Luego del acto de promulgación (Ejecútese) de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, por parte del jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, a partir de un meritorio y elogiable trabajo de todas las comisiones de nuestro Parlamento que intervinieron, participaron y aportaron valiosas ideas para la concreción del mencionado instrumento normativo; acabamos de leer con estupefacción y captar e interpretar en su exacto sentido e intencionalidad las declaraciones dadas a la prensa internacional por parte del presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali.
Manifestaciones atrabiliarias, que no parecen las de una persona que tiene la función de dirigir los destinos de un país; por la cantidad de falacias y desvergüenzas que llevan incorporadas sus palabras, implícita y explícitamente.
Pretende torcer, con lo que dice, la realidad de un hecho histórico que desborda su capacidad analítica y que (sospechamos) domina escasamente el pensamiento crítico. Tal cual lo percibimos.
Entonces, con las inocultables características detectadas se ve obligado a apelar a mentiras indigeribles; como, por ejemplo, señalar que: “Venezuela busca apoderarse de las dos terceras partes del territorio de la República Cooperativa de Guyana”.
Así, además, en ese mismo tono acusa a nuestro país de ser irrespetuoso del Derecho Internacional; de desconocer las materias contempladas en la Carta de las Naciones Unidas; y nos somete al escarnio por la supuesta violación del Acuerdo de Argyle, suscrito bilateralmente, el 14 de diciembre del año pasado.
Cuando nos detenemos a tratar de entender esa ristra contra nosotros, consideramos que —tal vez— lo más protuberante y “lapidario” de lo que dijo el mandatario de la excolonia británica, fue que su gobierno no tolerará anexión, incautación u ocupación de ninguna parte de su geografía nacional.
En consecuencia, frente a tamaño ultraje nos vemos obligados a precisar —y poner en su sitio— esas enormes distorsiones.
Comencemos. Lo único que heredó Guyana del Reino Unido, una vez que alcanzó su independencia, el 26 de mayo de 1966, era lo que el Imperio Inglés había adquirido de los Países Bajos, en 1814, las colonias de Berbice y Demerara; mediante el conocido “Tratado Anglo-Holandés”, cuyo territorio (aunque indefinido) no alcanzaba ni 60.000 km2. Nada más, sin lugar a dudas; cuyo costado oeste llegaba (como obligantemente tenía que ser) hasta la mitad del río Esequibo.
Por tal motivo, lo instamos presidente Irfaan –conjuntamente con sus voceros principales que declaran para los medios internacionales— a revisitar la exacta documentación que registra y da cuenta de los mencionados acontecimientos; para que se evite inaceptables deslices, impropios a su investidura.
Agrego más. Debe saber el Dr. Ali (en su condición de egresado universitario, especializado en geografía e historia) que fue por intermedio de una tratativa perversa, cargada de añagaza jurídica, cómo se perpetró el vil arrebato que se le hizo a Venezuela de una séptima parte de nuestra extensión territorial; acto viciado, desde sus orígenes, y que se quiso “barnizar con legitimación astuta” sentenciando el denominado Laudo Arbitral de París, el 3 de octubre de 1899.
Oprobioso fallo que entraña el atropello que se nos causó, en colusión de los imperios de entonces; y que hemos arrastrado, por consiguiente.
Ese precitado adefesio jurídico comporta un documento nulo de nulidad absoluta que Venezuela nunca convalidó y menos ejecutó, en 1905, con la tramposa demarcación que han querido meter de contrabando en la Acción interpuesta contra nosotros en la Sala Jurisdicente.
Tan descarada y bochornosa resultó la decisión arbitral que tuvieron que suscribir y ratificar, el 17 de febrero de 1966, el Acuerdo de Ginebra, donde reconocen las tropelías cometidas; y a través de su contenido quedó rechazado e invalidado el “cacareado laudo”, que han intentado “revivir” como causa de pedir por ante la Corte Internacional de Justicia.
Ese laudo al no tener eficacia jurídica ni ser oponible a nada es un fraude legal con todas sus letras.
El Acuerdo de Ginebra es —en el presente— el único documento con pleno vigor jurídico donde se asienta esta controversia, que mandata la búsqueda de una solución” práctica y satisfactoria” para ambas partes, en un clima propicio de diálogo y pacífico de mutuo entendimiento entre los concernidos.
Míster Irfaan, lo invito a revisitar reflexiva e investigativamente el Acuerdo de Ginebra para que logre entender que en ninguna parte del escrito se le concede soberanía a su país sobre la extensión territorial que por años habíamos denominado “Zona en Reclamación”; y que a partir del 3 de abril de 2024 ha recibido la categoría de estado Guayana Esequiba.
Tampoco dejaremos pasar desapercibida la grosería que nos acaba de enrostrar su vicepresidente, Bharrat Jagdeo, cuando expresa que: “Venezuela busca la anexión por decreto de 5 regiones, bien demarcadas, que le corresponden al espacio territorial de Guyana, según la Constitución Nacional de 1980”.
Cabe una pregunta inmensamente interesante, para ambos funcionarios que circunstancialmente gobiernan allá, bajo la tutela —bien marcada— de las empresas transnacionales.
¿Cómo se llama y qué calificativo le damos al hecho deleznable que nos causaron hace más de cien años?
Dejamos en claro la debida advertencia que la restitución que alcanzamos con la promulgada Ley de Defensa de la Guayana Esequiba no irrumpe contra el noble pueblo guyanés que habita la zona; por el contrario, en el precitado instrumento normativo hay un capítulo especial para la asistencia integral de nuestros compatriotas que allí han vivido por años; y con quienes –desde ya— estamos estructurando un hermoso proceso de identidad nacional.
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