Vista del embalse de San Rafael en La Calera, 14 km al noreste de Bogotá, tomada el 12 de marzo de 2024 / Foto AFP
9 millones de ciudadanos se han visto afectados por el racionamiento de agua en la capital colombiana. 70% del agua que alimenta la capital proviene del Sistema del Parque Nacional de Chingaza, cuyo caudal apenas alcanzaba a inicios de abril 17%, el punto más bajo que el embalse ha conocido en 4 décadas. La falta de lluvia y las altas temperaturas ocasionadas por el fenómeno de El Niño tienen de cabeza a las autoridades por el impacto político que tal desacomodo provoca en una población que está cansada ya de las ineficiencias del gobierno de Gustavo Petro.
La crisis hídrica es de un nivel tal que el alcalde de Bogotá se ha visto obligado a anunciar multas para aquellos hogares que no sean capaces de ajustarse a las cantidades establecidas y excedan el gasto prefijado del vital líquido. Desde el 11 de abril entraron en vigor medidas de restricción a la provisión de agua potable en Bogotá y los municipios colindantes. Se ha puesto en vigencia un cálculo que evidencia cuál es el mínimo vital de subsistencia de cada familia y, de acuerdo con el mismo, toda vivienda que consuma más de 22 metros cúbicos verá reflejada una penalización en su factura.
Casi todas las plantas hidroeléctricas del país se encuentran rondando niveles críticos –los embalses no llegan a contener 30% de su capacidad– hasta el punto de que Colombia tuvo que anunciar esta semana su incapacidad no solo de proveer al país de la energía requerida sino de continuar exportando energía a Ecuador, que se verá arrastrado igualmente a establecer un racionamiento energético.
El lamentable fenómeno que castiga a los colombianos le ha venido como anillo al dedo al presidente, empeñado como está en poner de relieve, y con grandes decibeles, el tema del destrozo ambiental global. Para él no es el fenómeno de El Niño el responsable de la sequía sino la crisis climática la que penaliza a Colombia. Esta desgracia colectiva lo ubica en posición de endosarle la responsabilidad de la sequía a los gobiernos que lo precedieron en lo que no le falta una buena dosis de razón. La realidad es que esta crisis podía haber sido evitada si con antelación se hubieran planificado las medidas de restricción que son imperativas en estos casos. Y lo cierto es que, con mayor o menor intensidad, esta situación se repite año a año en la geografía neogranadina. Lo sensato habría sido que, desde décadas atrás, cada gobierno hubiera planificado, lo conducente para contar con un sistema de distribución, de reciclaje y de utilización de aguas con características de eficiencia y educar a su población, desde una edad temprana, a economizar el recurso. No ha sido así. Hay que destacar que en los últimos 20 años más de 800 poblaciones han enfrentado crisis hídricas por el hecho de que los sistemas de acueductos que las alimentan han sido inutilizados por fenómenos naturales de todo tipo. De igual manera, es conocido desde hace varios lustros que una cuarta parte de la población tiene un acceso inadecuado al agua potable, lo que es mucho más pronunciado en las zonas rurales del país.
A esta hora les toca a los ciudadanos de la patria hermana enfrentar la escasez de agua, y posiblemente de electricidad, aun durante medio año. El consumo está desbordado. La actual administración distribuyó 86 millones de litros adicionales a lo consumido el año pasado, lo que equivale a las necesidades de una ciudad de medio millón de habitantes. Todo lo anterior es inadmisible para un país ubicado en una región caracterizada por las más copiosas lluvias del planeta cada año.
En esta ocasión la responsabilidad es del gobierno de Petro, no cabe duda, pero los anteriores no pueden esconder la arruga.
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