectores y a la discusión tripartita, por parte del gobierno nacional, la cual se da en casi todos los países democráticos para establecer estas normas fiscales, es sorprendente cómo esta ley se sacó en una semana, creando un peligroso precedente político de que el sector empresarial termine siendo el «chivo expiatorio» o responsable de todos los problemas estructurales de la economía y la sociedad en Venezuela y simplemente cambien el título y porcentaje de esta ley y la vuelvan a presentar para resolver todos los demás problemas bajo el argumento de la «cuota de sacrificio» del sector empresarial y como sobran problemas nacionales en educación, salud, infraestructura, defensa, entre otros tópicos, no sería para nada sorprendente que lloviera una carga de legislación tributaria sobre las empresas en nuestro país.

3- Administración de los recursos recaudados

Mientras el Seguro Social lucha por recaudar 4% de la nómina del salario mínimo de 130 bolívares mensuales por trabajador, el Seniat va por 15% de una nómina calculada en dólares estadounidenses, lo cual arroja la primera observación de por qué el dinero no va directamente a ser recaudado por la Seguridad Social, sino por otro ente.

En este sentido, el pago por trabajador debería reflejarse en las cuentas de los aportantes realizados en alguna forma, puesto que la empresa está realizando un enorme aporte social.

Calculando el número de trabajadores formales privados en 4 millones son al menos 80 millones de dólares estadounidenses, que se van a gastar en proyectos o políticas públicas aun por conocer y que deben ser desarrolladas con mucha precaución y transparencia, especialmente después del escándalo de Pdvsa y el manejo de criptoactivos que derivó en las denuncias de desviación de decenas de miles de millones de dólares estadounidenses.

Se hace imprescindible que las inversión a realizar con dichos recursos financieros, sean para proyectos de alcance universal a toda la población de la tercera edad y que tiene necesidades financieras inmediatas, especialmente en materia de salud personal, por lo cual la dotación de medicamentos y alimentos, son prioridades absolutas, que no deben convertirse en nuevos escándalos de corrupción con empresas de maletín, que terminan comprando productos vencidos, que no pueden ser rechazados o denunciados, porque se le pagó por adelantado la comisión al ministro respectivo.

La espantosa experiencia de la industria petrolera, que da para pensar que dicha situación se puede estar dando en casi todas las empresas públicas, genera las naturales dudas en cuanto al manejo y destino final de estos fondos.

4- Conclusiones

Esta nueva ley es peligrosa por la tentación de generar una masa de recursos financieros a un gobierno acostumbrado a funcionar sin controles o planes a largo plazo, lo que deriva en los escándalos financieros y denuncias de periodistas y expertos, que con los años terminan siendo validadas en órganos judiciales, como está realizando el Ministerio Público en la actualidad.

 

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