Al menos 2.700 personas privadas de libertad sobreviven en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO), mejor conocido como la cárcel de Santa Ana en el estado Táchira, quienes además del hambre y la desidia son presuntamente sometidos a crueles torturas, tanto en el área 1 como en el área 2, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
«La poca cantidad de alimentos, algunos en mal estado; la nula asistencia médica, los cobros que supuestamente son realizados por funcionarios del mismo recinto penitenciario para permitir visitas conyugales y pases de alimentos, y los problemas con servicios básicos como la falta de luz y agua, son solo algunos de los padecimientos por los que atraviesan los presos del CPO», afirmó en una nota de prensa.
Sin embargo, aseguró, que los privados de libertad saben que esta situación va en detrimento de sus derechos y algunos han alzado la voz para reclamar por ello, pero la única respuesta ha sido un severo castigo por parte de los directores de ambos recintos.
«Familiares de los privados de libertad de la cárcel de Santa Ana, en conversaciones con el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), relataron cómo exigir sus derechos puede ser una cruenta sentencia para el recluso. Es por ello que sus identidades serán resguardadas por temor a represalias».
Afirmaron que los presos del CPO 1 y 2 son sometidos a severos castigos y, aunque ya esta situación fue denunciada hace algún tiempo y ha sido negada, aseguran que existen cuartos que usan para torturar a los presos, los cuales son conocidos como “tigritos”.
«Una de estas habitaciones, que anteriormente era utilizada para la revisión de personas antes de su ingreso al penal, ahora es utilizada para encerrar a los presos en forma de castigo. Este espacio mide aproximadamente 2 metros de ancho por 3 de largo, no tiene ventanas para su correcta ventilación, solo una puerta de entrada y salida, tampoco hay luz y es totalmente oscuro, al punto de que los reclusos ni siquiera pueden verse las manos».
También hay una habitación que se encuentra fuera de los módulos, cuya temperatura es sumamente fría. Una vez que los reclusos son llevados a este sitio, son despojados de su vestimenta hasta quedar completamente desnudos, no reciben cobijas y ni siquiera una colchoneta para descansar durante la noche, aseguró el OVP.
«Otro “tigrito” se encuentra ubicado en el área de máxima seguridad del CPO, en donde los presos son aislados con frecuencia en espacios similares a los anteriormente descritos pero hacinados junto al menos 30 personas más».
Es importante destacar que los presos que son llevados a un “tigrito” no reciben agua ni alimentos durante al menos 24 horas. La poca comida que les suministran llega en mal estado y son sometidos a esta dantesca situación hasta por 15 días.
Según lo relatado al equipo del OVP, además del aislamiento que es una flagrante violación a sus derechos humanos, los presos también son sometidos a otros tipos de torturas.
Son presuntamente colgados en una reja con los brazos esposados hacia arriba, mientras sus pies no tocan el piso durante más de seis horas. Además, que ni se les ocurra mencionar que son sujetos de Derecho porque en ese caso los custodios supuestamente los golpean hasta el cansancio con una tabla donde tallaron la frase “derechos humanos”.
En otro orden de ideas, los familiares denunciaron que la lejanía del penal ocasiona que muchos no visiten a sus seres queridos. En la mayoría de los casos no tienen cómo costear los gastos del transporte, y es por ello que ni siquiera pueden constatar el estado de salud física y mental de los privados de libertad, quienes por lo general callan todos esos maltratos para no preocupar a la familia.
Sumado a todo esto, los familiares aseguran que desde el Ministerio de Servicio Penitenciario no los escuchan y avalan los maltratos en contra la población penitenciaria, los cuales presuntamente son cometidos en las narices de los mismos directivos.
El nuevo director del CPO 1, Oscar Briceño, fue trasladado desde el Internado Judicial Rodeo III, ubicado en el estado Miranda, desde dónde era acusado por maltrato y corrupción, tal como lo denunciamos desde OVP.
En ese sentido, no entendemos cómo un funcionario que tiene denuncias por ser violento en contra de los privados de libertad, de propiciar secuestros, motines e incluso resultar detenido por el desvío de alimentos, sigue dirigiendo un penal.
Sin derecho a redención de la pena por el trabajo y el estudio
Aunado a todas las calamidades que soportan a diario, los presos de la cárcel de Santa Ana tampoco tienen la oportunidad de participar en actividades educativas, deportivas o laborales para acceder a su legítimo derecho a redención de la pena por el trabajo y el estudio.
Como sucede en todas las cárceles del territorio nacional, los presos venezolanos son víctimas del ocio causado por el mismo sistema penitenciario que no ofrece oportunidades como, por ejemplo, bibliotecas y profesores para obtener títulos educativos, o talleres de artesanía, herrería, etc.
En este punto es importante destacar que las redenciones permiten incentivar la participación de los reclusos en programas de educación, trabajo y actividades de capacitación que contribuyan a su reintegración en la sociedad una vez que cumplan sus condenas.
Esto resulta esencial para reducir las tasas de reincidencia y fomentar una transición exitosa de la vida carcelaria a la vida en libertad. Además, otorgar redenciones a los presos es coherente con los principios de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, considerando que quienes han cometido delitos merecen oportunidades para reformarse y mejorar su situación.
Para concluir, es importante destacar que la persistencia de prácticas de tortura dentro de cualquier centro penitenciario representa una grave violación de los derechos humanos y un síntoma preocupante de la situación carcelaria en Venezuela.
En este contexto, el Observatorio Venezolano de Prisiones sostiene su firme postura para documentar y denunciar estos abusos, y garantizar que todas las personas privadas de libertad sean tratadas con respeto y humanidad, libres de cualquier forma de tortura o maltrato.
El OVP señaló que han informado sobre esta situación al Sistema Interamericano de Protección de los DDHH, al Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dr. Edgar Stuardo Ralón Orellana; al Sistema Universal de los DDHH: Misión de Determinación de los Hechos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Sr. Volker Türk; y a la Dra. Alice Jill Edwards, Relatora Especial de la ONU sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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