El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, presentó el lunes el informe anual sobre derechos humanos en el mundo, que acusó de nuevo a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Aseguró que el gobierno de Daniel Ortega «intenta presionar y castigar a los activistas exiliados confiscando sus bienes».
El gobierno de Nicaragua rechazó este martes como «infame» y como «nuevo atropello» a su soberanía un informe sobre derechos humanos elaborado por Estados Unidos, que acusó a Managua de abusos a opositores.
«Ese nuevo atropello y agresión es un infame documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que se atribuye un rol por nadie concedido de guardián de los derechos humanos en el mundo», dijo la vicepresidenta Rosario Murillo a medios oficialistas.
«Desconocemos absolutamente esta atribución que el imperio norteamericano se autoconcede y reiteramos nuestras justas acusaciones y denuncias sobre los gobiernos colonialistas y neocolonialistas de los Estados Unidos por todos los crímenes cometidos contra Nicaragua en distintos momentos de nuestra historia», agregó la esposa del presidente Ortega.
Son «calumnias y difamaciones», Nicaragua responde al informe
Murillo recordó que Washington sigue sin cumplir una sentencia de la Corte Internacional de justicia de La Haya, que en la década de 1980 ordenó a Estados Unidos indemnizar a Nicaragua por los daños ocasionados con el minado de puertos y el apoyo militar y financiero a los rebeldes derechistas de la «contra» que intentaron derrocar al gobierno sandinista que encabezaba Ortega.
«Respondemos a su lista de calumnias, difamaciones e infamias adjudicándoselas a ellos mismos», indicó Murillo.
Ortega volvió al poder en 2007 y ha sido reelegido sucesivamente en comicios cuestionados por Estados Unidos y la Unión Europea, que impusieron sanciones a Managua en 2018, cuando protestas opositoras derivaron en tres meses de bloqueos a rutas y choques con oficialistas que dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
El gobierno de Ortega asegura que enfrentó un intento de golpe de Estado promovido por Washington y la semana pasada, en el aniversario del inicio de las protestas, culpó a líderes opositores de provocar 198 fallecidos y 1.240 heridos, así como daños por 22.361,7 millones de dólares, entre otras afectaciones.
Decenas de opositores fueron encarcelados tras las protestas. En 2023 fueron excarcelados, expulsados del país y despojados de su nacionalidad y bienes 222 miembros de la oposición. El año pasado también fueron privadas de su nacionalidad otras 94 personas, entre políticos, abogados y activistas de derechos humanos.
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